Reclamación por falta de acceso a la licencia de actividad del Mercado de Motores del Ayuntamiento de Madrid, resuelta con estimación

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. El día 14 de enero de 2024, formuló una reclamación ante el extinto Consejo de Transparencia y Participación al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, LTPCM). La reclamante manifestaba no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada el día 9 de diciembre de 2023 ante la Dirección General de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid. En ella, pedía que se le facilitase la siguiente información: «Licencia de actividad con la que opera actualmente el Mercado de Motores, en el exterior del Museo del Ferrocarril» SEGUNDO. Consta en el expediente que el extinto Consejo de Transparencia y Participación admitió a trámite la reclamación el día 7 de febrero de 2024 y solicitó al Ayuntamiento de Madrid la remisión de un informe completo con las alegaciones que considerase oportunas. En dicho escrito de alegaciones, el órgano reclamado manifestó lo siguiente: «En su reclamación, la interesada manifiesta su disconformidad con la respuesta recibida en el expediente En efecto, en el expediente de referencia se facilitó una información que no se correspondía con la pretendida por la reclamante. No obstante, una vez recibida la segunda petición y concretado el objeto de dicha solicitud, por parte de la unidad competente, se facilitó en la resolución del expediente número la información correspondiente a la actividad y emplazamiento señalado en la solicitud, que se notificó a la reclamante el 22 de enero de 2024.» TERCERO. El día 7 de marzo de 2025 este Consejo confirió a la reclamante el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con un plazo máximo de diez días para que presentase alegaciones. Constan en el expediente dos acuses de recibo de la notificación telemática rechazados automáticamente por la finalización del plazo. No obstante, se practicó una notificación por correo postal que fue entregada en el domicilio de la reclamante el día 10 de junio de 2025. En uso del trámite de audiencia conferido por este Consejo, la reclamante presentó un escrito de alegaciones en el que señaló, en síntesis, que seguía sin haber recibido la licencia solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1.a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. Asimismo, la disposición transitoria única de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, establece que las reclamaciones en materia de acceso a la información pendientes de resolución a 22 de mayo de 2024, fecha del nombramiento del Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, serán resueltas por este Consejo. SEGUNDO. Al haber sido la reclamación interpuesta ante el anterior Consejo sin que este hubiera dictado resolución expresa, ya había operado el efecto desestimatorio del silencio a la fecha de entrada en funcionamiento de este nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos. No obstante, el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. TERCERO. De la documentación existente en el expediente, podría extraerse que la reclamación habría sido formulada por la interesada dentro del plazo establecido. El artículo 48 LTPCM establece que la reclamación «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». CUARTO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». El derecho a la información, aplicable de forma general a la actividad administrativa, cobra especial importancia en el ámbito urbanístico. En este campo, cualquier ciudadano puede ejercer un control sobre el cumplimiento de la legalidad vigente, así como sobre la ejecución de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión urbanística. Por ello, se reconoce el derecho de acceso a la información que posean las Administraciones Públicas en relación con la planificación del territorio, el urbanismo y su evaluación ambiental. Asimismo, se garantiza la posibilidad de obtener copias o certificaciones de disposiciones o actos administrativos; así como de recibir por escrito información completa sobre el régimen urbanístico aplicable a una parcela concreta, conforme a lo previsto en el artículo 5 letras c) y d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, LSRU). Así, la documentación contenida en los expedientes de los procedimientos urbanísticos –por ejemplo, una licencia– debería considerarse, en principio, información pública, dado que se encuentra en poder de una entidad sujeta a dicha normativa y ha sido generada u obtenida en el marco de las funciones urbanísticas municipales previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). Por tanto, la licencia mencionada por la reclamante se incardinaría dentro del concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM. Además, no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada, ni que la entidad requerida haya alegado motivo alguno de inadmisión ni límite legal que justifique la denegación del acceso a la licencia. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid estimó el acceso a la información mediante la Resolución, de 18 de diciembre de 2023, de la Gerencia de Agencia de Actividades. En ella, se facilitó información relativa a dos licencias urbanísticas, así como los horarios y prescripciones medioambientales relativas al inmueble sito en Paseo Delicias 61 A. En un primer momento, la entidad reclamada consideró que el emplazamiento y la actividad a la que se refería la solicitante estaba incluida y amparada en la licencia urbanística de carácter temporal concedida a para la actividad Espacio Delicias. En una comunicación posterior, la reclamante señaló que esta no era la información que ella había solicitado, circunstancia que el Ayuntamiento de Madrid trasladó a la Dirección General de Transparencia y Calidad. Por ello, finalmente se dictó una nueva Resolución de fecha 18 de enero de 2024 por parte del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. En esta Resolución, informada por la Dirección General de Edificación, se apreció que procedía la estimación del acceso a la información solicitada por la reclamante: «la información pública solicitada no se encuentra dentro de ninguno de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ni afecta a derechos o intereses de terceros, por lo que procede CONCEDER el acceso a la solicitud». No obstante, el Ayuntamiento lo que hizo fue facilitar a la reclamante un informe en el que se explicaban las especificidades de la licencia en cuestión en los siguientes términos: «Por Resolución del Director General de Control de la Edificación de fecha 7/04/2015, con posterior corrección de error material aprobada por Resolución de 21/04/2015, con el expediente 711/2014/23665, se concedió licencia urbanística para la celebración del evento denominado “MERCADO DE MOTORES”, como una actuación provisional y temporal, consistente en la instalación de un mercadillo, con zonas de restauración, a desarrollar en el interior del edificio del Museo del Ferrocarril y en los espacios exteriores junto a la playa de vías, vías muertas y la vía pública colindante a dicho edificio. Posteriormente, por Resolución del Director General de Control de la Edificación de fecha 7/04/2015, expediente se concedió la correspondiente Licencia de Funcionamiento. En los expedientes y 9 y sus resoluciones de la Directora General de Control de la Edificación, de fechas 03/10/2016 y 12/07/2018, se concedieron modificaciones de la licencia urbanística otorgada con el citado expediente , referida al período de vigencia de dicha licencia provisional y temporal, que se ampliaban en un plazo que se podía prorrogar una sola vez. En el expediente 7 y mediante resolución del Director General de la Edificación de fecha 14/04/2021, se concede modificación de la licencia otorgada en el expediente en lo que al período de vigencia se refiere, ampliando el plazo en un año y 8 meses (periodo comprendido entre el 15/04/2021 y el 12/12/2022), prorrogables por un plazo de igual duración. Con fecha 02/12/2022 solicita prórroga del plazo concedido para el ejercicio de la actividad autorizada en la modificación de licencia urbanística nº arriba mencionada; comprobada la documentación presentada, con el expediente por resolución del Director General de la Edificación de fecha 04/01/2023, se concede una prórroga por un plazo de un año y 8 meses.» Tras analizar la documentación obrante en el expediente, este Consejo ha apreciado que, si bien es cierto que en la Resolución impugnada se expuso una gran cantidad de información de interés para la reclamante, no hay constancia de que la licencia como tal le haya sido facilitada. Esta circunstancia ha sido confirmada por ella misma en el escrito de alegaciones que presentó en uso del trámite de audiencia conferido por este nuevo Consejo: «quedo a la espera de la resolución de este expediente y, por tanto, de la recepción de la mencionada licencia». Por ello, y en aplicación de la regla general de acceso reconocida en la normativa de transparencia, este Consejo aprecia que la reclamación debería ser estimada. Este carácter de información pública que tienen las licencias urbanísticas ya ha sido reconocido por otros Consejos, como es el caso de la Resolución 488/2024, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a la licencia solicitada, previa disociación de los datos personales que pudiera contener. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Madrid a facilitar a la persona reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.