Reclamación por denegación de acceso a datos estadísticos de alumnos con necesidades educativas especiales desagregados por centro educativo

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 25 de noviembre de 2024, tiene entrada en el buzón del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, una reclamación formulada por , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). Manifiesta el reclamante no estar de acuerdo con la resolución de fecha 21 de noviembre de 2024, dictada por el Director General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se da respuesta a su solicitud de acceso a la siguiente información pública: “En formato electrónico y reutilizable, en relación a todos los centros educativos financiados públicamente (centros públicos y centros concertados) y a fecha de referencia, la siguiente información: 1) número de alumnos matriculados en Educación Primaria, 2) número alumnos con dictamen de necesidad de apoyo educativo matriculados en Educación Primaria y 3) número de alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales matriculados en Educación Primaria; segmentados los tres indicadores por centro educativo (informado por código de centro y nombre de centro).” Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 13 de diciembre de 2024 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 23 de diciembre de 2024 tiene entrada escrito de alegaciones del Director General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en las que, en síntesis, manifiesta que “La confidencialidad se basa en el origen de los datos estadísticos, por ello, en cuanto se permita detectar la unidad estadística, que es lo que pretende el interesado, se estaría vulnerando el citado secreto estadístico, algo que prohíbe expresamente la norma”, en este caso lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comunidad de Madrid. CUARTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 26 de diciembre de 2024, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de quince días para que presente alegaciones. Con fecha 8 de enero de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del reclamante en el que manifiesta que no está de acuerdo con las alegaciones de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, “al no hacerle entrega de los datos tal y como él los solicita y por no justificar cuál puede ser el daño causado con la aportación de dicha información”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual “se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. CUARTO. Esta reclamación trae causa de la Resolución de acceso a la información pública, dictada por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades el 21 de noviembre de 2024, con cuyo contenido manifiesta el reclamante no estar de acuerdo al no especificarse la información “por código de centro y nombre de centro”. En el escrito de alegaciones presentado por la citada Dirección General se indican los artículos de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, en los que se apoya la Resolución. Especialmente resulta relevante el artículo 13, que establece lo siguiente: “1. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos confidenciales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de otras fuentes. 2. Se entiende que son datos confidenciales los datos que permiten identificar, directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información sobre particulares. (…) Por identificación directa se entenderá la identificación de una unidad estadística por su nombre o apellidos, su domicilio o un número de identificación públicamente accesible. Por identificación indirecta se entenderá la identificación de una unidad estadística por otros medios que los de la identificación directa.” La Dirección General alega que “la confidencialidad se basa en el origen de los datos estadísticos por ello, en cuanto se permita detectar la unidad estadística, que es lo que pretende el interesado, se estaría vulnerando el citado secreto estadístico, algo que prohíbe expresamente la norma”. Este Consejo comparte la tesis mantenida por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades por varios motivos. En primer lugar, consideramos que facilitar al reclamante la información con la desagregación solicitada supondría una vulneración del secreto estadístico al identificar de forma directa a la unidad estadística (en este caso, el nombre concreto de los centros educativos) lo que podría llevar a identificar a los alumnos con necesidad de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales, combinando los datos facilitados con otras fuentes de información de fácil acceso. Esto podría ocurrir sobre todo en localidades que cuenten con un solo centro educativo o que tengan una población infantil reducida. En segundo lugar, el acceso a datos relacionados con los alumnos podría suponer un incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Debe recordarse que artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. La relación del derecho a la protección de datos personales con el derecho de acceso a la información pública viene regulada en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece un régimen con mayor o menor nivel de protección dependiendo del dato solicitado en el ejercicio del derecho de acceso. En el caso que da lugar a esta reclamación, la información solicitada por el reclamante no hace referencia a la inclusión de datos especialmente protegidos, como son los mencionados en el apartado 1 del citado artículo 15 (ideología, creencias, origen racial, etc.), por lo que sería de aplicación lo previsto en el punto 3, según el cual “cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal”. Para realizar esta ponderación el citado artículo 15.3 establece varios criterios, entre ellos el previsto en el punto d) “la mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”. Si bien es cierto que el reclamante no refiere la información a datos personales de los alumnos de manera directa sí que podrían obtenerse de forma indirecta, como ya se ha dicho, al identificar cada uno de los centros educativos. En conclusión, facilitar los nombres de los centros educativos concretos puede llevar a la identificación de datos de menores de edad, concretamente, los alumnos con necesidad de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales, lo que podría suponer una vulneración del secreto estadístico y del derecho a la protección de los datos personales de los menores de edad, por lo que procede la desestimación de la reclamación. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.