Reclamación por denegación de acceso a estudios de movilidad de reurbanización en Madrid desestimada por información en curso de elaboración

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 29 de marzo de 2025, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la resolución de fecha 26 de marzo de 2025, dictada por la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, por la que se inadmite su solicitud de acceso a la siguiente información pública: «Los estudios o informes de movilidad y afectación al tráfico que se han realizado para los proyectos de reurbanización de Tirso de Molina y su entorno, así como de el de reurbanización de Jacinto Benavente y su entorno, toda vez que en la reunión del pasado 21 de febrero el Director General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, nos informó de dos actuaciones de mejora de la plaza de jacinto Benavente: traslado de dársena de autobuses l a la calle Conde de Romanones y supresión del acceso al aparcamiento de Jacinto Benavente desde la calle Atocha. Entiendo que se ha realizado un estudio de movilidad(tráfico) que avale estás actuaciones, pero me cuesta creer que el resultado sea positivo . Creo que las consecuencias de esta decisión pueden ser catastróficas para la circulación en el barrio. Recordemos que Concepción Jerónima, Conde de Romanones , y Doctor Cortezo son vías de un solo carril, lo que significa que cualquier situación que interfiera en el flujo producirá el correspondiente tapón y atasco, añadido a qué dado que forman un circuito cerrado en torno a estas calles se convertirá en un bloqueo en la circulación. Añadir a los autobuses por Conde de Romanones el flujo de vehículos permanente en dirección al aparcamiento proveniente de la calle Atocha puede dar como resultado un aumento del tráfico, contaminación sonora y ambiental insoportable para los que vivimos o desarrollamos nuestra labor profesional en este entorno». La solicitud de información pública se tramitó en el Ayuntamiento de Madrid con la referencia Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 16 de abril de 2025 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 9 de mayo de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Madrid en las que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: En relación con la solicitud del reclamante de acceso a la información solicitada, que se inadmitió en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG): «El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno se ha pronunciado sobre el alcance de esta causa de inadmisión: “(…) entiende este Consejo de Transparencia que la causa de inadmisión del artículo 18.1 a) debe entenderse relacionada con el hecho de que la información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser accesible con carácter general.” (R CTBG 2024-1064 [Resolución expte. 819-2024])». En relación con la segunda petición del escrito de reclamación relativo al requerimiento de que el Ayuntamiento de Madrid proporcione un plazo concreto y vinculante para la disponibilidad de la información: «En la Resolución de 25 de marzo de 2025, ahora impugnada, se indicó una fecha aproximada en la que la información estaría disponible, teniendo en cuenta que una vez redactado el proyecto del que el estudio forma parte, tiene que ser supervisado, aprobado y autorizado el gasto por los órganos competentes. De este modo, no es posible, dada esta tramitación administrativa, hacer indicación de una fecha cierta, pero si aproximada, esto es, en el verano de 2025. No obstante, una vez finalizada la tramitación administrativa referida anteriormente, se podrá acceder a la información solicitada». Finalmente, respecto a la tercera petición del escrito de reclamación: «En cuanto a la solicitud de reunión oficial de carácter técnico que realiza el interesado en su escrito de alegaciones, entendemos que se trata de una solicitud que queda fuera del ámbito competencial del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. No obstante, se informa que el interesado fue convocado y participó en una reunión que se celebró el pasado 21 de febrero de 2025 en la sede de la Junta Municipal del Distrito Centro. En esta reunión también fueron convocadas Asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona, vecinos y personal técnico y político de esta Administración Pública. El objeto de la misma facilitar y promover la participación ciudadana atendiendo y escuchando las diversas demandas vecinales e informar sobre los distintos aspectos del proyecto». CUARTO. Mediante notificación de este Consejo, de fecha 20 de mayo de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Según ha quedado acreditado en el expediente, el trámite de audiencia fue notificado el mismo día 20 de mayo de 2025, sin que conste que haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual: «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública: «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTPCM delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de «formato o soporte». Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza «pública» de las informaciones: (a) que se encuentren «en poder» de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas «en el ejercicio de sus funciones». El reclamante solicita: «[l]os estudios o informes de movilidad y afectación al tráfico que se han realizado para los proyectos de reurbanización de Tirso de Molina y su entorno, así como de el de reurbanización de Jacinto Benavente y su entorno». Los documentos solicitados pueden subsumirse en la noción de información pública por cuanto son documentos que se encuentran en poder del Ayuntamiento de Madrid y que han sido elaborados por el ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, concretamente las atribuidas en materia urbanística previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. Como señala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) RA CTBG 0065/2025, de 14 de febrero de 2025, «es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558)». A mayor abundamiento, el derecho a la información, aplicable de forma general a la actividad administrativa, cobra especial importancia en el ámbito urbanístico. En este campo, cualquier ciudadano puede ejercer un control sobre el cumplimiento de la legalidad vigente, así como sobre la ejecución de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión urbanística. Por ello, se reconoce el derecho de acceso a la información que posean las Administraciones Públicas en relación con la planificación del territorio, el urbanismo y su evaluación ambiental. Asimismo, se garantiza la posibilidad de obtener copias o certificaciones de disposiciones o actos administrativos; así como acceder a la información sobre la ordenación urbanística, conforme a lo previsto en el artículo 5 letra c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. CUARTO. El reclamante solicitó el estudio de movilidad de dos proyectos incorporados en el proyecto de la Plaza de Jacinto Benavente. El Ayuntamiento de Madrid inadmitió su solicitud de acceso a la información alegando que la misma estaba siendo elaborada, en base a lo dispuesto en la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG. El artículo 18.1.a) LTAIBG dispone que se inadmitirán a trámite las solicitudes que «se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general». En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en varias resoluciones, entre ellas, la Resolución 1003- 2022, en la que señala lo siguiente: «En relación con la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG, este Consejo ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el alcance de la misma. Sirva de ejemplo lo manifestado en la resolución R CTBG 2023-0152, de 13 de marzo, que recoge lo expresado en otras anteriores: “(…) entiende este Consejo de Transparencia que la causa de inadmisión del artículo 18.1 a) debe entenderse relacionada con el hecho de que la información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser accesible con carácter general”. En definitiva, la causa invocada permite inadmitir aquellas solicitudes de acceso a información que no está aún acabada, pero que ha de estarlo próximamente; esto es, que está todavía en fase o en curso de elaboración o de publicación». Por lo anterior, este Consejo comparte la tesis expuesta por el Ayuntamiento de Madrid, puesto que en el momento en el que se realiza la solicitud, los distintos Planes a los que se refiere el reclamante no estaban aprobados, por lo que la información a la que desea acceder estaba en curso de elaboración en el momento de presentación de la solicitud. QUINTO. Por su parte, el artículo 40.2.a) LTPCM señala que «[e]n las resoluciones de inadmisión porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión». En la resolución del Ayuntamiento de Madrid de fecha 26 de marzo de 2025 se establece: «La fecha aproximada en la que se estima que se pueda disponer de la información es en el verano de 2025. El órgano responsable de facilitar la información solicitada es la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras». A juicio de este Consejo, la resolución dictada por el Ayuntamiento de Madrid cumple con lo previsto en el artículo 40.2.a) LTPCM puesto que identifica al órgano responsable, la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, y el tiempo previsto para su conclusión, verano de 2025. El reclamante alega que la resolución incumple con lo estipulado en la normativa de transparencia por cuanto no proporciona: «un plazo concreto y vinculante para la disponibilidad de la información». A tenor de lo establecido en el artículo anteriormente citado, el «tiempo previsto» no deriva en un plazo concreto y vinculante. Este Consejo considera que la indicación del «verano de 2025» es un plazo razonable y cierto. A mayor abundamiento, el Ayuntamiento en su escrito de alegaciones justifica motivadamente la imposibilidad de establecer un plazo más concreto ya que la aprobación del proyecto ha de seguir un procedimiento cuya resolución no se puede saber con fecha cierta, tan solo se puede hacer una estimación de la misma. SEXTO. Finalmente, en relación con la tercera petición realizada por el reclamante en su escrito de alegaciones, hay que recordar que este Consejo no tiene competencia para instar tal pretensión. En este sentido, cabe remarcar que el objeto de esta reclamación es revisar la legalidad de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de 26 de marzo de 2025, en particular, desde la perspectiva de la regulación del procedimiento legalmente establecido para atender las solicitudes por las que se ejerce el derecho de acceso a la información pública. Esta delimitación del objeto del presente procedimiento de reclamación se desprende con claridad a partir de su regulación en los artículos 47 y ss. LTPCM y de las funciones encomendadas a este Consejo de Transparencia y Protección de Datos en lo que respecta a la resolución de estas reclamaciones según el artículo 77.1.a) LTPCM. No obstante, el alcance de la labor de revisión que desarrolla este Consejo respecto de las resoluciones que resuelven solicitudes de acceso a la información pública queda particularmente caracterizado en el artículo 50.2 LTPCM, que regula el contenido y los efectos de las resoluciones estimatorias de las reclamaciones que resuelve este Consejo en los siguientes términos: «2. Cuando estime la reclamación, la resolución establecerá la información o documentación a la que puede acceder la persona interesada, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones del mismo.» Sentadas estas consideraciones generales, en el escrito de alegaciones, el interesado insta al Consejo a: «[q]ue se organice una reunión oficial de carácter técnico para abordar las implicaciones de las obras en la movilidad del entorno afectado, facilitando así la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas». De conformidad con las disposiciones anteriormente referidas y, en particular, en atención a lo dispuesto en los artículos 47.1 y 50.2 LTPCM, la competencia de este Consejo únicamente puede extenderse a revisar la legalidad de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de 26 de marzo de 2025, por la que se resuelve la solicitud de acceso del interesado de 6 de marzo de 2025. Por lo tanto, en este punto, deben inadmitirse las pretensiones del interesado relativos a la organización de un foro de movilidad. No obstante, este Consejo recuerda que, según la legislación vigente (título cuarto de la Ley 10/2019, de 10 de abril) existen numerosos instrumentos de participación y colaboración ciudadana, como la reunión realizada el 21 de febrero de 2025 en la sede de la Junta Municipal del Distrito Centro a la que hace referencia el Ayuntamiento de Madrid en su escrito de alegaciones. En conclusión, por todo lo anteriormente expuesto este Consejo entiende que se debe desestimar la presente reclamación por concurrir la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.