Reclamación contra el Ayuntamiento de Alpedrete por denegación de acceso a informes técnicos de talas de árboles basada en protección de datos

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO.- Con fecha 8 de marzo de 2025 tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso a la información presentada el día 29 de enero de 2025 ante el Ayuntamiento de Alpedrete, por la que solicitaba acceso a la siguiente información: «Relación de informes de sobre talas que han sido realizadas en los últimos 6 años, por el Ayuntamiento de Alpedrete, acompañada de los informes técnicos que justifiquen dicha tala y el criterio seguido para la misma, ya sean realizadas por el propio Ayuntamiento o autorizadas a solicitud de los vecinos. Relación de árboles caídos en el municipio, en los últimos 6 años (o la cifra menor que fuera posible justificadamente).» Junto a la reclamación, aporta el justificante de presentación de la citada solicitud de acceso a la información pública. SEGUNDO. El 17 de marzo de 2025 se envía al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Alpedrete, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 20 de mayo de 2025, duranta la tramitación de la reclamación, se dicta la Resolución de acceso a la información por parte del Ayuntamiento de Alpedrete, si bien, dicha Resolución se traslada a este Consejo con fecha 19 de junio de 2025, como alegaciones del citado Ayuntamiento, en el que en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: «[…] Una vez analizada la documentación solicitada, se informa que no se pueden aportar los informes técnicos solicitado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dado el alto volumen de expedientes tramitados en los últimos años, se ha incluido el recuento de los expedientes realizados entre los años 2023, 2024 y 2025. Los motivos de resolución favorable de tala en terreno privado se resumen a continuación: - Asociados a ejecución de proyectos de construcción de nuevas viviendas. Los expedientes contienen los informes de arbolado firmado por técnico competente y posterior ratificación escrita por parte del servicio de medio ambiente del Ayto. de Alpedrete. - Ejemplares muertos o enfermos. Los expedientes contienen los informes de arbolado firmado por técnico competente y/o posterior ratificación escrita por parte del servicio de medio ambiente del Ayto. de Alpedrete. La resolución favorable de tala en terreno municipal corresponde con árboles muertos. Todos los expedientes contienen informe favorable del servicio de medio ambiente del Ayto. de Alpedrete. La resolución desfavorable de tala en terreno municipal tiene su origen en avisos o notificaciones enviadas por vecinos del municipio. Tras su revisión por parte del servicio de medio ambiente del Ayto. de Alpedrete fueron informados desfavorablemente al no cumplirse ninguno de los supuestos recogidos en la legislación de aplicación. Se establece también la relación de árboles caídos entre el año 2022 y 2025. Los motivos de caída han quedado reflejados en los informes técnicos correspondientes y se deben principalmente a: - Estar muerto. - Presentar pudrición interna sin signos de ésta en el exterior. Todos estos ejemplares, ante episodios de fuertes rachas de viento son los árboles que presenta riesgo de caída al presentar una estructura que los hace vulnerables. ¿Por qué hay más árboles caídos en terreno privado que en terreno público? En terreno municipal se lleva un control y cuando se detectan arboles enfermos y/o muertos son eliminados. Este tipo de árboles son especialmente peligrosos debido a que su estado les hace más vulnerables ante episodios de viento.» CUARTO. El 17 de junio de 2025 tiene entrada en este Consejo un escrito en el que el reclamante manifiesta su desacuerdo con la Resolución de 20 de mayo de 2025 del Ayuntamiento de Alpedrete. En síntesis, manifiesta lo siguiente: «[…]He recibido la respuesta del Ayuntamiento en la que se omiten los informes periciales solicitados con la falaz excusa de "protección de datos": ..."se informa que no se pueden aportar los informes técnicos solicitado por la Ley Orgánica 3/2018, " cuando no es necesario ni se ha solicitado que figuren en ellos datos personales, que de figurar podrían anonimizarse fácilmente […]». QUINTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 7 de julio de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Según ha quedado acreditado en el expediente, el trámite de audiencia fue notificado el 11 de julio de 2025, sin que conste que el reclamante haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. La reclamación de la que trae causa este procedimiento se formuló originalmente frente a la desestimación presunta de la solicitud cuyo objeto ha sido reseñado en el antecedente de hecho primero. No obstante, dado que en el transcurso de este procedimiento se dictó la Resolución del Ayuntamiento de Alpedrete, de 20 de mayo de 2025 por la que se resolvió dicha solicitud, procede valorar en qué medida se ha visto alterado el objeto original de la reclamación en atención al contenido de la citada Resolución y, en particular, por las subsiguientes actuaciones realizadas por el interesado frente a dicha Resolución. A este respecto, tal y como se ha mencionado en el antecedente de hecho cuarto, ha tenido entrada un escrito en el que el interesado manifiesta su desacuerdo con el contenido de la Resolución. Por lo que, a la hora de resolver esta reclamación, ha quedado reconfigurado el objeto de la reclamación tras haberse dictado la Resolución, puesto que el reclamante ya no manifiesta su desacuerdo contra la desestimación presunta, sino contra la estimación parcial de su solicitud de información, concretamente lo referido a que el citado Ayuntamiento no le haya facilitado el acceso a los informes técnicos solicitados, motivando la denegación en la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. CUARTO. De acuerdo con el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». Si atendemos a esta definición, los informes técnicos relativos a las talas de árboles deben considerarse información pública. El Ayuntamiento ha invocado la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), para desestimar la solicitud de acceso a los informes técnicos mencionados. No obstante, dicha alegación carece de la debida motivación y justificación, lo cual resulta imprescindible, ya que no procede aplicar limitaciones de forma automática. Como señala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) RA CTBG 0065/2025, de 14 de febrero de 2025, «es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558)». Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Alpedrete, como responsable del tratamiento está sujeto al deber de confidencialidad, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDPGDD). Los informes técnicos solicitados, que contienen datos personales que el Ayuntamiento trata en el ejercicio de sus funciones están asociados a la actividad de gestión y seguimiento de expedientes de urbanismo y medio ambiente, actividad nº 15 de su Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) publicado en la página web del Ayuntamiento. 1 Conforme a la Disposición adicional segunda de la LOPDPGDD, el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se someterá, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la LOPDPGDD. Si bien, el Ayuntamiento no ha realizado la ponderación conforme al artículo 15.3, al tratarse de datos personales que no son de especial protección los que incluyen esos informes técnicos. https://www.alpedrete.es/privacidad/ En consecuencia, al tratarse de información pública en poder del Ayuntamiento, este Consejo considera que la solicitud debe ser estimada. En relación con la formalización del acceso, se recuerda que el Ayuntamiento debe proporcionar la información requerida al solicitante previa disociación de los datos personales que pudieran estar presentes en la documentación, conforme a lo establecido en el artículo 15.4 de la LTAIPBG y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD). QUINTO. En relación con la formalización del acceso, se señala que, en el caso de que el facilitar toda la información solicitada al reclamante implique una carga administrativa significativa, se ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de conceder el acceso a un número razonable y suficiente de informes técnicos que permitan al interesado «entender el motivo por el que se le niega la tala que ha solicitado», debidamente anonimizados. Corresponde al Ayuntamiento decidir, con el debido criterio y justificación, cuántos informes, debidamente anonimizados, deben facilitarse. De esta manera se garantizaría el derecho de acceso a la información pública del interesado y también el deber de confidencialidad del Ayuntamiento sobre los datos personales contenidos en esos informes. Asimismo, si toda la información solicitada implica una carga administrativa significativa, se ofrece al propio Ayuntamiento la posibilidad de conceder el acceso mediante la consulta presencial en las dependencias municipales de los informes técnicos solicitados, con la debida anonimización, lo que garantizaría así el derecho de acceso del reclamante. Cabe recordar que la simple vista de los informes técnicos no exime al Ayuntamiento de la obligación de anonimizar los datos, ya que se debe a la confidencialidad de los datos que trata en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, corresponde al Ayuntamiento limitar la expedición de copias en su caso –y no el ejercicio del derecho de acceso– únicamente en el caso de que se vean vulnerados los derechos de terceras personas y la protección de estos prevalezca sobre el derecho de acceso a la información pública, previa ponderación por parte de la entidad reclamada. De esta forma, se protegería el interés público en la transparencia y el derecho de acceso, a la vez que se limitaría el impacto sobre los derechos de las personas afectadas, si existiera. Asimismo, sería necesaria la advertencia expresa al reclamante sobre la responsabilidad por un uso indebido de la información concedida o las copias obtenidas, conforme al artículo 33.2 de la LTAIPBG, que establece que la persona que accede a la información queda sujeta a una serie de obligaciones, entre las que se incluyen: «b) Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho. c) Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté depositada. d) Respetar las obligaciones establecidas en la licencia y condiciones de uso de la información obtenida y en la normativa básica para la reutilización. Dichas obligaciones serán explicadas de forma clara por el suministrador de la información. e) Abonar las tasas que pudieran establecerse para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original». Respecto a las copias, el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), establece que los interesados «podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas». Por su parte, el artículo 22.4 de la LTAIPBG señala que «el acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable». De hecho, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la Resolución RT 0564/2020, ya hizo referencia a la potestad municipal de exigir el pago de una tasa por la expedición de documentos como consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la información (así como a sus modificaciones posteriores). De lo expuesto se desprende que no se puede cobrar por el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero sí por los documentos que sean copias o difieran en alguna medida del formato original, ya que estos serían una consecuencia del ejercicio del derecho referido. En este sentido, habría que estar a lo dispuesto en al régimen económico del Ayuntamiento de Alpedrete. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR parcialmente la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a la información que solicita sobre los informes técnicos de las talas, con la debida anonimización de los datos personales que puedan concurrir en el citado expediente. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Alpedrete a facilitar a la persona reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución; así como a remitir a este Consejo tanto las actuaciones realizadas como la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. TERCERO.- DESESTIMAR la reclamación en todo lo demás. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.