Reclamación por silencio administrativo ante el Ayuntamiento de Alpedrete sobre contratos menores y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 19 de abril de 2025, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta que no ha recibido respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada el día 2 de marzo de 2025 ante el Ayuntamiento de Alpedrete, por la que solicitaba acceso a la siguiente información: «SOLICITO: a la Intervención Municipal del ayuntamiento de Alpedrete la revisión de los contratos menores adjudicados por el ayuntamiento de Alpedrete en los siguientes supuestos: 1. Revisión y fiscalización de los expedientes de contratación de los contratos menores mencionados, incluyendo los informes justificativos de necesidad, la motivación de la elección del procedimiento y los documentos que acrediten que no existe un fraccionamiento indebido. 2. Aclaración formal y por escrito sobre la legalidad de dichas adjudicaciones, indicando si cumplen con la LCSP y los principios de transparencia, concurrencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 3. Examen de los otros contratos menores adjudicados en los últimos meses para verificar si se han producido prácticas similares y, en su caso, establecer medidas correctoras. 4. Justificación de la idoneidad de los adjudicatarios, incluyendo su capacidad técnica y solvencia en los casos de contratos adjudicados a empresas creadas poco antes de la adjudicación de un contrato menor y cuyo objeto social difiere del objeto del contrato. 5. La publicación de todos los expedientes de contratación de los últimos cinco años, conforme se establece en el artículo 63 de la LCSP.». Junto a la reclamación, aporta el justificante de presentación de la solicitud de información. SEGUNDO. El 29 de abril de 2025 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Alpedrete, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Según ha quedado acreditado en el expediente, el trámite de audiencia fue notificado el 29 de abril de 2024 sin que conste que haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. CUARTO. Con fecha 1 de agosto de 2025, el interesado presenta escrito en el que solicita al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que transcurrido el plazo de los tres meses previsto en el artículo 24 Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso de Información y Buen Gobierno, que dicte resolución expresa de la reclamación 240/2025 CTPD. QUINTO. Mediante notificación de fecha 5 de agosto de 2025, se le informa de que el Ayuntamiento de Alpedrete no ha remitido el informe y escrito de alegaciones requeridos y se le confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 16 de agosto de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del reclamante en el que, a su vez solicita copia copia de comunicaciones y requerimientos remitidos al Ayuntamiento de Alpedrete por este Consejo. En síntesis, manifiesta lo siguiente: «(…) SÉPTIMO. Que la conducta del Ayuntamiento de Alpedrete en el presente expediente no es un hecho aislado. Como este Consejo puede comprobar, la misma actitud obstativa y de silencio administrativo se repite de forma sistemática en numerosos expedientes instados por mi parte, como es conocido por el propio Consejo (…). (…) NOVENO. Que, para poder ejercer mi derecho a la alegación de forma efectiva (art. 82 LPAC), resulta indispensable tener acceso a la totalidad de los documentos del expediente, derecho amparado en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 (LPAC). DÉCIMO. Que, por tanto, el plazo para formular alegaciones no puede transcurrir de forma efectiva hasta que se me facilite la copia del expediente, pues de lo contrario se produciría una clara situación de indefensión. DÉCIMO PRIMERO. Que, no obstante, todo lo anterior y por un principio de prudencia, y para el improbable supuesto de que no se acuerde la suspensión del plazo, se formulan las alegaciones contenidas en este escrito con carácter subsidiario. (…) A) PETICIONES PRINCIPALES: I. SOLICITO que se me dé vista y se me facilite copia íntegra del expediente incluyendo todas las comunicaciones habidas por el Consejo con el Ayuntamiento de Alpedrete. II. SOLICITO que se acuerde la suspensión del plazo para formular alegaciones hasta que se me haya entregado la copia del expediente. B) ALEGACIONES (Formuladas con carácter subsidiario y ad cautelam) PRIMERA. Me reafirmo y ratifico íntegramente en mi escrito de solicitud presentado ante el Ayuntamiento de Alpedrete de 2 de marzo de 2025, y la reclamación presentada ante el CTPDCM con fecha 19 de abril de 2025, y solicitud de 1 de agosto de 2025. El silencio del Ayuntamiento, que como se ha expuesto es reiterado y sistemático, constituye la máxima prueba de la falta de justificación de su actuar y de la procedencia de mi reclamación, siendo esta conducta susceptible de ser calificada como infracción grave. La falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Alpedrete a los requerimientos de este Consejo constituye un hecho de especial relevancia. Esta inactividad no solo impide desvirtuar los argumentos de mi reclamación, sino que, por el contrario, refuerza la presunción de veracidad de los hechos reclamados y evidencia una clara falta de la debida diligencia y del deber de colaboración con este órgano de control, principios fundamentales en el actuar de toda Administración Pública. El silencio de la administración reclamada no debe ser interpretado como un mero trámite fallido, sino como la renuncia a del derecho del Ayuntamiento a defender una postura contraria a la del reclamante. Por tanto, ante la ausencia total de justificación o motivación por parte del Ayuntamiento, debe concluirse que la pretensión que ampara mi reclamación es plenamente conforme a Derecho, manifestando que estas alegaciones son necesariamente incompletas por no haber tenido acceso al expediente. (…)». SEXTO. Consta en el expediente que, con fecha de 20 de septiembre de 2025, el reclamante presenta ante este Consejo, otro escrito en el que manifiesta lo siguiente: «(…) I. OBJETO. Que, en relación con el expediente 240/2025 que tramita este Consejo, derivado de mi reclamación por silencio administrativo ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alpedrete a mi solicitud de acceso a información pública presentada el 2 de marzo de 2025, a la vista de la respuesta extemporánea del Ayuntamiento de Alpedrete de fecha 19/09/2025, y de las comunicaciones oficiales recibidas de la OIReScon y del Ministerio Fiscal, manifiesto lo siguiente: (…) La comunicación del Ayuntamiento de Alpedrete no solo confirma su incumplimiento inicial del deber de resolver en plazo, sino que constituye en sí misma una vulneración flagrante de los principios y derechos consagrados en la LTBG, por los siguientes motivos que se someten a la consideración de este Consejo: (…) ii. Falta de Motivación y Denegación Injustificada: La respuesta municipal se limita a denegar el acceso sin una justificación concreta, omitiendo la ponderación obligatoria entre el interés público en la divulgación y cualquier posible perjuicio, tal como exige el artículo 14.3 de la LTBG. Las causas de inadmisión o limitación son tasadas (arts. 14 y 15 LTBG) y deben justificarse caso por caso. Aquí, se invoca genéricamente el "abuso de derecho" y la interferencia en el funcionamiento administrativo, sin acreditar hechos concretos ni pondera. Esta omisión es nula de pleno derecho, conforme a la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. En particular, la STS de 21 de mayo de 2020 (STS 2731/2018) recuerda que toda denegación de acceso a información pública debe estar motivada de manera concreta y suficiente, con una ponderación individualizada de los límites alegados frente al interés público en la divulgación. La motivación no puede ser genérica ni estereotipada; debe referirse al caso concreto y explicar por qué, en ese supuesto, prevalece el límite sobre el derecho de acceso. La información solicitada (expedientes de contratos menores, informes de intervención, reparos suspensivos, decretos de alcaldía, información presupuestaria y ejecución del presupuesto) es de publicidad activa obligatoria (arts. 8 y 13 LTBG; art. 63.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público - LCSP) y no concurre límite alguno (ej. seguridad nacional, investigación de delitos o derechos fundamentales no protegibles por disociación - art. 15.4 LTBG). El derecho de acceso es subjetivo y de interés público (art. 12 LTBG), especialmente en contratación pública con posibles irregularidades (fraccionamiento indebido, recurrencia de prestaciones), como he documentado. (…)». El reclamante aporta como anexo primero de este escrito el oficio del Ayuntamiento de Alpedrete de 19/09/2025. SÉPTIMO. Con fecha 17 de noviembre de 2025, el reclamante presenta escrito ante este Consejo, en el que reitera su petición de que se dicte resolución por este Consejo de la reclamación 240/2025 CTPD. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». En el presente caso, la controversia se circunscribe a determinar si la información solicitada es o no es información pública. La solicitud de la que trae causa este procedimiento se refiere a las siguientes peticiones: «1.la revisión y fiscalización de los expedientes de contratación de los contratos menores mencionados, incluyendo los informes justificativos de necesidad, la motivación de la elección del procedimiento y los documentos que acrediten que no existe un fraccionamiento indebido. 2. Aclaración formal y por escrito sobre la legalidad de dichas adjudicaciones, indicando si cumplen con la LCSP y los principios de transparencia, concurrencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 3. Examen de los otros contratos menores adjudicados en los últimos meses para verificar si se han producido prácticas similares y, en su caso, establecer medidas correctoras. 4. Justificación de la idoneidad de los adjudicatarios, incluyendo su capacidad técnica y solvencia en los casos de contratos adjudicados a empresas creadas poco antes de la adjudicación de un contrato menor y cuyo objeto social difiere del objeto del contrato. y 5. La publicación de todos los expedientes de contratación de los últimos cinco años, conforme se establece en el artículo 63 de la LCSP.». Este Consejo considera que la información solicitada tanto en la primera petición relativa a la revisión y fiscalización de los expedientes de contratación mencionados, con en la segunda, tercera y cuarta petición, no es subsumible en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM, ya que dicha solicitud no procura obtener datos o información a disposición de la administración, sino explicaciones y aclaraciones concretas sobre la aplicación de la normativa en materia de contratación. Atender estas peticiones exige desplegar una actuación administrativa distinta de la mera facilitación de datos e informaciones que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados por esta en el ejercicio de sus funciones [artículo 5.b) LTPCM]. El derecho de acceso a la información pública no es el instrumento adecuado para formular y obtener contestación a este tipo de consultas, que exigirían elaborar respuestas específicamente dirigidas a atender inquietudes particulares del interesado. La tramitación de este tipo de peticiones requiere de una actuación administrativa que excede de la mera facilitación de datos e informaciones que obren en poder de la administración por haber sido elaborados, adquiridos o conservados por esta en el ejercicio de sus funciones, sino que precisa de actuaciones materiales de revisión, el análisis de dudas concretas y la elaboración de informes singularizados para el interesado. CUARTO. En relación a la quinta petición de información del interesado relativa a la publicación de los expedientes de contratación de los últimos cinco años de acuerdo con los dispuesto en el artículo 63 de la LCSP, es conveniente señalar lo siguiente. La transparencia, aplicable de forma general a la actividad administrativa, cobra especial importancia en el ámbito de la contratación pública. Los contratos realizados por la Administración pública se encuentran regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), que establece en su artículo 154 la necesidad de publicación de los contratos una vez han sido formalizados. Este artículo remite en relación a los contratos menores al artículo 63.4 LCSP que establece el contenido mínimo que debe ser publicada en relación con los contratos menores El artículo 22.1 LTPCM en la letra c) contempla la información que en relación a los contratos menores es objeto de publicidad activa: «Información de los contratos menores formalizados, trimestralmente, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Se especificará también el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de contratos formalizados». En relación a esta petición, es necesario referir que, en relación con el incumplimiento de los deberes de publicidad activa por parte del Ayuntamiento de Alpedrete, el reclamante podría presentar ante este Consejo una reclamación en materia de publicidad activa, no siendo una reclamación en materia de acceso a la información pública contemplada en el artículo 47 LTPCM la vía adecuada para llevar a cabo dicha pretensión. Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo tiene constancia de que el interesado ha presentado con fecha de 21 de octubre de 2025 una reclamación de publicidad activa con número de expediente 8/2025 CTPD-PA en las que entre otras cuestiones reclama la publicación completa y actualizada de todos los expedientes de contratos menores de los últimos cinco años al Ayuntamiento de Alpedrete. Dicha reclamación de publicidad está siendo tramitada por este Consejo y será resuelta por el mismo siguiendo con los trámites legalmente establecidos. QUINTO. En atención a la solicitud de información presentada por el interesado con fecha de 16 de agosto de 2025, junto a sus alegaciones, es necesario apuntar lo siguiente. Qué en su escrito de alegaciones, solicitaba a su vez la copia de las comunicaciones y requerimientos remitidos al Ayuntamiento de Alpedrete por este Consejo en relación con el expediente de reclamación 240/2025 CTPD. En este sentido, ha de señalarse que en la tramitación de la reclamación se han seguido los trámites legalmente establecidos para el procedimiento. Consta en el expediente que se ha notificado al interesado el trámite de audiencia en el que se le informaba expresamente que el Ayuntamiento de Alpedrete no había remitido el informe y escrito de alegaciones requeridos mediante notificación efectuada el 29 de abril de 2025. Dicho requerimiento fue la única comunicación que este Consejo realizó al Ayuntamiento de Alpedrete, de la cual dejó constancia al interesado en su trámite de audiencia. En conclusión, este Consejo considera que debe desestimarse la reclamación del interesado en todas sus peticiones, dado que el objeto de la misma no se subsume en la noción de información pública en los términos del artículo 5.b) LTPCM En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por , por no estar el objeto de la reclamación incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 5 b) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.