Solicitud de Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior de colegios mayores de la UCM y posterior desistimiento

Resolución: RDA039/2023 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM361/2022 Reclamante: Administración reclamada: Universidad Complutense de Madrid. Información reclamada: Estatutos y/o Reglamentos de Régimen Interior vigentes en los colegios mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. Sentido de la resolución: Archivo. ANTECEDENTES PRIMERO. El día 24 de noviembre de 2022 se recibe en este Consejo reclamación de D. por disconformidad con la respuesta a su solicitud de información formulada en fecha 19/10/2022, relativa a los Estatutos y/o Reglamentos de Régimen Interior vigentes en los colegios mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, en su escrito de reclamación, expone lo siguiente: En la documentación remitida por la Universidad se especifica que "solo se posee la normativa relativa a colegios de fundación propia. Los colegios adscritos son entes privados no sometidos a Derecho Administrativo. Por tanto, “la UCM no dispone de las normas internas de cada Colegio" (documento anexo). Sin embargo, la UCM sí ha de disponer de los datos solicitados, ya que de acuerdo con el art. 85.2.e de su Reglamento de centres y estructuras (también adjunto) "la propuesta de creación o adscripción deberá contener: [ ... ]e) los colegios mayores presentarán, en su caso, el Reglamento de Régimen Interne o proyecto del mismo". Los convenios relativos a los colegios cuya información se ha solicitado se han renovado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha norma. SEGUNDO. El 12 de enero de 2023, este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de la misma a la Secretaria General de la Universidad Complutense de Madrid, solicitándole la remisión de las alegaciones que consideren convenientes, copia del expediente y en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la señalada reclamación. TERCERO. El 31 de enero de 2023, se recibe escrito de alegaciones por parte de la Universidad en el que se argumenta lo siguiente: (…) Segundo.- La resolución recurrida es estimatoria, pero en la misma no se dio acceso a parte de la documentación, como alega el reclamante. En concreto, el ahora recurrente demandaba en su solicitud, de la que se adjunta copia, la entrega de “…los Estatutos y/o Reglamentos de Régimen Interior vigentes en los colegios mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid…”. Esta entrega no se produjo, puesto que, tal como se señalaba en el documento de aclaración de la información a la que se daba acceso, que se adjunta a este escrito junto a la resolución recurrida, “la UCM no dispone de las normas internas de cada Colegio”. El artículo 13 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE núm. 295, de 10/12/2013), define la información pública como los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por tanto, un elemento definitorio de la información pública, al que puede darse acceso, es que se disponga de ella, que esté en poder del órgano al que se solicita. En este caso no es así, como expresamente se indicaba al solicitante en la resolución. No puede darse aquello de lo que no se dispone. En conclusión, no se ha producido infracción alguna de la legislación de transparencia, puesto que esta información no está disponible. Tercero.- Para sustentar su pretensión, el interesado menciona que el Reglamento de Centros y Estructuras de la UCM (aprobado por el Claustro Universitario y publicado en BOUC n.º 1, de 11 de febrero de 2010, y cuyo texto consolidado puede descargarse aquí: https://www.ucm.es/file/texto- consolidado-del-reglamento-de- centros-y-estructuras), establece en su artículo 85.2.e). la obligación de que la propuesta de adscripción de los Colegios Mayores vaya acompañada, entre otros documentos, de su Reglamento de Régimen Interno. En efecto, esta previsión se contiene en el Reglamento de Centros y Estructuras vigente, en proceso actual de revisión. En todo caso, el citado Reglamento recoge una obligación que afecta al procedimiento de adscripción, pero no impone expresamente el deber de conservar estos reglamentos de régimen interno de estos Colegios Mayores, que, como se indicó en el documento aclaratorio de la información aportada, son “entes privados no sometidos a Derecho Administrativo”. Lo cierto es que, más allá de la tramitación de la adscripción de cada Colegio, la UCM no dispone de estos reglamentos en sus servicios. Aunque es debatible, podría considerarse que tal actuación es contraria al espíritu, que no a la letra, del citado artículo. Aún en el supuesto de que así fuese, se trataría de una infracción de una norma sustantiva, el mencionado Reglamento de Centros y Estructuras, no de una norma de transparencia. En su caso, el control del cumplimiento de esta previsión reglamentaria debe plantearse ante el órgano responsable de su cumplimiento. Se trata, en resumen, de una cuestión que no atañe a las obligaciones derivadas de la transparencia, ni las impuestas por las exigencias de la publicidad activa, ni por las del posible acceso a la información pública, por lo que no corresponde resolverla en este procedimiento. Cuarto.- Finalmente, y en lo que pueda ser útil, se señala que la información demandada sí está publicada en las páginas web de los Colegios Mayores adscritos, por lo que el interesado puede acceder fácilmente a la misma. CUARTO. En fecha 6 de febrero de 2022, el reclamante comunica su voluntad expresa de desistir de la reclamación en curso, indicando en su escrito lo siguiente: (…) Que es mi intención desistir de la solicitud, de acuerdo con el art. 94 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, al considerar que el órgano competente en materia de transparencia ha dado cumplida cuenta de las razones por las que no se concedió acceso a la información pública. Por lo tanto, solicito que se tenga por presentado este escrito, por formuladas las alegaciones en él expuestas y se proceda a la conclusión del procedimiento. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante LTPCM) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley se aplicarán a: "...f) …, las entidades que integran la administración local...", mientras que la Disposición Adicional Octava señala que “Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad”. CUARTO. En el presente caso, tal y como se indica en los antecedentes, el reclamante comunicó a este Consejo el 3 de febrero de 2023 el desistimiento expreso y voluntario de su reclamación, dando por finalizada la reclamación interpuesta. En relación con la voluntad expresada por la reclamante, el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente: 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. Por todo ello, recibida la comunicación de desistimiento expreso de la reclamante y, dado que no se han personado en el procedimiento terceros interesados, debe darse éste por concluido, procediendo al archivo de las actuaciones. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido, Archivar por desistimiento expreso y voluntario del reclamante la reclamación con número de expediente RDACTPCM361/2022 presentada el 24 de noviembre de 2022 por D. . De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Antonio Rovira Viñas. Consejero. Responsable del Área de Acceso a la Información Resolución firmada electrónicamente, consta firma en original.