Reclamación de acceso a informe jurídico y respuesta a recurso administrativo contra el Ayuntamiento de Valdemorillo desestimada

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 17 de junio de 2025, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). La reclamante manifiesta que no ha recibido respuesta a su solicitud de acceso a la siguiente información pública presentada el día 10 de marzo ante el Ayuntamiento de Valdemorillo: «1. Se me proporcione el Informe Jurídico del Letrado Externo en los que se ha basado o fundamentando la Resolución recibida de fecha 29 de abril de 2025 (Expte. ) por el Derecho de acceso al Expediente Administrativo que como interesada tengo según el artículo 53. 1.a) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 2. Respuesta individualizada a mi Recurso de fecha 5 de febrero de 2025 por el derecho que tengo a una resolución motivada y congruente (art. 21 y 88 de la Ley 39/2015) y que la Administración está obligada a dictar de manera expresa para cada Recurso, lo que implica atender las cuestiones planteadas por cada recurrente, es decir, las alegaciones concretas (art. 88 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común), al entender que la respuesta conjunta de fecha 29 de abril de 2025 recibida del Ayuntamiento el 30 de abril vulnera este derecho». Junto a la reclamación, aporta el justificante de presentación de la solicitud de información. SEGUNDO. El 31 de julio de 2025 se envía a la reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Valdemorillo, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Mediante notificación de fecha 2 de octubre de 2025, se comunica a la reclamante que el Ayuntamiento de Valdemorillo no ha remitido informe y escrito de alegaciones, y se le confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 5 de octubre de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la reclamante en el que manifiesta que: «[…] SEGUNDO. - El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a toda persona física el derecho a acceder a la información pública. Asimismo, el artículo 4 de dicha Norma establece que tendrán la condición de interesados quienes promuevan el Procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, as. como quienes puedan resultar afectados por la Resolución que en el mismo se dicte. En el presente caso, mi interés legítimo se deriva directamente de mi condición de recurrente en el Procedimiento Administrativo controvertido, habiendo ejercido el Derecho de Recurso frente a un Acto Administrativo que incide directamente en el destino, gestión y ejecución del Presupuesto de una Junta de Compensación en la que participo, y respecto de la cual tengo la obligación de contribuir al cumplimiento de sus fines y compromisos económicos. […] TERCERO. - Asimismo, el Ayuntamiento de Valdemorillo no ha atendido el requerimiento efectuado por ese Consejo de Transparencia con fecha 31 de julio de 2025, para la remisión del correspondiente Informe y Alegaciones, incumpliendo con ello el deber de colaboración previsto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este incumplimiento no solo vulnera dicho deber legal, sino que además agrava la falta de transparencia y contribuye al bloqueo del Procedimiento de Garantía contemplado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. […]». CUARTO. Posteriormente el 17 de noviembre de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Valdemorillo en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: «[…] 1.- La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha en fecha 10.04.2025 ha adoptado, entre otros, el acuerdo que, hecha expresamente la salvedad o advertencia del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, se expresa a continuación por lo que respecta concretamente al asunto de su razón: “RESOLUCIÓN RECURSOS VECINOS URBANIZACIÓN PUENTELASIERRA ACERCA DE ESCRITO DE SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANIZACIONES, URBANISMO Y MOVILIDAD QUE HABÍA DIRIGIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN PUENTELASIERRA (Expte. )“ 2.- En fecha 30 de abril de 2025, con número con fecha y hora a disposición 30/04/2025 12:40h., se emite a Notificación sobre el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 10.04.2025, sobre la “RESOLUCIÓN RECURSOS VECINOS URBANIZACIÓN PUENTELASIERRA ACERCA DE ESCRITO DE SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANIZACIONES, URBANISMO Y MOVILIDAD QUE HABÍA DIRIGIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN PUENTELASIERRA”. (…)». QUINTO. Mediante notificación de fecha 21 de noviembre de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 29 de noviembre de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la reclamante en el que, en síntesis, manifiesta que: «(…) (…) Por otra parte, la documentación remitida por el Ayuntamiento el 17 de noviembre de 2025 se limita a: 1) Justificante de Confirmación; 2) Minuta 3) Oficio de Remisión (…). Ninguno de estos documentos: x Aporta la Resolución que el Ayuntamiento debe dictar para responder de forma individual y motivada al Recurso presentado por la reclamante; x Hace referencia alguna a la Solicitud de Acceso de fecha 10 de mayo de 2025; x Expone la causa legal de denegación conforme al artículo 20 de la Ley 19/2013 o al artículo 22 de la Ley 10/2019; x Cumple con la obligación de proporcionar una respuesta motivada, tal como exige el artículo 20.3 de la Ley 19/2013. x Contiene el Informe jurídico solicitado; En consecuencia, la documentación entregada es insuficiente e improcedente, evidenciando un incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y de Respuesta Efectiva del Ayuntamiento, así como la vulneración de los Derechos de Acceso a la Información y de Tutela Administrativa de quien suscribe, como reclamante. (…)». FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. Según dispone el artículo 4.2. d) del Decreto 90/2025, de 19 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de este Consejo, corresponde a su Presidente resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del citado artículo 77.1 a). SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». En el presente caso, la controversia se circunscribe a determinar si la información solicitada es o no es información pública. La solicitud de la que trae causa este procedimiento se refiere a las siguientes peticiones: «1. Se me proporcione el Informe Jurídico del Letrado Externo en los que se ha basado o fundamentando la Resolución recibida de fecha 29 de abril de 2025 (Expte. ) por el Derecho de acceso al Expediente Administrativo que como interesada tengo según el artículo 53. 1.a) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 2. Respuesta individualizada a mi Recurso de fecha 5 de febrero de 2025 por el derecho que tengo a una resolución motivada y congruente (art. 21 y 88 de la Ley 39/2015) (…)». Este Consejo considera que la información solicitada en la segunda petición relativa a la respuesta individualizada de un recurso administrativo, no es subsumible en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM, ya que dicha solicitud no procura obtener datos o información a disposición de la administración, sino una actuación administrativa. Atender esta petición exige desplegar una actuación administrativa distinta de la mera facilitación de datos e informaciones que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados por esta en el ejercicio de sus funciones [artículo 5.b) LTPCM]. El derecho de acceso a la información pública no es el instrumento adecuado para formular y obtener contestación a este tipo de peticiones, que exigirían elaborar respuestas específicamente dirigidas a atender inquietudes particulares del interesado. La tramitación de este tipo de peticiones requiere de una actuación administrativa que excede de la mera facilitación de datos e informaciones que obren en poder de la administración por haber sido elaborados, adquiridos o conservados por esta en el ejercicio de sus funciones, sino que precisa de actuaciones materiales de revisión, el análisis de dudas concretas y la elaboración de informes singularizados para el interesado. En relación a la primera petición, relativa al informe jurídico del letrado externo en los que se ha basado o fundamentando la resolución recibida de fecha 29 de abril de 2025, cabe señalar lo siguiente. La reclamante en su solicitud de acceso, afirma que dicha resolución fue firmada el 29 de abril de 2025 por el Alcalde y por el Secretario del Ayuntamiento de Valdemorillo, dando respuesta a diversos recursos presentados por varios vecinos de la Urbanización Puentelasierra en impugnación, del escrito de fecha 21 de enero de 2025 que había sido remitido por el Concejal Delegado de Urbanizaciones, Urbanismo y Movilidad a la Junta de Compensación de dicha Urbanización, recogiendo diversas consideraciones que esta entidad debía tener en cuenta para la elaboración de sus presupuestos a fin, principalmente, de evitar recoger gastos que no correspondiesen con las competencias y con la naturaleza de esta Entidad Urbanística Colaboradora (en adelante, EUC). En la Resolución remitida por el Ayuntamiento de Valdemorillo a los recurrentes y denominada como: «resolución recursos vecinos urbanización Puentelasierra acerca de escrito de Sr. concejal delegado de urbanizaciones, urbanismo y movilidad que había dirigido a la junta de compensación Puentelasierra (expte. )» se hace referencia en distintas ocasiones al letrado externo, sirva de ejemplo: «visto lo informado por el Letrado Externo de este Ayuntamiento acerca de este asunto-de referencia en el expediente (…)», así como «visto lo informado en relación con dichos recursos por el citado Letrado externo de este Ayuntamiento, en el sentido, en resumen, de que entiende que se debería acordar la inadmisibilidad de los recursos de referencia por inexistencia de acto susceptible de impugnación(…)». De dichas afirmaciones la reclamante, entiende que existe un informe jurídico de este Letrado Externo, que facilitó al Ayuntamiento y que fue base jurídica fundamental de la resolución adoptada por el alcalde y el secretario del Ayuntamiento para desestimar los recursos. Este Consejo desconoce si existe dicho informe jurídico ya que el Ayuntamiento de Valdemorillo no ha contribuido a la aclaración del objeto de la reclamación, no remitiendo informe en el trámite de audiencia concedido ni presentado alegaciones al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, considera que la petición de un informe jurídico es subsumible en el concepto de información pública de conformidad con el artículo 5 b) LTCM, en cuanto que, de existir, se trata de un documento en posesión del Ayuntamiento de Valdemorillo, en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de ser subsumible en el concepto de información pública, corresponde valorar si concurre alguna de las limitaciones que pudieran condicionar el acceso al mismo. CUARTO. - La reclamante afirma que solicita el informe jurídico «por el Derecho de acceso al Expediente Administrativo que como interesada tengo según el artículo 53. 1.a) de la Ley39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)». Las circunstancias reseñadas son, a juicio de este Consejo, determinantes de considerar si resultaría de aplicación el apartado primero de la disposición adicional primera de la LTPCM, que establece lo siguiente: «Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso. 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.» En aplicación de la disposición transcrita y teniendo en cuenta los antecedentes que obran en el expediente, este Consejo concluye que procede desestimar la reclamación, ya que la solicitud de la que trae causa este procedimiento interesa el acceso a un informe jurídico que de haber sido elaborado forma parte de la documentación de un procedimiento administrativo en curso (pues consta que tanto la solicitud como la reclamación fueron formuladas antes de que el acto resolutorio respecto del que se interesa el acceso al expediente adquiriese firmeza y, por tanto, tenía a su disposición el sistema de recursos administrativos previstos en el Título V de la Ley 39/2015 así como la vía jurisdiccional contencioso-administrativa). Además, la reclamante ostenta la condición de interesada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) LPAC en la medida en que promueve como titular del derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. De conformidad con lo establecido la disposición adicional primera de la LTPCM, el derecho a acceder a los documentos que conforman el expediente de un procedimiento administrativo en curso en el que el solicitante de la información ostenta la condición de interesado queda fuera del ámbito del derecho de acceso a la información regulado en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) y en la Ley 10/2019. Por ello resulta de aplicación, con carácter general, el artículo 53.1.a) LPAC, que prevé que los interesados en un procedimiento administrativo «tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos». Por último, este Consejo considera necesario aclarar que la reclamación prevista en el artículo 47 LTPCM, no es el cauce adecuado para resolver los conflictos existentes entre la Asociación de Propietarios de Puentelasierra Junta de Compensación y la reclamante, derivados de cuestiones ajenas a las funciones de la Asociación sujetas a derecho administrativo. De acuerdo con el artículo 5 letra c) LTPCM, el derecho de acceso a la información pública se define como “(…) derecho subjetivo de carácter universal, que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información veraz que obre en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título, sin más requisitos y condiciones que los establecidos en la legislación vigente”. Se recuerda ahora porque las numerosas y reiteradas reclamaciones que la interesada ha presentado ante este Consejo, y que traen causa de solicitudes que no atienden a esta noción, podrían ser entendidas como abuso del derecho ajeno a la buena fe, pues, bajo la apariencia del ejercicio de un derecho legítimo, se pretende obtener de la administración pública determinadas actuaciones que distan del verdadero contenido y finalidad del derecho. Por ello, respetuosamente, se le exhorta a ejercer el derecho de acceso de la información pública, en el futuro, de acuerdo a su verdadero contenido y finalidad legales. De otro modo, este Consejo no tendrá otra opción que inadmitir todas aquellas reclamaciones que traigan causa de solicitudes no encuadrables en el derecho de acceso a información pública o que presenten un carácter abusivo, por no tener cabida en las leyes de transparencia. En conclusión, a juicio de este Consejo, la reclamación debe ser desestimada en todas sus peticiones. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por . Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.