Reclamación contra la inadmisión de solicitud de relación de expedientes de valoración del Servicio de Orientación e Integración Sociolaboral

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 23 de mayo de 2025 tuvo entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la Resolución de la Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, de 8 de mayo de 2025 (expediente: ), por la que se inadmitió su solicitud de información con el siguiente objeto: «Relación completa y anonimizada de expedientes correspondientes al año 2023 del procedimiento de valoración en el Servicio de Orientación e Integración Sociolaboral para personas con discapacidad, indicando para cada expediente, como mínimo, la fecha de registro de la solicitud en el sistema (registro administrativo) y la fecha de citación para entrevista en el Centro Base correspondiente» SEGUNDO. El 10 de junio de 2025 se envía al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, se remita un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y se formulen las alegaciones que se consideren oportunas. TERCERO. En respuesta al requerimiento referido en el antecedente de hecho anterior, tuvo entrada el informe de alegaciones de la Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, de 13 de junio de 2025, en el que, en síntesis, justifica la inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública considerada en los siguientes términos: «La solicitud requiere la extracción individualizada de datos de centenares de expedientes administrativos, que no se encuentran organizados ni estructurados en una base de datos que permita su tratamiento automatizado. La información solicitada no está disponible de forma directa ni consolidada, y su obtención implicaría: · La consulta manual de cada expediente. · La extracción y tratamiento específico de datos no disponibles de forma automatizada. · La creación de un documento nuevo que no existe en los sistemas de información actuales. Por tanto, concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, que permite denegar solicitudes que requieran una acción previa de reelaboración.» Asimismo, el citado informe de alegaciones sostiene que el hecho de que existan obligaciones de publicidad activa sobre indicadores de calidad de los servicios públicos prestados por dicha administración, «no implica necesariamente la disponibilidad de todos los datos desagregados que sirvan de base a los indicadores estadísticos». Por otra parte, también se manifiesta en el citado informe que, «[a]unque la solicitud se refiere a datos anonimizados, la manipulación individualizada de expedientes conlleva riesgos de reidentificación y tratamiento de datos personales, lo que exige una evaluación adicional conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018». Finalmente, en atención a las consideraciones anteriores, el órgano informante propone que se desestime la reclamación y se reconozca la conformidad a derecho de la Resolución de la Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, de 8 de mayo de 2025 (expediente: ). CUARTO. El 25 de junio de 2025 se dio traslado de las alegaciones del órgano informante al reclamante y se confirió un trámite de audiencia al amparo de lo previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 26 de junio de 2025 tuvo entrada el escrito de alegaciones del reclamante en el que, en esencia, rechaza las alegaciones de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, manifiesta su desacuerdo con la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y solicita lo siguiente: «[…] que se tengan por presentadas estas alegaciones y, en su virtud: 1. Se estime la reclamación formulada por esta parte en el expediente 306/2025 CTPD, presentada por doble vía: (i) como reclamación en materia de acceso a la información pública, (ii) y como reclamación por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas por ley. 2. Se declare que no concurre causa de inadmisión conforme al artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. 3. Se reconozca el derecho de acceso del reclamante a la información solicitada, conforme al artículo 13 de la Ley 19/2013 y al artículo 40 de la Ley 10/2019, por tratarse de datos obrantes en poder de la Administración y disponibles mediante tratamiento informatizado de uso corriente. 4. Se declare que la información solicitada —por constituir la base de indicadores estadísticos publicados— forma parte de los deberes de publicidad activa establecidos en los artículos 17 y 27 de la Ley 10/2019, y que su denegación podría vulnerar el principio de veracidad previsto en su artículo 6.c). 5. Se requiera a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad a que facilite la información en los términos solicitados, esto es: una relación completa y anonimizada de los expedientes del año 2023 del procedimiento de valoración del Servicio de Orientación e Integración Sociolaboral, indicando para cada expediente: • La fecha de registro de la solicitud en el sistema (registro administrativo), y • La fecha de citación para entrevista en el Centro Base correspondiente.» FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». CUARTO. La presente reclamación se dirige frente a la Resolución de la Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, de 8 de mayo de 2025 (expediente: ), por la que se inadmite la solicitud reseñada en el antecedente de hecho primero. Con carácter previo, procede analizar la pretensión del interesado consistente en considerar su reclamación desde una doble perspectiva, a saber, como reclamación en materia de acceso a la información pública y como reclamación en materia de publicidad activa. No obstante, este Consejo considera que el examen de la presente reclamación debe realizarse exclusivamente desde la óptica del derecho de acceso a la información pública, en el marco de la competencia atribuida a este órgano por el artículo 77.1.a) LTPCM y, en consecuencia, debe rechazarse su consideración simultánea como reclamación en materia de publicidad activa. Esta conclusión se apoya en dos fundamentos principales. En primer lugar, se constata que la reclamación se dirige contra la Resolución de la Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, de 8 de mayo de 2025 (expediente ), dictada en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, por lo que es evidente que el objeto de la reclamación es la impugnación de un acto administrativo dictado en respuesta a una solicitud por la que el interesado ejerció su derecho de acceso a la información pública En segundo lugar, se aprecia que la información solicitada —referida a las fechas de registro de la solicitud y de citación para entrevista en los Centros Base— no se encuentra incluida entre las obligaciones de publicidad activa establecidas por la Ley 10/2019. Ello no obsta a que, como sugiere el reclamante, dicha información pudiera haberse empleado para elaborar indicadores de calidad sujetos a obligaciones de publicidad activa conforme al artículo 17 LTPCM. Sin embargo, el objeto de la reclamación no se centra en la publicación de dichos indicadores —que, como reconoce el propio reclamante, ya han sido difundidos por el órgano competente—, sino en la obtención de determinada información que, a su juicio, habría servido de base para su elaboración. QUINTO. Sentadas las consideraciones anteriores, procede evaluar la decisión administrativa por la que se inadmitió la solicitud de información reseñada en el antecedente de hecho primero en aplicación de la causa prevista en el artículo 18.1.c) LTAIPBG. El art. 18.1.c) LTAIPBG pivota sobre el concepto de «reelaboración», que, como señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en su Criterio Interpretativo 7/2015 1, citando a la Real Academia Española, dicho término alude a la acción de «volver a elaborar algo», siendo esta circunstancia exigible en todo caso para entender aplicable este supuesto de inadmisión. Por otra parte, el citado Criterio Interpretativo señala que no cabe equiparar el concepto de «reelaboración» con la mera agregación o suma de datos, o como la realización de cualquier mínimo tratamiento de los mismos. Sentada esta premisa inicial, en el citado Criterio Interpretativo 007/2015 se señalan los siguientes supuestos en los que cabría apreciar que la solicitud que se considere exigiría realizar una acción de reelaboración: a) aquellos en los que la información solicitada, aun «perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud», debe «elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información»; b) aquellos en los que el «organismo o entidad que reciba la solicitud carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible en consecuencia proporcionar la información solicitada»; y c) por último, aquellos «en los que la Administración, teniendo solamente la información en un determinado formato, ésta no sea reutilizable en los términos que señale la Ley, debiendo en este caso ofrecerse la información en los formatos existentes». En el presente caso, la resolución impugnada puso de manifiesto «que la información solicitada relativa a la tramitación [de los expedientes de valoración en el Servicio de Orientación e Integración Sociolaboral para personas con discapacidad] no está automatizada y precisaría una elaboración de datos que conllevaría la consulta individual de cada expediente». Asimismo, en su informe de alegaciones, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad expone que «la solicitud [considerada] requiere la extracción individualizada de datos de centenares de expedientes administrativos, que no se encuentran organizados ni estructurados en una base de datos que permita su tratamiento automatizado». Además, el citado informe añade que «[l]a información solicitada no está disponible de forma directa ni consolidada, y su obtención implicaría la consulta manual de cada expediente, [l]a extracción y tratamiento específico de datos no disponibles de forma automatizada [y] [l]a creación de un documento nuevo que no existe en los sistemas de información actuales». Atendiendo a lo expuesto, este Consejo estima que la solicitud de la que trae causa esta reclamación requiere efectuar un tratamiento de la información que no está amparado por la Ley 19/2013. En particular, se considera que dicha solicitud exige realizar una labor de procesamiento de la información de magnitudes considerables que sería encuadrable en el supuesto descrito en el inciso a) extractado más arriba a partir de las apreciaciones recogidas en el Criterio Interpretativo 007/2015 del CTBG. En consecuencia, se concluye que la actividad necesaria para atender la solicitud de la que trae causa esta reclamación constituye una acción de reelaboración de la información a disposición de la administración destinataria de la solicitud, lo que justifica aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIPBG. En conclusión, a juicio de este Consejo, la reclamación debe ser desestimada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1 LTPCM en relación con la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIPBG. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas Disponible en: https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal- ctbg/publicaciones/criterios- interpretativos/C7_2015_CausasInadmisionPeticion_Dinformacion_Censurado.pdf RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.