Reclamación por denegación de acceso a información sobre el recurso de apelación y situación procesal de una sentencia judicial de la Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 26 de diciembre de 2023, formuló una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifestó su desacuerdo con la Resolución del Abogado General de la Comunidad de Madrid, de 21 de diciembre de 2023, por la que se inadmitió la solicitud de acceso a la información pública del reclamante, de 12 de diciembre de 2023 (expediente: ), cuyo objeto era el acceso a la siguiente información: «Por sentencia de 1 de julio de 2022 del Juzgado Central Contencioso-administrativo 1, procedimiento ordinario 48/2021, se desestimó el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, Consejería de Hacienda y Función Pública, contra resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, condenando en costas a la recurrente, debiendo en consecuencia proporcionarse por parte de la Consejería la información relativa a si los miembros del Gobierno de Madrid y todos los altos cargos de su Administración, así como sus cónyuges, han presentado en plazo las correspondientes declaraciones anuales de bienes y actividades. En relación con este asunto solicito acceso a la información pública relativa a si la sentencia fue, o no, recurrida en apelación por la Comunidad de Madrid y, en caso, de haber sido así, acceso a la información pública relativa a la situación procesal actual del contencioso.» SEGUNDO. Consta en el expediente que el extinto Consejo de Transparencia y Participación admitió a trámite la reclamación, dio traslado de ella a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y le solicitó la remisión de un informe de alegaciones. A este respecto, consta en el expediente el informe de alegaciones del Abogado General de la Comunidad de Madrid, de 21 de marzo de 2024, en el que, en esencia, se manifiesta que la resolución impugnada es conforme a derecho, toda vez que la solicitud del interesado fue inadmitida en aplicación del apartado segundo de la disposición adicional primera de la LTPCM. TERCERO. Según se desprende de los datos obrantes en el expediente, el Consejo de Transparencia y Participación dio traslado al reclamante de la documentación citada en el antecedente de hecho anterior para que formulase las alegaciones que estimase convenientes. Asimismo, consta en el expediente que el extinto Consejo de Transparencia y Participación recibió las alegaciones del reclamante, de 5 de abril de 2024, en las que, en síntesis, manifiesta que la información solicitada «[e]s información pública que está en poder de la Comunidad de Madrid y ninguna norma le impide proporcionarla, debiendo, pues, estimarse la presente reclamación». CUARTO.- Mediante comunicación de la Secretaria General del Consejo de Transparencia y Protección de Datos notificada al reclamante se le informó de que su reclamación pasaría a ser resuelta por este Consejo y se le dio trámite de audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) concediendo un plazo máximo de diez días para que se ratificase en las alegaciones presentadas en su momento o, en su caso, informase a este Consejo de su intención de desistir de la reclamación o de la concurrencia de otras circunstancias que pudieran haber ocasionado la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Por su parte, el reclamante manifestó, mediante instancia remitida a este Consejo el 10 de marzo de 2025, que no había recibido la información solicitada, que su reclamación no fue resuelta por el extinto Consejo de Transparencia y Participación, que no renunciaba a su reclamación y que se ratifica en las alegaciones efectuadas en el curso del procedimiento de reclamación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) LTPCM, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. Asimismo, la disposición transitoria única de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, establece que las reclamaciones en materia de acceso a la información pendientes de resolución a 22 de mayo de 2024, fecha del nombramiento del Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, serán resueltas por este Consejo. SEGUNDO. Al haber sido interpuesta la reclamación ante el anterior Consejo sin que éste hubiera dictado resolución expresa, ya había operado el efecto desestimatorio del silencio a la fecha de entrada en funcionamiento de este nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos. No obstante, el artículo 21.1 LPACAP establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Con todo, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. TERCERO. La reclamación fue formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48.1 LTPCM, según el cual «la reclamación se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». CUARTO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». QUINTO. En el presente caso, la reclamación trae causa de una solicitud en la que se pretende conocer si la Comunidad de Madrid ha recurrido la Sentencia del Juzgado Central Contencioso-administrativo 1, procedimiento ordinario 48/2021, de 1 de julio de 2022, que desestimó el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se instaba a la Consejería de Hacienda y Función Pública a proporcionar la información relativa a si los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y todos los altos cargos de su Administración, así como sus cónyuges, han presentado en plazo las correspondientes declaraciones anuales de bienes y actividades; y, en ese caso, la situación procesal del recurso. En respuesta a la citada solicitud, se dictó la Resolución del Abogado General de la Comunidad de Madrid, de 21 de diciembre de 2023 (expediente: 17-OPEN-137.3-2023), que inadmitía dicha solicitud porque, a juicio del órgano informante, resulta aplicable el apartado segundo de la disposición adicional primera de la LTPCM, en la medida en que el acceso a la información solicitada se rige por una norma específica, a saber, los artículos 234 y 454.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). En lo que respecta a la alegada aplicabilidad del apartado segundo de la disposición adicional primera de la LTPCM, debe recordarse que, según consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el régimen de acceso a la información pública previsto en la Ley 19/2013 únicamente queda desplazado en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación subsidiaria en los extremos no regulados en las normas sectoriales [vid., por todas, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2022 (núm. rec. 148/2021)]. En este caso, la resolución impugnada se limita a afirmar, para justificar la existencia de un régimen jurídico específico, que se solicita información sobre un proceso judicial entendiendo que el acceso a la información solicitada se rige por los artículos 234 y 454.4 LOPJ, referidos a la información sobre el estado de actuaciones procesales y a los documentos que consten en autos correspondientes a un proceso judicial. Sin embargo, esta invocación genérica no resulta suficientemente explicativa del régimen específico que se considera aplicable, ni tal consideración se cohonesta con el objeto de la solicitud considerada tal como se desprende de sus propios términos y de las propias alegaciones del reclamante. En efecto, lo pretendido no es el acceso a la información que obre en el eventual proceso judicial, sino conocer el dato de si la Administración ha recurrido la citada Sentencia del Juzgado Central Contencioso-administrativo 1, procedimiento ordinario 48/2021, de 1 de julio de 2022; y, en ese caso, cuál es la situación procesal (debiéndose entender por tal referencia a la situación procesal la especificación de qué en fase se encuentra el recurso). A esta solicitud de acceso a la información le resulta plenamente aplicable el régimen de acceso a la información pública previsto en los artículos 12 y ss. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y de los artículos 30 y ss. LTPCM, por lo que su inadmisión o la restricción del acceso a la información solicitada debería haberse fundamentado en alguna de las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIPBG o de los límites previstos en el artículo 14 LTAIPBG, lo que no se ha producido en este caso. Así, dado el carácter de información pública de lo solicitado (sin que la Administración haya manifestado que la información no obre en su poder), descartada la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información que desplace a la Ley 19/2013 y a la Ley 10/2019 y atendida la ausencia de motivación de la inadmisión en las causas legalmente establecidas, procede la estimación de la reclamación. A este respecto, nos parecen ilustrativos los razonamientos recogidos en la Resolución 1041/2024 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 19 de septiembre de 2024, que mantiene un criterio similar al desarrollado en esta resolución en relación con el acceso a la información relativa a si la Comunidad de Madrid había recurrido en apelación determinada sentencia desestimatoria de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha administración; y, en ese caso, cuál era la situación procesal del recurso. En conclusión, a juicio de este Consejo, la reclamación debe ser estimada en la medida en que la información solicitada es información pública conforme a la definición de este concepto establecida en el artículo 5.b) LTPCM y la administración no ha acreditado la concurrencia de ninguna causa de inadmisión o límite previsto en la Ley 19/2013 y la Ley 10/2019. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de instar a la Comunidad de Madrid a facilitar al reclamante la siguiente información: si la Comunidad de Madrid ha recurrido la Sentencia del Juzgado Central Contencioso-administrativo 1, procedimiento ordinario 48/2021, de 1 de julio de 2022; y, en ese caso, la situación procesal del recurso. SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a facilitar al reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.