Acceso a memorias anuales y detalle de asistencias técnicas de programación cultural en el Distrito de Villaverde

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 24 de julio de 2025, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por en representación de de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). La reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la resolución del expediente nº , de fecha 1 de julio de 2025, dictada por la Coordinación del Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid, por la que se inadmite su solicitud de acceso a la siguiente información pública: «En relación al pliego de prescripciones técnicas que ha regido en el contrato de servicios denominado: Programación Cultural en los Centros Socio Culturales y Asistencias Técnicas del Distrito de Villaverde (Nº Expediente: ) en cuyas Condiciones Técnicas Generales se menciona la obligación por parte del contratista de presentar ante el Servicio Promotor, anualmente, la Memoria anual ampliada en la que ha de constar información sobre las actividades o representaciones ejecutadas en cada centro cultural, solicitamos las Memorias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Además, para el citado pliego y nº de Expediente, en cuanto al Anexo A Lote 6. Asistencias Técnicas solicitamos para los años 2022, 2023 y 2024, detalle y desglose por centros, incluso del apartado Otros espacios, de las asistencias técnicas llevadas a cabo con cargo a los cupos establecidos en el citado anexo con indicación de las actividades a las que dieron cobertura». Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 8 de agosto de 2025 se envía a la reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 13 de agosto de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones en el que aporta distinta documentación del expediente en cuestión. CUARTO. Mediante notificación de fecha 22 de agosto de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 31 de agosto de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la reclamante en el que manifiesta: «En el caso de las memorias, de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjuntó a la reclamación que nos ocupa, resulta palmario que se trata de documentos redactados por el contratista, sin necesidad de reelaboración alguna en el caso de ser solicitadas, y que la Unidad adquiere en el ejercicio de control del cumplimiento del contrato. En ningún caso se está solicitando informe alguno sobre dichas memorias ni sobre la ejecución del contrato, tan solo se requiere el documento, seguramente en formato digital, presentado por el contratista […]. En lo que respecta a la solicitud del listado de las asistencias técnicas, no se hace mención alguna sobre esta en el informe elaborado por la Unidad y, por tanto, no existe exposición motivada sobre la inadmisión de dicha petición. El seguimiento del contrato que nos ocupa por parte de la Unidad, recabando información sobre el grado de ejecución del mismo para analizar el aprovechamiento de todas las asistencias a las que el contratista está obligado, a fin de realizar las correcciones oportunas para solicitar más o menos asistencias como denota el hecho de que de un pliego a otro haya variaciones en el número de las mismas, es un ejercicio de responsabilidad en la gestión y daría respuesta a la solicitud planteada. Visto el criterio de la Unidad, ante otra posible alusión a una inadmisión por entender que implica la elaboración de un informe, es preciso recordar que el artículo 13 de la LTAIBG considera también, como información pública, los documentos elaborados, por las distintas administraciones, en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, consideramos que nuestra petición no implica la elaboración de ningún informe ya que, simplemente, se solicita una información de la que la Unidad debería disponer, como dice el citado artículo, en el ejercicio de sus funciones». QUINTO. Con fecha 30 de enero de 2026 tiene entrada nuevo escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Madrid en el que manifiesta: «Con fecha 31 de agosto de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la reclamante en el que manifiesta: Vista la petición de respuesta a la reclamación formulada por la Asociación Vecinal La Incolora, por la que se solicita acceso a la información de la programación cultural en los centros socioculturales y asistencias técnicas del Distrito de Villaverde en los años 2022, 2023 y 2024. En relación con la documentación requerida, se comunica que desde esta Unidad se está procediendo a la recopilación y verificación de los datos, así como a la reelaboración de informe que contenga la información solicitada. La información requerida abarca seis centros culturales y dos empresas contratistas, así como un volumen significativo de actividades programadas y asistencias técnicas desarrolladas en distintos ejercicios. Esta amplitud y diversidad de documentación implica la necesidad de recabar información procedente de múltiples centros, contrastarla y estructurarla adecuadamente, con el fin de asegurar su fiabilidad, exactitud e integridad. Asimismo, debe señalarse que conforme al artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, podrá inadmitirse una solicitud cuando requiera una “acción previa de reelaboración” de la información. No obstante, esta Unidad está realizando el trabajo de recopilación y reelaboración de la información existente, a fin de permitir el acceso en los términos más completos y útiles posibles, sin comprometer el funcionamiento ordinario de los servicios. Una vez concluido este proceso de reelaboración y verificación, se dará acceso a la información resultante». SEXTO. Mediante notificación de fecha 3 de febrero de 2026, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 11 de febrero de 2026 tiene entrada escrito de alegaciones de la reclamante en el que manifiesta que ha fecha de envío del escrito aún no han recibido ninguna documentación relativa a su solicitud. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. Según dispone el artículo 4.2. d) del Decreto 90/2025, de 19 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de este Consejo, corresponde a su Presidente resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del citado artículo 77.1 a). SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTPCM delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. A mayor abundamiento, el derecho a la información, aplicable de forma general a la actividad administrativa, cobra especial importancia en el ámbito de la contratación pública. Los contratos realizados por la Administración pública se encuentran regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), que establece en su artículo 154 la necesidad de publicación de los contratos una vez han sido formalizados. De lo anterior se deduce que la actual regulación en materia de contratación pública tiene como uno de sus principios inspiradores la transparencia y publicidad en la elaboración, tramitación, ejecución y resolución de los contratos en los que la Administración sea parte, como señala el preámbulo de la ley, por lo que todos los ciudadanos deben poder tener acceso a los contratos públicos. La Asociación Vecinal reclamante solicita: 1. Las Memorias anuales ampliadas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 de Programación Cultural en los Centros Socio Culturales y Asistencias Técnicas del Distrito de Villaverde (Nº Expediente: ), que según las Condiciones Técnicas Generales del contrato el contratista debe entregar a la administración. 2. Asistencias técnicas llevadas a cabo con cargo a los cupos establecidos en el citado anexo Anexo A Lote 6 con indicación de las actividades a las que dieron cobertura, según citado pliego y nº de Expediente, para los años 2022, 2023 y 2024, detalle y desglose por centros. Los extremos anteriormente señalados pueden subsumirse en la noción de información pública por cuanto son documentos que se encuentran en poder del Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid y que han sido recabados por el mismo en el ejercicio de sus funciones, derivada de su facultad de inspección prevista en el artículo 190 LCSP, como prerrogativa inherente de la Administración en la ejecución de un contrato. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. Como señala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) RA CTBG 0065/2025, de 14 de febrero de 2025, «es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558)». CUARTO. La presente reclamación se basa en la disconformidad de la reclamante con la respuesta dada por el Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid ante una solicitud de información relativa a unas memorias anuales y listado de asistencias técnicas derivados de la ejecución del contrato con número de expediente: . La inadmisión de su solicitud viene motivada, según el Ayuntamiento de Madrid, por requerir la divulgación de la información: «una acción previa de reelaboración por lo que procede la inadmisión de la solicitud de conformidad con el artículo 18.1 letra c) de la LTAIBG». Asimismo, en su resolución de inadmisión manifiesta que «[e]l derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe». Por su parte, la reclamante alega en su escrito de 31 de agosto de 2025 que «[e]n el caso de las memorias, […] se trata de documentos redactados por el contratista, sin necesidad de reelaboración alguna en el caso de ser solicitadas, y que la Unidad adquiere en el ejercicio de control del cumplimiento del contrato. En ningún caso se está solicitando informe alguno sobre dichas memorias ni sobre la ejecución del contrato, tan solo se requiere el documento, seguramente en formato digital, presentado por el contratista». Asimismo, respecto de su segunda solicitud relativa a las asistencias técnicas manifiesta que en la resolución dictada en fecha 1 de julio de 2025, no se menciona tal extremo por lo que el Ayuntamiento de Madrid no ha justificado la denegación de la citada información. La solicitud, por tanto, puede estar incursa en la causa de inadmisión prevista en el artículo 40.1 LTPCM que remite al artículo 18.1.c) de la LTAIBG, que indica que se inadmitirán a trámite aquellas solicitudes «relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración». El Criterio Interpretativo 7/2015, dictado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, indica que la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIPBG puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: «a) elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información». En atención a esta doble clasificación, la motivación alegada por el Ayuntamiento de Madrid se encuadraría en el primer supuesto, esto es, que la respuesta a la solicitud requiere de la elaboración de un informe ad hoc. En este sentido, el apartado primero del fundamento de derecho cuarto de la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2017, estableció lo siguiente: «[…] Pero el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1.c permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia. Por consiguiente, es indiferente que dicha información obre en poder de la Administración o ente público encargada de dispensarla. Y en estos términos hay que interpretar el art. 13 de dicha Ley, de lo contrario se estaría alterando el objeto y espíritu de dicha Ley, que no parece haber convertido el derecho a la información pública en el derecho a obtener un informe solicitado sin previa tramitación de un procedimiento administrativo y con la finalidad de preparar la resolución que ponga término al mismo (art. 82 de la Ley 30/1992)». Examinada la cuestión este Consejo comparte la tesis mantenida por la asociación reclamante de que la entrega de las Memorias no conlleva la necesidad de elaborar un informe a medida, sino tan solo la remisión de una documentación preexistente. Así, de acuerdo con el párrafo segundo del punto 3.2. referido a las Condiciones Técnicas Generales del Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el contrato de servicios denominado: Programación cultural en los centros socio culturales y asistencias técnicas del Distrito de Villaverde: «A la finalización del contrato, por cada año de ejecución presentará una Memoria anual ampliada, en la que conste un resumen detallado, de las memorias mensuales con los datos antes señalados y de las encuestas al público, las sugerencias efectuadas, así como las posibles incidencias producidas». Por tanto, es deber de la Administración como servicio promotor del contrato recabar dichas memorias anuales ampliadas en ejercicio de las prerrogativas que le asisten en la ejecución de un contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 LCSP y, tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas particulares que rigen el contrato de servicios. Las Memorias Anuales ampliadas son por ende un documento ya elaborado por el contratista que no requiere de un tratamiento ulterior ni requiere la elaboración de un informe preciso al efecto de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada. La cuestión difiere cuando se analiza la segunda pretensión, las asistencias técnicas realizadas durante la ejecución del contrato. En este caso, no se solicita un documento que ya esté en poder de la Administración, sino que requiere de una recopilación de la información y ulterior tratamiento de la misma. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid, señala en su escrito de 30 de enero de 2025 que «[l]a información requerida abarca seis centros culturales y dos empresas contratistas, así como un volumen significativo de actividades programadas y asistencias técnicas desarrolladas en distintos ejercicios. Esta amplitud y diversidad de documentación implica la necesidad de recabar información procedente de múltiples centros, contrastarla y estructurarla adecuadamente, con el fin de asegurar su fiabilidad, exactitud e integridad». Según consta en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, como mínimo se requiere la realización de 399 asistencias técnicas por cada año de ejecución. Por lo que, si se solicitan las asistencias técnicas realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024, el mínimo de asistencias técnicas realizadas es de 1.197. Como se ha visto con anterioridad, el artículo 18.1.c) LTAIPBG determina la inadmisión de aquellas solicitudes de acceso relativas a información para cuya divulgación resulte necesario volver a elaborar la información solicitada, más allá de una mera agregación o suma de datos o de la realización de un mínimo tratamiento de éstos. En el presente caso, este Consejo aprecia que facilitar a la interesada la información implicaría la consulta ad hoc de varias fuentes de información para, después, proceder con complejos trabajos de análisis y compilación entre las dos empresas contratistas y los diversos centros en los que se realizan los servicios culturales. En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia 359/2022, de 31 de enero, señaló que: «Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico». En análogo sentido se pronuncia el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Resolución 163/2021 en la que acoge la reelaboración en los casos en los que el organismo carezca de los medios técnicos y humanos necesarios para extraer la información, ya que, a juicio de este Consejo, localizar, filtrar, compilar, analizar y ordenar la información solicitada por la reclamante podría suponer la paralización del Distrito de Villaverde. En atención a estas consideraciones, este Consejo aprecia que proveer la información solicitada requeriría realizar una ardua labor de tratamiento de la información no amparada por la Ley 19/2013. En términos empleados por la Jurisdicción contencioso-administrativa, estaríamos ante un supuesto en el que «la información requerida precisaría realizar nuevas operaciones de análisis, agregación e interpretación» (Sentencia del Juzgado Central de los Contencioso-Administrativo Nº2, de 25 de abril de 2016). En este sentido, cabe recordar la Sentencia del Tribunal Supremo 306/2020, de 3 de marzo, recurso de casación número 600/2018: «De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información». De modo que, a juicio de este Consejo, se encuentra justificada la concurrencia de la acción previa de reelaboración, ya que en este caso se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada mediante una labor consistente en recabar, ordenar; sistematizar, y, finalmente, adaptar dicha información para su ulterior divulgación. Por ello, atender la petición de información de la solicitante requeriría realizar una labor de procesamiento de la información disponible de magnitudes considerables que podría subsumirse en el concepto de reelaboración establecido en el artículo 18.1.c) LTAIPBG. Asimismo, este Consejo quiere recordar que la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 1 de marzo de 2023 (recurso 54/2021) señaló que «la Ley de Transparencia 19/2013 no consagra un derecho absoluto e ilimitado a obtener cualquier tipio de información por parte de quien lo solicita». Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, el Distrito de Villaverde, en su escrito de 30 de enero de 2026 se ha comprometido a recopilar toda la información y ponerla a disposición de la reclamante en los siguientes términos: «esta Unidad está realizando el trabajo de recopilación y reelaboración de la información existente, a fin de permitir el acceso en los términos más completos y útiles posibles, sin comprometer el funcionamiento ordinario de los servicios. Una vez concluido este proceso de reelaboración y verificación, se dará acceso a la información resultante» En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR parcialmente la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a la información relativo a las Memorias anuales ampliadas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Madrid a facilitar a la entidad reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. TERCERO.- Desestimar la reclamación, en todo lo demás Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.