Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de El Boalo ante solicitud de acceso al expediente de selección de un técnico de contratación

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. El día 8 de abril de 2025 tuvo entrada en el buzón del Consejo de Transparencia y Protección de Datos una reclamación formulada por , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y d e Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifestaba no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada el día 4 de marzo de 2025 ante el Ayuntamiento de El Boalo, por la que solicitaba acceso a la siguiente información: «Habiéndose producido proceso de selección para la cobertura de un técnico de contratación dentro del Programa de Fomento de Empleo Juvenil en 2024 del cual formé parte, habiéndose negado a darme acceso a dicho expediente tal y como se desprende con la solicitud número SOLICITA Acceso al expediente completo del que formo parte como interesado, indicando tal y como se desprende de la ley de protección de datos, que no tengo inconveniente con que se disocien los datos que pudieran resultar sensibles para tener acceso al resto de información, manifestando mi condición de interesado tal y como infiere el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en consonancia con el artículo 53.1 a) de la misma; todo ello en base a la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el plazo de un mes para su resolución que dictamina en su artículo 20». SEGUNDO. El día 31 de julio de 2025 se envió al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se trasladó la documentación al Ayuntamiento de El Boalo, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitiese un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulase las alegaciones que considerase oportunas. No obstante, no hay constancia de que la entidad local reclamada haya efectuado alegaciones en uso del trámite de audiencia conferido. TERCERO. Mediante una notificación de este Consejo de fecha 1 de octubre de 2025, se trasladó esta circunstancia al reclamante y se le confirió el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, con un plazo máximo de diez días para que presentase alegaciones. Obra en el expediente un acuse de recibo de notificación telemática aceptado por el reclamante el mismo día 1 de octubre de 2025. El día 16 de octubre de 2025 el reclamante, en uso del trámite de audiencia conferido, presentó un escrito de alegaciones en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente: 1. Que existe un marco jurídico amplio que ampara su derecho a acceder a los contenidos solicitados y que «el Ayuntamiento de El Boalo ha incumplido las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013 y la Ley 10/2019, al no responder en plazo a la solicitud de acceso formulada, de forma reiterada y constatado de manera objetiva; tanto las solicitudes de acceso de información pública realizadas por mí como los requerimientos del Consejo». 2. Que este Consejo debe instar la «incoación de los oportunos procedimientos sancionadores contra los responsables políticos y funcionarios que, por acción u omisión, hayan vulnerado el derecho de acceso a la información pública, conforme a los artículos 48 y siguientes de la Ley 10/2019 y al artículo 26 de la Ley 19/2013». 3. Que se debe requerir al Ayuntamiento de El Boalo que «se inicien los correspondientes procedimientos disciplinarios respecto de los empleados públicos que resulten responsables del incumplimiento, conforme al artículo 93 del Estatuto Básico del Empleado Público». 4. Que este Consejo debe iniciar los procedimientos sancionadores pertinentes en materia de transparencia contra la entidad local reclamada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. Establece el artículo 48 LTPCM que la reclamación «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de septiembre de 2025: «La interposición de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, en los supuestos en que la solicitud de acceso a la información no hubiera sido resuelta de forma expresa, no está sujeta al plazo de un mes a que se refiere el artículo 48, apartado 1, de la Ley 10/2019 y, por tanto, la interposición fuera de dicho plazo no debe determinar la inadmisión de aquella, de conformidad con lo expuesto en la consideración jurídica primera». En consecuencia, al haberse interpuesto la presente reclamación frente a la desestimación presunta por silencio administrativo, la reclamación no está sujeta al plazo previsto en el art. 48 LTPCM. TERCERO. El reclamante, en su solicitud de acceso a la información presentada el día 4 de marzo de 2025, pedía que le fuera facilitado el expediente del procedimiento administrativo por el que se cubrió un puesto técnico de contratación dentro del Programa de Fomento de Empleo Juvenil en 2024. El artículo 5.b) LTPCM define la información pública como «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». Para este Consejo, la información solicitada por el reclamante encajaría en esta definición, ya que el objeto de su solicitud es un expediente administrativo finalizado por el que se produce la cobertura de un puesto en el marco de un Programa de Empleo. Además, en ningún momento el órgano reclamado ha invocado ninguna causa de inadmisión ni límite de los previstos en la normativa de transparencia, ya que ni resolvió la solicitud presentada por el interesado ni tampoco respondió a los trámites de audiencia conferidos. Este Consejo ha consultado la normativa de aplicación, en concreto la Orden de 8 de mayo de 2023, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las normas de procedimiento y las bases reguladoras de las subvenciones de los Programas Públicos de Empleo-Formación de la Comunidad de Madrid; así como la Orden de 12 de diciembre de 2023 de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones en el año 2024 para la realización del Programa de Fomento del Empleo Juvenil con corporaciones locales en el marco del programa FSE+ 2021/2027. De acuerdo con esta normativa, la preselección de los candidatos se llevó a cabo por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, la entidad local beneficiaria de la subvención seleccionó a los candidatos de entre los desempleados remitidos por la Oficina de Empleo. No obstante, como el Ayuntamiento de El Boalo ni resolvió la solicitud del interesado ni tampoco realizó alegaciones en uso del trámite de audiencia conferido, no le es posible a este Consejo conocer el proceder que tuvo la entidad beneficiaria de la subvención para cubrir el puesto mencionado por el reclamante. Si tenemos en cuenta esta circunstancia, así como el hecho de que los contenidos solicitados —en el caso de existir— encajan en la noción legal de información pública del artículo 5.b), no queda otra alternativa a este Consejo que estimar este extremo de la reclamación, en el sentido de que el Ayuntamiento de El Boalo resuelva la solicitud de acceso a la información y se pronuncie sobre la existencia del expediente administrativo solicitado por el reclamante y, en caso afirmativo, conceder o denegar el acceso a la información. Dicho de otro modo, la entidad local a la que se dirigió la solicitud debe dictar una resolución expresa por la que se facilite el acceso a la información solicitada debidamente anonimizada o, en su caso, comunicar al interesado la inexistencia de dichos documentos o denegar el acceso por la concurrencia de alguno de los límites o causas de inadmisión previstos en la normativa de transparencia. Por su parte, el interesado podría formular una nueva reclamación ante este Consejo frente a dicha resolución en caso de que no esté de acuerdo con la respuesta facilitada. CUARTO. En su escrito de alegaciones presentado en el marco del presente procedimiento de reclamación, el interesado solicitaba de este Consejo una serie de actuaciones materiales: «De conformidad con los artículos 77 apartado 4 de la Ley 10/2019, dice que “En cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, la actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos como Autoridad Independiente se limitará exclusivamente a las infracciones cometidas en el ámbito del sector público autonómico y local del territorio de la Comunidad de Madrid. Corresponderá al presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos acordar la incoación y dictar resolución en los procedimientos en materia sancionadora”». «2.º Declare que el Ayuntamiento de El Boalo ha incumplido las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013 y la Ley 10/2019, al no responder en plazo a la solicitud de acceso formulada, de forma reiterada y constatado de manera objetiva; tanto las solicitudes de acceso de información pública realizadas por mí como los requerimientos del Consejo. Dicha actuación se califica como mínimo dentro de la tipología de falta grave (artículo 20.6 de la Ley 19/2013) y por ende solicito que se publique dicha declaración de incumplimiento en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid tal y como establece el artículo 30 de la Ley 19/2013». «4.º Inste la incoación de los oportunos procedimientos sancionadores contra los responsables políticos y funcionarios que, por acción u omisión, hayan vulnerado el derecho de acceso a la información pública, conforme a los artículos 48 y siguientes de la Ley 10/2019 y al artículo 26 de la Ley 19/2013». «5.º Requiera al Ayuntamiento de El Boalo a iniciar los correspondientes procedimientos disciplinarios respecto de los empleados públicos que resulten responsables del incumplimiento, conforme al artículo 93 del Estatuto Básico del Empleado Público». «En caso de apreciarse indicios de infracción penal o contable, remita los antecedentes al Ministerio Fiscal o al Tribunal de Cuentas, conforme a Derecho». La reclamación prevista en el artículo 47 LTPCM se configura como un recurso mediante el cual pueden impugnarse las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información. En el fundamento jurídico tercero de la presente Resolución, este Consejo ya se ha pronunciado sobre el objeto de la solicitud presentada por el reclamante, por lo que el resto de actuaciones materiales instadas por el interesado en su escrito de alegaciones quedarían fuera del ámbito del presente procedimiento de reclamación. Asimismo, y en relación con el inicio de procedimientos disciplinarios y sancionadores, el reclamante estaría solicitando de este Consejo una serie de actuaciones materiales vinculadas a potestades sancionadoras que escapan a su ámbito de actuación. En este sentido, se informa al reclamante de que la legislación básica del Estado carece de un régimen sancionador específico relativo a la transparencia, situación asimilable a la normativa de la Comunidad de Madrid desde la entrada en vigor de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 8.5 modificó el Título IV de la Ley 10/2019. Este Consejo cuenta con un reconocimiento expreso del ejercicio de una potestad sancionadora en virtud del artículo 9 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, por el que se modificó la Ley 10/2019. En virtud de esta norma, se atribuyó a este Consejo de Transparencia y Protección de Datos el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. No obstante, esta potestad no guarda relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por tanto, y en virtud del principio de legalidad de la potestad sancionadora previsto en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no existe un reconocimiento expreso reconocido a este Consejo por una norma de rango de Ley que lo habilite para iniciar los procedimientos sancionadores mencionados por el reclamante. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación formulada por en el sentido de que el Ayuntamiento de El Boalo emita una resolución expresa por la que se resuelva la solicitud de acceso a la información presentada por el interesado. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de El Boalo a dictar la resolución indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. TERCERO.- DESESTIMAR la reclamación en todo lo demás. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.