Reclamación por derecho de acceso a la información sobre gestión de quejas y expedientes de subvenciones de vivienda, resuelta con desestimación

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 4 de marzo de 2025, tuvo entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). La reclamante manifiesta su desacuerdo con la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de 10 de febrero de 2025, por la que se daba respuesta a su solicitud de acceso a la información formulada el 27 de enero de 2025 con el siguiente objeto: «1. ¿Qué procedimiento sigue la Consejería de Vivienda para revisar las quejas relacionadas con la tramitación de expedientes de subvenciones de vivienda? ¿Incluye este procedimiento la revisión directa del expediente antes de emitir una respuesta? 2. ¿Existe un protocolo interno que regule cómo deben responderse las quejas relacionadas con expedientes de subvenciones de vivienda y cómo se verifica que las razones indicadas sean veraces? 3. ¿Por qué las respuestas a las quejas relacionadas con mi expediente de la convocatoria de mayo de 2020, firmadas por , incluyeron diferentes razones para justificar la falta de resolución, cuando ninguna de estas razones resultó ser cierta? 4 ¿Qué controles existen en la Consejería de Vivienda para garantizar la coherencia y veracidad en las respuestas a las quejas? 5. En las quejas relacionadas con mi expediente, ¿se revisó en algún momento el contenido del mismo para verificar si las razones proporcionadas en las respuestas eran ajustadas a la realidad? De no ser así, ¿por qué motivo no se realizó esa revisión? 6. ¿Quién tiene la responsabilidad de verificar la veracidad de las razones incluidas en las respuestas a las quejas sobre expedientes de subvenciones de vivienda? 7. ¿Qué pasos debe seguir un funcionario para tramitar un expediente, según los protocolos internos de la Consejería de Vivienda? ¿Y si se equivoca, qué medidas se toman para reparar el daño? 8. ¿Se ha realizado alguna auditoría interna en la Consejería de Vivienda sobre la gestión de quejas relacionadas con la convocatoria de mayo de 2020? De ser así, ¿cuáles fueron los resultados? 9. ¿Cuánto es el tiempo estipulado por ley para resolver un expediente? ¿Y un recurso de reposición? En caso de reconocer que ha sido un error de la administración, ¿cuál es el plazo para resolver ese error y no perjudicar más al ciudadano?». SEGUNDO. El 17 de marzo de 2025 se dirigió a la reclamante un requerimiento de subsanación, al amparo de lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), para que aportase la citada Resolución a fin de poder comprobar que la reclamación había sido presentada en el plazo establecido en el art. 48.2 LTPCM. El 17 de marzo de 2025 tuvieron entrada diversos documentos remitidos por la reclamante en contestación al citado requerimiento y, entre ellos, se encontraba la solicitud de acceso a la información formulada por la interesada, así como la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de 10 de febrero de 2025, por la que se contestaba dicha solicitud. El 11 de abril de 2025 se envió a la reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 LPAC. Además, ese mismo día se trasladó la documentación a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, para que remitiese un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulase las alegaciones que considerase oportunas. TERCERO. En respuesta al referido trámite, tuvo entrada un informe de alegaciones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de 28 de abril de 2025 y, posteriormente, un informe complementario de la misma Dirección General, de 9 de mayo de 2025. En ambos documentos se describen detalladamente el desarrollo y las vicisitudes acontecidas en la tramitación del expediente referido a la ayuda solicitada por la interesada en el proceso de subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid, convocadas para el año 2020 mediante Orden de la Consejería de Vivienda y Administración Local de 11 de mayo de 2020. En esencia, ambos documentos manifiestan que, durante la tramitación del referido procedimiento, se atendieron todas las quejas y consultas realizadas por la interesada, se le brindaron las oportunidades que reconoce el ordenamiento para que alegase lo que estimase oportuno y pudiera subsanar la documentación necesaria para la tramitación de su solicitud, pero que, finalmente, la ayuda solicitada por la interesada tuvo que ser denegada porque se constató que no cumplía los requisitos necesarios para ello. CUARTO. Mediante comunicación de la Secretaria General del Consejo de 16 de mayo de 2025 se trasladó el escrito de alegaciones del órgano informante a la reclamante y se le confirió trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presentase las alegaciones que considerase oportunas. El 28 de mayo de 2025 tuvo entrada el escrito de alegaciones de la reclamante en el que expresa su desacuerdo con las alegaciones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y concluye su escrito de alegaciones formulando la siguiente solicitud: «POR TODO ELLO, SOLICITO: Que el Consejo ordene a la Consejería aceptar el certificado de Seguridad Social (Doc. 5) y la prescripción de Hacienda (Doc. 6) como prueba suficiente de estar al corriente el 25/5/2020. Que la Consejería aporte pruebas de deudas y especifique qué ficheros están dañados. Que se conceda la subvención del 25/5/2020, subsanados los errores. Que se investigue la cancelación de quejas (SUQUES 006039/2024, etc.), el retraso en el Registro, la negativa a entregar el expediente, y la opacidad de la Consejería. Que se revisen bien los documentos para ver las contradicciones entre la respuesta al Recurso de Reposición, la respuesta del acceso a información pública del 27 de enero de 2025 y los informes del 28/4/2025 y 9/5/2025. […]» FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) LTPCM, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. El artículo 21.1 LPACAP establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Con todo, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. TERCERO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». CUARTO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». QUINTO. En el presente caso, las pretensiones postuladas por la reclamante evidencian cierta confusión respecto de la naturaleza y el alcance de este procedimiento de reclamación, así como respecto del ámbito de actuación de este Consejo y de las funciones y competencias que la ley le asigna. Esta cuestión debe ser aclarada con carácter preliminar a fin de disipar cualquier duda que suscite el alcance de la labor de revisión administrativa que realiza este Consejo. En este sentido, cabe remarcar que el objeto de esta reclamación es revisar la legalidad de la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de 10 de febrero de 2025, en particular, desde la perspectiva de la regulación del procedimiento legalmente establecido para atender las solicitudes por las que se ejerce el derecho de acceso a la información pública. Esta delimitación del objeto del presente procedimiento de reclamación se desprende con claridad a partir de su regulación en los artículos 47 y ss. LTPCM y de las funciones encomendadas a este Consejo de Transparencia y Protección de Datos en lo que respecta a la resolución de estas reclamaciones según el artículo 77.1.a) LTPCM. No obstante, el alcance de la labor de revisión que desarrolla este Consejo respecto de las resoluciones que resuelven solicitudes de acceso a la información pública queda particularmente caracterizado en el artículo 50.2 LTPCM, que regula el contenido y los efectos de las resoluciones estimatorias de las reclamaciones que resuelve este Consejo en los siguientes términos: «2. Cuando estime la reclamación, la resolución establecerá la información o documentación a la que puede acceder la persona interesada, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones del mismo.» Sentadas estas consideraciones generales, en el formulario de reclamación frente a la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, de 10 de febrero de 2025, la interesada manifiesta su disconformidad con el contenido de dicha Resolución y, en particular, expone que, a su juicio, «la contestación recibida por el Portal de Transparencia contiene errores graves, inexactitudes y omisiones que contradicen los hechos documentados hasta su emisión, reflejando una falta de exhaustividad que agrava cinco años de espera para la resolución del expediente: ». Esta exposición de los motivos de la reclamación parece a priori congruente con la finalidad que caracteriza al procedimiento de reclamación regulado en los artículos 47 y ss. LTPCM, ya que el fundamento de la reclamación se funda en la inexactitud de la información facilitada. Sin embargo, posteriormente, en el escrito de alegaciones reseñado en el antecedente de hecho cuarto, la reclamante solicita a este Consejo que revise la legalidad de la actuación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en lo que respecta al expediente con referencia: referido a la tramitación de la solicitud de la interesada para una ayuda convocada mediante la Orden de la citada Consejería, de 11 de mayo de 2020. Esta pretensión, que, según se desprende del contenido de dicho escrito, se identifica con el objeto principal de interés de la reclamante, no puede ser atendida a través del presente procedimiento de reclamación, ni, con carácter general, por este Consejo, pues dicha labor de revisión excede el ámbito material de sus competencias. De conformidad con las disposiciones anteriormente referidas y, en particular, en atención a lo dispuesto en los artículos 47.1 y 50.2 LTPCM, la competencia de este Consejo únicamente puede extenderse a revisar la legalidad de la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de 10 de febrero de 2025, por la que se resuelve la solicitud de acceso de la interesada de 27 de enero de 2025. Por lo tanto, en este punto, deben inadmitirse las pretensiones de la interesada relativas a la revisión de los actos derivados de la tramitación del expediente de la ayuda convocada mediante la Orden de la Consejería de Vivienda y Administración Local de 11 de mayo de 2020. Dichas pretensiones deberán ser postuladas por la interesada, en la medida en que lo estime conveniente, en las vías ordinarias de impugnación que legalmente procedan frente los actos que resulten del procedimiento por el que se tramitó la citada ayuda. SEXTO. Ahora bien, centrado el objeto de la reclamación en la revisión de la legalidad de la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de 10 de febrero de 2025, este Consejo considera que la presente reclamación no puede prosperar por varios motivos. En primer lugar, consta que la resolución impugnada se pronuncia sobre nueve peticiones de información (vid. supra la transcripción de las nueve consultas formuladas por la interesada en el antecedente de hecho primero) que, en la mayoría de los casos, consisten en consultas generales sobre el procedimiento y el funcionamiento de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras (vid. supra las consultas núm. 1, 2, 4, 6 a 9); y, en los demás casos, se trata de preguntas específicas sobre la actuación de los órganos responsables en relación con la tramitación de un procedimiento administrativo en curso en el momento en el que se formuló la solicitud de acceso a la información de la que trae causa este procedimiento de reclamación y en el que no resulta controvertido que la reclamante figura como interesada (vid. supra las consultas núm. 3 y 5). La naturaleza de ambos tipos de consultas determina que estas deberían haberse inadmitido por quedar fuera del ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información configurado en la Ley 9/2013 y la Ley 10/2019. Esto es así, en relación con el primer grupo de consultas (i.e., las consultas núm. 1, 2, 4, y 6 a 9), por tratarse de consultas generales cuyo objeto no resulta subsumible en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM y del artículo 12 LTAIBG, sino que probablemente podrían reconducirse al ámbito de los servicios de orientación y atención al ciudadano (cfr. artículo 7 del Decreto 21/2002, de 24 enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid). Esta circunstancia es determinante de la inadmisión de solicitudes de acceso a la información pública, tal y como ha sido confirmado por este Consejo, por ejemplo, en nuestra Resolución de 4 de junio de 2025 (rec. núm. 175/2024 CTPD), así como por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como se indica, con carácter general, en su Criterio Interpretativo 3/2016 (pág. 5) y en sus Resoluciones RT/298/2017, de 18 de agosto de 2017; R/276/2018, de 16 de julio de 2018; y RA/95/2024, de 12 de febrero de 2024. Por otra parte, en relación con el segundo grupo de consultas (i.e., las consultas núm. 3 y 5), resultaría de aplicación el apartado primero de la Disposición adicional primera de la LTPCM, ya que dichas consultas se refieren a un procedimiento administrativo en curso en el que la reclamante figura como interesada y, en consecuencia, el acceso a la información y los documentos que integran dicho expediente habría de sustanciarse de acuerdo con lo previsto en las normas correspondientes al citado procedimiento administrativo. Al resultar aplicable dicha disposición, estas consultas específicas quedarían fuera del ámbito del procedimiento establecido para ejercer el derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013, y, en consecuencia, este Consejo no sería competente para tutelar el acceso a dicha información. No obstante, sin perjuicio de estas consideraciones, se constata que la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras optó por resolver la solicitud de la interesada contestando sus diversas consultas. En este sentido, este Consejo aprecia, a partir del contenido de la resolución impugnada y de los informes de alegaciones remitidos por el órgano informante en el curso de este procedimiento, que la administración ha dado una respuesta suficientemente detallada a todas y cada una de las consultas realizadas por la interesada, incluyendo en diversas instancias un relato detallado de las vicisitudes y puntos de desacuerdo que se han suscitado entre la interesada y los órganos competentes de la citada Consejería en la tramitación del expediente con referencia: referido a la tramitación de la solicitud de la interesada para una ayuda convocada mediante la Orden de la Consejería de Vivienda y Administración Local de 11 de mayo de 2020. Desde esta perspectiva, este Consejo considera que la resolución impugnada no incurre en ninguna restricción sobre el derecho de acceso a la información pública de la interesada y, en consecuencia, corresponde desestimar la presente reclamación. Con todo, en conexión con las consideraciones recogidas en el fundamento jurídico anterior, este Consejo no puede entrar a valorar otras cuestiones que suscita la reclamante en su escrito de alegaciones, entre las que pueden destacarse los desacuerdos que se suscitan en relación con la interpretación de algunos hechos (v.g., si las quejas formuladas por la interesada fueron adecuadamente atendidas); o la relevancia que puedan tener ciertas irregularidades invocadas por la reclamante (v.g., que las resoluciones por las que quedó excluida de la concesión de la ayuda controvertida no hubieran detallado con precisión los supuestos motivos de exclusión). Estas cuestiones no solo no pueden dirimirse en este procedimiento de revisión, porque no se refieren al ejercicio del derecho de acceso a la información, sino que debieran ser planteadas, en su caso, haciendo uso de los cauces de impugnación que legalmente procedan frente a los actos que resulten del procedimiento correspondiente al expediente con referencia: referido a la tramitación de la solicitud de la interesada para una ayuda convocada mediante la Orden de la Consejería de Vivienda y Administración Local de 11 de mayo de 2020. En conclusión, a juicio de este Consejo, procede desestimar la reclamación, por una parte, porque ciertas pretensiones de la reclamante quedan fueran del ámbito del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013 y en la Ley 10/2019 y, por otra parte, porque la información facilitada en la resolución impugnada no impone ninguna limitación injustificada sobre el derecho de acceso a la información pública de la interesada, siendo su contenido congruente con la solicitud de la que trae causa este procedimiento. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.