Reclamación por falta de respuesta sobre informes de necesidad y facturas de contratos menores en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. El día 25 de abril de 2025 tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, LTPCM). La reclamante manifiesta no haber recibido respuesta de la Consejería de Sanidad (SERMAS) sobre diversas solicitudes de información pública referidas a contratos menores tramitados en diferentes Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Dichas solicitudes de información pública se interpusieron con fecha de 23 de febrero de 2025. En ellas, se solicitaba lo siguiente: «1. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 157 contratos menores con la empresa para la compra, por parte del hospital de la princesa, de “fresa para disección ósea” durante el año 2019. y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 157 contratos menores. 2. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 37 contratos menores para la compra de “fijacion correccion vertebral v/ant.y post. cualquier segmen” durante el año 2019 por parte del HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 37 contratos menores. 3. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 84 contratos menores con la empresa para la compra, por parte del hospital de la princesa, de “kit para terapia intensiva de insulina con bomba externa con capacidad de modificación automatizada”durante el año 2019. y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 84 contratos menores. 4. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 23 contratos menores para la compra de “cifoplastia” durante el año 2019 por parte del hospital ramón y cajal y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 23 contratos menores. 5. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 38 contratos menores con la empresa para la compra, por parte del hospital de la princesa, de “carga grapadora universal articulada 60mm. 3.0-3.5-4.0” durante el año 2019. y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 38 contratos menores. 6. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 36 contratos menores con la empresa para la compra, por parte del hospital de la princesa, de “endocortador universal” durante el año 2019. y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 36 contratos menores. 7. solicitar copia del informe de necesidad para la realización de 44 contratos menores con la empresa para la compra, por parte del hospital príncipe de asturias, de “dispositivo interespinoso p/cirugia vertebral” y solicito además copia de las correspondientes facturas emitidas por el proveedor para estos 44 contratos menores.» SEGUNDO. El día 6 de mayo de 2025 se envió al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). Ese mismo día se trasladó la documentación a la Consejería de Sanidad para que remitiera un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulara las alegaciones que considerase oportunas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC. Según ha quedado acreditado en el expediente, el trámite de audiencia fue notificado el 6 de mayo de 2025 sin que conste que haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. TERCERO. Mediante notificación de la Secretaria General de este Consejo, de fecha 5 de agosto de 2025, se dio comunicó al reclamante que la Consejería de Sanidad no había remitido informe y escrito de alegaciones requeridos y se le confirió el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC con un plazo máximo de diez días para que presentara alegaciones. En uso del trámite de audiencia conferido, el reclamante presentó un escrito de alegaciones en el que señaló, en síntesis, lo siguiente: «[…] Ruego que se me dé una justificación argumentada por escrito del porqué de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no puede solicitar a cada hospital una copia del informe de necesidad preceptivo según la LCSP 9/2017) y una copia de la factura correspondiente […]» FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. Según dispone el artículo 4.2. d) del Decreto 90/2025, de 19 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de este Consejo, corresponde a su Presidente resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del citado artículo 77.1 a). SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTPCM delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de «formato o soporte». Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza «pública» de las informaciones: (a) que se encuentren «en poder» de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas «en el ejercicio de sus funciones». Como señala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) RA CTBG 0065/2025, de 14 de febrero de 2025, «es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558)». CUARTO. El objeto de la solicitud que trae causa de la presente reclamación es subsumible en la noción legal de información pública, sin perjuicio de que corresponda valorar si concurre alguna de las limitaciones que pudieran condicionar el acceso a la información solicitada. Los contratos menores se regulan en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Dicho artículo define los umbrales, los requisitos de justificación del gasto y de la necesidad del contrato, así como la documentación mínima que integra el expediente de contratación y que debe quedar incorporada al mismo. En concreto, el artículo 118 LCSP establece, entre otros extremos, que la tramitación de un contrato menor exige la emisión de un informe del órgano de contratación justificando motivadamente la necesidad del contrato, la aprobación del gasto correspondiente y la incorporación al expediente de la factura o facturas derivadas del cumplimiento del contrato que reúnan los requisitos que las normas de desarrollo de la Ley establezcan. Es en el propio artículo en el que se establece que: «1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. 3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. 6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.» Es la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la que establece el expediente del contrato menor, y por tanto la documentación que debe incorporar. Así, determina que: «Habida cuenta de lo expuesto y, de acuerdo con el artículo 118 de la LCSP, el expediente deberá incorporar la siguiente documentación: 1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. El citado informe debe incluir, al menos, los siguientes extremos: – El órgano de contratación competente. – El objeto del contrato. – La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido. – En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o, en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervisión de proyectos cuando proceda. – Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección. – La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto plurianual). – La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo. 2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3 de la LCSP, de acuerdo con los parámetros establecidos en el epígrafe I. 3. El contrato, igualmente, deberá contar con la acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose posteriormente la factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato. 4. En los términos ya expresados en el epígrafe anterior y con el fin de velar por la mayor concurrencia, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas que se incorporarán al expediente junto con la justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración, tal y como se ha indicado en el primer punto. De no ser posible lo anterior, debe incorporarse al expediente la justificación motivada de tal extremo. La información o documentación relacionada en los puntos 1, 2 y 3, así como la justificación a la que hace referencia el punto 4, y en aras de la simplificación administrativa, podrán unificarse en un único documento o informe del órgano de contratación.» De esta manera, queda reflejado que el informe de necesidad, circunscrito al expediente de contratación de un contrato menor, es información que obra en poder de la Administración, ya que se trata de una documentación preceptiva, necesaria para la tramitación del expediente del contrato y vinculada al ejercicio de funciones administrativas de contratación, y, por ello, debe considerarse información pública accesible al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. En virtud de lo dispuesto en LTPCM, se reconoce el derecho subjetivo de acceso a la información pública como un derecho universal para solicitar y obtener la información veraz que obre en los sujetos incluidos en el ámbito de la aplicación de la ley, sin más requisitos ni condiciones que los establecidos en la propia normativa, es decir, la aplicación de los límites recogidos en el artículo 14 y 15, así como las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIPBG. Igualmente, las facturas que documentan el cumplimiento de los contratos menores forman parte del expediente de contratación y de la gestión del gasto público de la Administración. Se trata de documentos que obran en poder de la Administración y que han sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones, lo que conforme al artículo 5 b) LTPCM le confiere la condición de información pública accesible al amparo del derecho de acceso a la información pública. Además, estas facturas tienen una relevancia jurídica y práctica que va más allá de su naturaleza contable o administrativa. No solo documentan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación, sino que constituyen elementos esenciales de justificación y control del gasto público, permitiendo verificar de forma directa la existencia, cuantía, destinatario y finalidad del gasto comprometido y satisfecha por la Administración. Esta función de las facturas como instrumento de soporte y verificación del gasto se inserta en el núcleo de los fines perseguidos por la normativa de transparencia. La finalidad esencial de la normativa de transparencia, reconocida tanto en la LTPCM como en la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, es garantizar la rendición de cuentas y el control por parte de la ciudadanía sobre la actuación de los poderes públicos, asegurando que la información pública esté a disposición de todas las personas sin más requisitos que los legalmente establecidos. En este marco, las facturas constituyen una de las herramientas más eficaces para comprobar que el gasto público se ha efectuado de forma ordenada, ajustada a la planificación presupuestaria y conforme a derecho, puesto que permiten verificar no solo la existencia del gasto, sino también su correlación con el objeto del contrato, favoreciendo la trazabilidad y legitimidad del gasto público frente a la ciudadanía y los órganos de control. Por todo lo anterior, este Consejo considera que tanto los informes de necesidad de los distintos contratos menores tramitados en los diferentes Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, así como las facturas de los mismos, se incardinan en el concepto de información pública recogida en el artículo 5 b) LTPCM, y dado que no se aplica en el presente caso ningún límite recogido en los artículos 14 y 15 LTAIPBG ni ninguna causa de inadmisión del artículo 18 LTAIPBG debe concederse el acceso a la información solicitada. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a la información que se solicita sobre los informes de necesidad y las facturas de los siguientes contratos menores: I. 157 contratos menores con la empresa medtronic iberica sa para la compra, por parte del Hospital de la Princesa, de “fresa para disección ósea” durante el año 2019. II. 37 contratos menores para la compra de “fijacion correccion vertebral v/ant.y post. cualquier segmen” durante el año 2019 por parte del Hospital Ramón y Cajal. III. 84 contratos menores con la empresa medtronic iberica sa para la compra, por parte del Hospital de la Princesa, de “kit para terapia intensiva de insulina con bomba externa con capacidad de modificación automatizada” durante el año 2019. IV. 23 contratos menores para la compra de “cifoplastia” durante el año 2019 por parte del Hospital Ramón y Cajal. V. 38 contratos menores con la empresa medtronic iberica sa para la compra, por parte del Hospital de la Princesa, de “carga grapadora universal articulada 60mm. 3.0-3.5- 4.0” durante el año 2019. VI. 36 contratos menores con la empresa medtronic iberica sa para la compra, por parte del Hospital de la Princesa, de “endocortador universal” durante el año 2019. VII. 44 contratos menores con la empresa medtronic iberica sa para la compra, por parte del hospital Príncipe de Asturias, de dispositivo interespinoso p/cirugia vertebral”. SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad a facilitar a la persona reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.