Solicitud de información sobre el número de fincas rústicas y actividades agropecuarias con suministro de agua

Resolución: RDA070/2022 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM170/2022 Reclamante: Administración reclamada: Canal de Isabel II. Información reclamada: Número de fincas rústicas y actividades agropecuarias con servicio de suministro de agua para riego y/o para consumo animal. Sentido de la resolución: Terminación del procedimiento. Pérdida de objeto. ANTECEDENTES PRIMERO. El día 18 de mayo de 2022 se recibe en este Consejo reclamación de Dña. , por disconformidad con la respuesta a su solicitud de información formulada en fecha 29/03/2022, relativa al número de fincas rústicas y de actividades agropecuarias a las que el Canal de Isabel II presta servicio de suministro de agua para riego y/o para consumo animal. En concreto, la interesada expone en su escrito de reclamación lo siguiente: Falta de respuesta a la pregunta planteada, elusión de la obligación de transparencia. La pregunta es clara: se ha preguntado por el numero de fincas rusticas y explotaciones agropecuarias a las que el Canal de Isabel II presta abastecimiento de agua y/o riego. El Canal de Isabel II elude la respuesta respondiendo algo que no se ha preguntado, y negando la contratación de suministros a fincas de carácter agrícola o ganadero. EL CANAL DE ISABEL II SÍ COMERCIALIZA AGUA PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, tal y como puede apreciarse en el portal: Oficina virtual. Canal de Isabel II, S.A. (canaldeisabelsegunda.es), así como en el ART.4 "GRUPOS DE USO" del Decreto 29/2018, de 17 de abril del Consejo de Gobierno (BOCAM N 93 19-4- 2018), en el cual se establecen las diferencias de tarifas en función de los distintos tipos de suministros que presta el canal de Isabel II, entre ellas, las tarifas para fin cas agrícolas y ganaderas. En su petición inicial, la reclamante solicitó la siguiente información: Mediante la presente les ruego me informen del número de fincas rústicas y de actividades agropecuarias a las que el Canal de Isabel II presta servicio de suministro de agua para riego y/o para consumo animal. SEGUNDO. El 17 de junio de 2022 este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de esta al Área de Protección de datos, Transparencia y Nuevas Tecnologías del Canal de Isabel II, solicitándole la remisión de las alegaciones que consideren convenientes, copia del expediente y en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la señalada reclamación. TERCERO. El día 8 de julio de 2022, la administración reclamada, nos da traslado del escrito de alegaciones señalando lo siguiente: (…) PRIMERA. En lo relativo a la pregunta planteada, respuesta facilitada y modificación de la reclamación. La solicitud del reclamante, que consta acompañada a la reclamación formulada por el particular, pone de manifiesto que solicitó el número de fincas rústicas y actividades agropecuarias a las que Canal prestaría específicamente el suministro de agua dirigido al riego y/o para consumo animal. A este respecto, Canal contestó al particular, en tiempo y forma, indicando que Canal no dirige el suministro, ni tiene una tarifa específicamente para riegos agrícolas o para la ganadería en fincas rústicas. Sin perjuicio de la respuesta facilitada por Canal, en la siguiente alegación se explicará el régimen jurídico más relevante en que se fundamenta la respuesta facilitada. SEGUNDA. Régimen jurídico. Canal presta servicio de suministro de agua potable a la población de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1º, 2º del Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el servicio y distribución de las aguas de Canal de Isabel II, (Del ámbito de aplicación) y a cuyo tenor: Artículo 1. El servicio de distribución de agua, prestado por el Canal de Isabel II –en lo sucesivo, Canal– a Madrid, se podrá extender única y exclusivamente a terrenos, territorios o zonas situadas dentro del área de su competencia, que reúna los requisitos que señala la Ley del Suelo –salvo el del abastecimiento de aguas– para caracterizar el suelo urbano o el urbanizable, con arreglo a proyectos previamente conocidos y aceptados por el Canal y debidamente informados por las Entidades oficiales competentes. Artículo 2. El suministro de agua por el Canal se ajustará en todos los casos al presente Reglamento y al Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 12 de marzo de 1954 y demás disposiciones generales aplicables a tales suministros en cuanto no resulten afectadas por aquél. Las reclamaciones, las dudas sobre aplicación del mismo y, en general, toda cuestión que se plantee en las relaciones Canal-abonado, serán resueltas por la Delegación del Gobierno en aquél. Como puede apreciarse, el carácter imperativo y ex lege del Reglamento, es claro al determinar qué fincas pueden ser objeto de suministro, no estando el suministro dirigido a fincas rústicas. Por tanto, la contestación de Canal se encuentra debidamente fundamentada. En todo caso, el citado Decreto, está en concordancia con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante, LSCM), que establece que el suministro de agua potable sólo se puede prestar en Suelo Urbano y Urbanizable. Así, el artículo 14 de la citada Ley establece para el Suelo Urbano: “1. Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que, formando parte de una trama urbana, cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Que sean solares por ser aptos para la edificación o construcción y estar completamente urbanizados, estando pavimentadas las calzadas y soladas y encintadas las aceras de las vías urbanas municipales a que den frente y contando, como mínimo, con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y alumbrado público conectados a las correspondientes redes públicas. b) Que cuenten con urbanización idónea para la edificación o construcción a que deba otorgar soporte y realizada en grado suficiente, que proporcione, en todo caso, acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y alumbrado público. c) Que estén ocupados por la edificación o construcción al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezca el planeamiento urbanístico. d) Que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.” Y el artículo 15 para el Suelo Urbanizable: “1. Tendrán la condición de suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento general adscriba a esta clase de suelo, mediante su clasificación, por no proceder serlo a las clases de suelo urbano y no urbanizable de protección, y podrá ser objeto de transformación, mediante su urbanización o cualquiera de las otras formas previstas en la presente Ley, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de conformidad con las Normas que reglamentariamente se establezcan.” Por otro lado, de forma excepcional, la normativa urbanística ha permitido que se realicen edificaciones en fincas situadas en suelo no urbanizable de protección (fincas rústicas), por lo que la edificación podría disponer de agua destinada al consumo humano siempre que se cumpla con el resto de los requisitos. A modo de ejemplo, la LSCM permite la edificación en este tipo de suelos, siempre que se cuente con la correspondiente calificación urbanística. Lo anterior no supone que Canal preste suministro de agua dirigido a fincas rústicas conforme se ha expuesto supra. Por otro lado, de la Disposición adicional quinta de la Ley 17/84 se desprende que el objetivo del sistema integral de abastecimiento el siguiente: “(…) recoger, transportar, tratar y distribuir las aguas brutas destinadas al abastecimiento de la población”. Asimismo, Artículo 13 de la citada Ley 17/84 establece que: “1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid determinará para todo su territorio las tarifas máximas correspondientes a los distintos servicios, así como los índices de progresividad que pudieran establecerse en razón de los usos, cuantía de los consumos, o razones de carácter técnico y social que así lo aconsejen. De tal decisión se informará a la Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas de la Asamblea de Madrid. 2. La tarifa aplicable a cada servicio será fijada, dentro de los límites establecidos, por la correspondiente entidad gestora. Su cuantía será igual para todos los usuarios del servicio prestado. 3. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá establecer regímenes singulares de tarifación, siempre dentro de la cuantía de tarifa máxima definida, cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen y en los supuestos donde los mismos usuarios realicen, total o parcialmente, los servicios incluidos en el abastecimiento o saneamiento”. Consecuentemente, la mencionada Ley, reconoce que se puedan establecer tarifas diferentes y/o singulares, motivo por el cual se establecen tarifas distintas en el Decreto 29/2018, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las tarifas máximas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización del agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid. No obstante, la existencia de distintas tarifas no supone que Canal preste servicios de suministro de agua para riego y consumo animal dirigidas a “fincas rústicas y de actividades agropecuarias”. Canal presta servicio de consumo de agua potable dirigido a la población (consumo humano) pero no dirigido al consumo de animales ni a la agricultura. A su vez debemos traer a colación que, Canal, no es el responsable de la asignación de los recursos hídricos existentes al recaer dichas competencias en la Confederación Hidrográfica del Tajo. En este sentido, y de conformidad con el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el agua forma parte del dominio público de competencia estatal “correspondiendo al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico”, precisamente porque: “Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico”. Conforme al artículo 17 de la Ley de Aguas, el Estado se ocupa especialmente de la planificación hidrológica de este recurso escaso, a fin de garantizar que todos los usos quedan garantizados (abastecimiento, riego y usos industriales), siendo prioritario el uso de abastecimiento conforme al artículo 60 de la Ley de Aguas, y conforme a dicha planificación, el Estado se ocupa, a través de los organismos de cada cuenca, de otorgar las concesiones oportunas de agua para el uso correspondiente. Según el artículo 21 de la Ley de Aguas, en las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Estado ejerce sus funciones a través de un organismo de cuenca, con la denominación de Confederación Hidrográfica. En concreto, la cuenca hidrográfica del Tajo, incluye el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y el de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por lo que el Estado ejerce sus funciones a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, constituida por Real Decreto 927/1989, de 21 de julio. En este sentido procede señalar que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo, a la que pertenece la Comunidad de Madrid, está actualmente recogida en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2016-2021). De conformidad con el artículo 14.3 a) del anexo V de dicho Plan, se planifica a favor de la Comunidad de Madrid, a través de Canal de Isabel II una garantía de 742,68 hm3 /año de agua, para uso exclusivo de abastecimiento a Madrid. CUARTO. El 11 de julio de 2022, este Consejo remite a Dña. la documentación recibida, concediéndole un plazo de 10 días para que efectúe las alegaciones que considere convenientes. No obstante, a la fecha de la presente resolución, no se han recibido alegaciones por parte de la reclamante. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante LTPCM) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2.1 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley serán de aplicación a: "...b) Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional a que se refiere la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid”. Al interponerse la reclamación contra el Canal de Isabel II, se considera una reclamación interpuesta contra una empresa pública de las mencionadas en el artículo 2.1 b). CUARTO. Este Consejo ha comprobado que la información solicitada ha sido facilitada a la reclamante y ello supone el cumplimiento de la solicitud que fundamentó la reclamación, desapareciendo el objeto que justificó el inicio de las actuaciones. Por todo ello, procede declarar la finalización del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido, Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación con número de expediente RDACTPCM170/2022 por pérdida sobrevenida del objeto, al haber facilitado el Canal de Isabel II la información solicitada por Dña. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Resolución firmada electrónicamente, consta firma en original. Antonio Rovira Viñas Presidente