Acceso a expedientes informativo y disciplinario sobre hechos acaecidos en enero de 2020

Resolución: RDA017/2022 N.º Expediente de la Reclamación: RDACTPCM022/2021 Reclamante: . Administración reclamada: Comunidad de Madrid. Información reclamada: Expedientes informativo y disciplinario. Sentido de la resolución: Desestimación. ANTECEDENTES PRIMERO. El día 22 de noviembre de 2021 se recibe en este Consejo reclamación de Dña. por disconformidad con la respuesta a su solicitud de información formulada en fecha 30/09/2021 a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, relativa a la copia de los expedientes informativo y disciplinario sobre los hechos acaecidos en enero de 2020 de los que es parte y la resolución adoptada en los mismos. En concreto, la interesada expone en su reclamación lo siguiente: Recibí una comunicación vía WhatsApp (vía no oficial) por parte del jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, D. (…), en el que me informa que la resolución del expediente disciplinario ha sido la imposición de una falta leve por apercibimiento a D. (…). Asimismo, me informa de que la sanción no conlleva traslado de centro de trabajo, por lo que existe la posibilidad de volver a coincidir en tiempo y espacio con dicho compañero. Debido a que los hechos que derivaron en la apertura de dicho expediente disciplinario, me provocaron una baja psicológica y por todo ello, me encuentro en total desacuerdo con la decisión tomada y solicito que me proporcionen el expediente para emprender las acciones necesarias, para reabrir un nuevo proceso en el que se esclarezcan los hechos, con los testimonios de las personas allí presentes y de aquellas que han presenciado en diferentes momentos calumnias y difamaciones sore mi persona, lo que puede demostrar una situación de acoso laboral por razón de sexo. SEGUNDO. El 13 de diciembre de 2021 este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de la misma al Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, Justicia e interior de la Comunidad de Madrid, solicitándole la remisión de las alegaciones que consideren convenientes, copia del expediente y en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la señalada reclamación. TERCERO. El 7 de enero de 2022 el Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior remite informe emitido por el Subdirector General de Personal. En dicho informe se expone que se denegó el acceso a la información pública efectuado por la reclamante de forma motivada con los siguientes argumentos: 1. Con base en el artículo 15.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno (en adelante, LTBG), los datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor solo pueden ser objeto de acceso a la información si existe consentimiento expreso del afectado o si dicho acceso estuviese amparado por una norma con rango de ley. Puesto que no existe consentimiento expreso, no cabe el acceso a dicha información. Tampoco existe una norma con rango de ley que dé cobertura al acceso. 2. Al tratarse de un grupo de funcionarios reducido, concreto y determinable, todos ellos pertenecientes al parque de bomberos de Las Rozas, la disociación de datos no impediría la identificación del afectado. 3. El apartado c del artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos recoge los datos de personales relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas como datos especialmente protegidos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante LTPCM) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia del Pleno de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley serán de aplicación a: “…a) La Administración pública de la Comunidad de Madrid.” CUARTO: En el caso que nos ocupa, la reclamante solicita el expediente disciplinario que trajo causa de descalificaciones verbales contra la reclamante vertidas por el funcionario expedientado y sancionado. Ello constituye el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. No obstante, sobre este particular, tanto la LTAIBG como la LTPCM establecen límites. Así, la LTAIBG en su artículo 15.1 dispone: 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Por su parte, la LTPCM establece en su artículo 35: 1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales de categoría especial se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma Ley. Tendrá también en cuenta los criterios que adopte la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la protección de datos personales. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación o anonimizando de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. QUINTO. Ambos preceptos han de ser interpretados en relación con el contexto del tiempo en que han de ser aplicados. Así, el artículo 15.1 de la LTAIBG es anterior al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) Ninguna de estas dos normas reguladoras del derecho a la protección de datos personales contempla como datos de especial protección los relativos a las infracciones administrativas sino únicamente los relativos a las infracciones penales. En efecto, el artículo 10 del RGPD dispone: El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades. Por su parte, el artículo 10 de la LOPDGDD establece: 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, la disposición derogatoria de la LOPDGDD establece: Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. La interpretación sistemática de los preceptos señalados podría conducirnos a considerar que la equiparación en la protección de datos relacionados con infracciones penales y administrativas que realiza la LTBG no es compatible con lo establecido en el RGPD ni en la LOPDGDD, que no establece dicha equiparación. Por ello, no cabe considerar que los datos solicitados por la reclamante estén sujetos a la especial protección de los datos de categoría especial. SEXTO. En este sentido, resultaría de aplicación lo establecido en el apartado 3 del propio artículo 15 LTAIBG: Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. La LTPCM en su artículo 35.3 recoge las mismas previsiones: Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma Ley. Tendrá también en cuenta los criterios que adopte la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la protección de datos personales. Procede hacer, por tanto, una ponderación entre el interés público en la divulgación de la información y el derecho del afecto a la protección de sus datos personales y en este caso, observamos que no se da un interés público preponderante que lo justifique: La reclamante solicita el acceso al expediente disciplinario para valorar la posibilidad de iniciar acciones judiciales relacionadas con los hechos y precisamente las actuaciones judiciales son el cauce idóneo donde puede solicitar la información reclamada. SÉPTIMO. El art. 5.1.b) RGPD dispone que los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales. Se trata del principio de limitación de la finalidad, uno de los principios relativos al tratamiento de datos que regula el RGPD. Este principio implica que los datos se recaban y tratan para el cumplimiento de determinados fines, que han de ser explícitos y enmarcarse en las funciones, competencias y actividades del responsable del tratamiento. Los datos, pues, se recogen para finalidades determinadas, expresas y legítimas, de conformidad con los principios de transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad en el tratamiento de los datos. El respeto a la finalidad para la cual se recogen los datos personales forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos, como ha quedado aseverado por el Tribunal Constitucional en SSTC 94/1998 y 292/2000. La finalidad es lo que justifica el tratamiento de los datos y, en dicha medida, permite la injerencia en los derechos de las personas. La finalidad de tratamiento prevista para los datos recabados en un expediente disciplinario no es otra que el cumplimiento de la obligación legal de la Administración de reconducir el comportamiento del personal a su servicio en caso de que se hayan producido en el mismo desviaciones de mayor o menor gravedad mediante la imposición de las sanciones correspondientes y proporcionadas a dicha gravedad, siempre dentro del cumplimiento del principio de legalidad sancionadora impuesto por el artículo 25 de la Constitución Española. El incumplimiento de la finalidad prevista para el tratamiento de los datos personales facilitándoselos a terceros que, como la interesada, han declarado una finalidad diferente constituiría un incumplimiento del principio de licitud en el tratamiento y un incumplimiento del RGPD. El artículo 6 RGPD contempla seis modalidades de bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos personales. En el presente caso, la base legitimadora es la prevista en la letra c) del apartado 1 del mencionado precepto: el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Obligación legal que se encuentra contemplada en el Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El desarrollo de la normativa sobre el régimen disciplinario de los empleados públicos se contempla en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, cuyo artículo 48.3 dispone: La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos. Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de esta. Según consta en el expediente remitido, la reclamante no fue denunciante en el expediente disciplinario incoado, pero aún en la hipótesis de que lo hubiera sido, únicamente tendría derecho a la notificación de la resolución del expediente y no al expediente completo, como ella solicita. Por lo expuesto, consideramos que la reclamante no tiene derecho a la información solicitada. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido, ÚNICO. Desestimar la Reclamación con número de expediente RDACTPCM022/2021, por no constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 10/2019, de 10 de diciembre, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Consejo de Transparencia y Participación, esta reclamación tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Antonio Rovira Viñas. Presidente Responsable del Área de Acceso a la Información Ricardo Buenache Moratilla. Consejero Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana Rafael Rubio Núñez. Consejero Responsable del Área de Publicidad Activa y Control