Solicitud de copia de acta notarial de sorteo de tribunales y resultado estimatorio

Resolución: RDA134/2023 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM352/2022 Reclamante: Administración reclamada: Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid. Información reclamada: Copia de acta notarial. Sentido de la resolución: Estimación. ANTECEDENTES PRIMERO. El 17 de noviembre de 2022, se recibe en este Consejo reclamación presentada por Don ante su disconformidad con la respuesta dada a su solicitud de información formulada en fecha 06/11/2022 a la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, relativa la copia de un acta notarial. En concreto, el interesado señaló en su escrito de reclamación lo siguiente: “Se inadmite el acceso al acta considerando que una sentencia del contencioso que la administración ha puesto contra una resolución estimatoria del CTBG para facilitar el código fuente aplica a todo el procedimiento, cuando lo que estoy solicitando en este caso es un acta notarial. La resolución indica "Las actas de sorteo son instrumentos públicos creados con el fin de garantizar la fiabilidad de este tipo de actividades. Con su intervención, el notario verifica que se realiza conforme a las bases reguladoras ...los documentos públicos autorizados por notario gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Su fin es, pues, otorgar transparencia al acto, para garantizar igualdad de oportunidades a los participantes, sin que tenga necesariamente que recoger consideraciones sobre conocimientos periciales que el notario no tiene por qué tener." Si el documento es público, garantiza la fiabilidad, su contenido se presume veraz, y su fin es otorgar transparencia, el acceso al mismo refuerza dichas afirmaciones, y la falta de acceso las cuestiona. La resolución realiza una valoración para justificar la inadmisión y considerarla no justificada con la finalidad de la ley "quizás sobre ... o sobre ... pudiera ... más allá del interés público de la divulgación" Otras administraciones han facilitado actas notariales, se adjunta ejemplo resolución.” SEGUNDO. El 13 de diciembre de 2022, este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de esta al director general de Recursos Humanos de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, solicitándole la remisión de las alegaciones que considere convenientes y, en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la citada reclamación. TERCERO. El 16 de enero de 2023, se recibió por este Consejo el escrito de alegaciones de la citada administración. En dicho escrito, se indica lo siguiente: “En relación con la primera de las argumentaciones del reclamante “considerando que una sentencia del contencioso que la administración ha puesto contra una resolución estimatoria del CTBG para facilitar el código fuente aplica a todo el procedimiento, cuando lo que estoy solicitando en este caso es un acta notarial”: La sentencia Nº 158/2022 del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo Nº 11 de Madrid, a la que alude, estima la demanda interpuesta por la Comunidad de Madrid contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –CTBG- 19/11/2021, con referencia RT/0253/2021, que estimaba la reclamación de acceso a la información solicitada por constituir información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, instando a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid a que, en el plazo de treinta días hábiles, facilitara al reclamante la información consistente en la copia del código fuente de la aplicación informática utilizada para el sorteo de tribunales asociado a procesos selectivos según nota informativa de 2 marzo 2021. La sentencia considera de aplicación el límite previsto en el artículo 14.1 j) de la LTIBG el derecho de acceso supone un perjuicio para la propiedad intelectual, así como la causa de inadmisión del artículo 18.1e) la solicitud tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Interesa, a efectos de la presente reclamación, traer a colación las siguientes conclusiones, por otro lado, ya recogidas como fundamentación jurídica de la resolución impugnada: […] Por tanto, ha quedado debidamente acreditado que el reclamante conoce cómo se ha realizado el procedimiento para la selección y designación de los vocales de los tribunales de las oposiciones de 2020, porque así se ha hecho público, en la propia resolución de convocatoria del procedimiento selectivo, en la Nota informativa publicada en la web personal+ educación el 02/03/2021 previa al acto público del sorteo, en dicho acto público que tuvo lugar el día 9 de marzo de 2021, a las 12.30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, así como, por último, en la Resolución de 18 de marzo de 2021 por la que se publica el resultado del sorteo público aleatorio para la designación de vocales de los tribunales. En consecuencia, si, como señala la sentencia, no es necesario facilitar ni conocer el código fuente de la aplicación para lograr el objetivo de transparencia fijado en la LTIBG, tampoco debe serlo la actual petición del interesado, dado que nos encontraríamos en un supuesto de abuso, dado que si tal y como recoge la sentencia “el administrado ha tenido conocimiento, en todo caso, del funcionamiento del sistema para la designación de los vocales de los tribunales de procesos selectivos cuyo resultado y funcionamiento es público” y el mismo pudo incluso asistir al proceso dado que se retransmitió telemáticamente, esta Administración ha cumplido con la transparencia requerida por la legislación vigente. Segundo. - Señala el interesado “la resolución realiza una valoración para justificar la inadmisión y considerarla no justificada con la finalidad de la ley "quizás sobre ... o sobre ... pudiera ... más allá del interés público de la divulgación". Esta Administración no dicta su resolución basándose en una mera valoración subjetiva de la solicitud sino en elementos objetivos, como son los antecedentes y la totalidad de la documentación obrante en el expediente y en la Dirección General, así como sus resoluciones dictadas en anteriores expedientes, todo ello al objeto de contar con todos los elementos de juicio necesarios para conferir a sus actos la debida motivación, coherencia y seguridad jurídica. En este sentido, dispone el artículo 17 LTAIBG “la persona solicitante no está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución”. En el supuesto actual, el Sr. no indica en su solicitud de 06/11/2022 el motivo por el que solicita el acta notarial del referido sorteo. Sin embargo, teniendo en cuenta la existencia del expediente anterior que derivó en la sentencia nº 158/2022 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Nº 11 de Madrid, cuyo objeto se concretaba en el acceso al código fuente de la aplicación utilizada para el sorteo de tribunales y la solicitud actual, referida al acta notarial del mismo sorteo, no resulta en absoluto subjetivo, ni caprichoso, establecer una vinculación entre ambas solicitudes ni considerar, como se señala en la resolución impugnada, que lo que pretendía, y pretende, el peticionario es, utilizando la vía del procedimiento de acceso a la información pública materializado en una nueva solicitud de información y en la actual reclamación, acceder a lo que no pudo obtener en virtud de la Resolución del CTBG- de 19/11/2021 y que le ha sido denegado en vía judicial. A mayor abundamiento, cabe considerar como elemento de juicio las manifestaciones realizadas por el Sr. en las redes sociales, en las que explica con detalle el porqué de la solicitud del acta notarial del sorteo (https://comunidad.civio.es/t/regulados-por-programas-y-algoritmos-que- permanecen-en-secreto-cuentanos-tu-caso/76/42) Tercero. - Alega el interesado en su reclamación que ya había pedido antes a la administración actas notariales asociadas a oposiciones, que otras administraciones sí las han facilitado y aporta una resolución estimatoria de la Junta de Andalucía a una solicitud de acceso a la Copia de las actas notariales levantadas con Indicación del profesorado que ha elaborado las pruebas y de las personas, perfectamente identificadas, que procederán al diseño, manipulación e impresión de los ejercicios prácticos de la oposición de un procedimiento selectivo de docentes de dicha Comunidad autónoma. Pues bien, sin entrar a valorar lo que otras administraciones puedan resolver, que, en ningún caso, vincula jurídica, ni administrativamente, a ésta, hay que señalar que dicha resolución no tiene relación alguna con el presente caso, en el que no se trata de denegar lo solicitado por el interesado, sino una información adicional de un procedimiento calificado judicialmente de transparente ̶ en este caso se ha dado transparencia al procedimiento públicos y que los interesados han tenido la posibilidad de acudir al sorteo público celebrado, teniendo acceso a los resultados de los distintos sorteos puesto que son públicos ̶ . Como se recoge en la resolución ahora impugnada, el notario verifica que el sorteo se realiza conforme a las bases reguladoras, que hay igualdad de oportunidades entre los participantes y que prima el principio de aleatoriedad o lo que es lo mismo, que no se favorece a uno de ellos frente a otro al no existir irregularidades en el sistema de elección o extracción entre los participantes. Facilitar al interesado el acta, además de resultar “innecesario” dada la transparencia y publicidad del sistema y del propio acto del sorteo, podría suponer, en el caso de que se hubieran recogido por el notario, el acceso a datos internos de la aplicación, incluso al código fuente de la misma, que le ha sido denegado judicialmente. Tercera y última. - Esta Dirección General reitera íntegramente, lo argüido en su resolución de 6 de octubre de 2022, en relación con el carácter abusivo de la solicitud: El artículo 18.1. e) de la LTAIBG vincula el carácter abusivo de lo solicitud a la condición de que la petición "no esté justificada con la finalidad de la Ley", de manera que deben confluir dos elementos esenciales para la aplicación de esta causo de inadmisión: que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente y que pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. El ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (rec. núm. 1820/2000). Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta, pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente (a) una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y (b) una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho). […] En atención a lo expuesto, y a vista de la totalidad de los hechos, fundamentos de derecho y circunstancias concurrentes en la presente reclamación, esta Dirección General reitera que tanto la solicitud inicial, como la reclamación contra su inadmisión, exceden de la finalidad de la norma invocada, sin que haya quedado acreditada la prevalencia del superior interés público al privado del reclamante, por lo que se propone la desestimación íntegra de la reclamación.” CUARTO. El 17 de enero de 2023, se remite al reclamante el escrito de la administración, concediéndole un plazo de 10 días para que formulase las alegaciones que considerase convenientes El 19 de enero de 2023, se recibió por este Consejo el escrito de alegaciones presentado por el reclamante. En dicho escrito, se indica lo siguiente: “Comento las alegaciones del documento recibido: - "Primero" Vuelven a citar la sentencia del contencioso que ganaron, que, ellos no citan y asumo que saben, me consta CTBG ha recurrido a AN, de modo que no es sentencia firme. Indican "si, como señala la sentencia, no es necesario facilitar ni conocer el código fuente de la aplicación para lograr el objetivo de transparencia fijado en la LTIBG, tampoco debe serlo la actual petición del interesado [del acta]". Dado que la sentencia no es firme y está recurrida por CTBG, no es una base válida. Además la sentencia es sobre el código, no sobre el acta: la valoración de que código y acta tienen la misma consideración es una interpretación suya. - "Segundo" No aceptan que usasen lenguaje subjetivo "quizá ... pudiera" y consideran que lo que ellos indican es objetivo. Citan de nuevo la sentencia, y citan capturas de un foro que es público: comparto siempre de manera transparente y abierta lo que hago. Sin comentar las capturas se limitan a citar "«Bajo el prisma de la Ley 19/2013, no cabe todo (Sentencia No 120/2019 del Juzgado Central contencioso-administrativo no 5 de Madrid)". Considero que la transparencia en algoritmos es un tema muy importante para los ciudadanos, por eso puse (aparece en su captura) "El mero indicio de que la funcionalidad que implementa el código pueda ser atacada y tener un uso indebido hace imprescindible conocer su código." y más adelante (no está en su captura pero sí está en el enlace "El hecho de que sea ante notario creo que permite sentar un precedente para aclarar que, en algoritmos, la presencia de un notario no garantiza nada si no hay transparencia en el código ejecutado" - "Tercero" Citan otra vez la resolución judicial no firme. No les vale el ejemplo de que otras administraciones sí hayan facilitado actas notariales, y ahora mezclan deliberadamente el acceso al acta con el acceso al código. Donde antes decían (respuesta 14 noviembre) “sin que tenga necesariamente que recoger consideraciones sobre conocimientos periciales que el notario no tiene por qué tener” ahora dicen (respuesta 11 enero) “Facilitar al interesado el acta…podría suponer, en el caso de que se hubieran recogido por el notario, el acceso a datos internos de la aplicación, incluso al código fuente de la misma, que le ha sido denegado judicialmente.” - "Tercera y última" Insisten en que mi reclamación es abusiva. Me parece peculiar que la normativa de transparencia en la relación ciudadano - administración solo recoja el concepto de “comportamiento abusivo” por parte del ciudadano. Indican "Conociendo, pues, el peticionario todos los detalles del procedimiento para la selección de los vocales de los tribunales selectivos, por haber sido publicados y facilitados con anterioridad y por haberlo así declarado el juzgador en la Sentencia no 158/2022 de 31 de octubre de 2022, acceder ahora a lo solicitado debe considerarse una solicitud abusiva". La idea esencial de fondo es que no se cuestiona en este caso que haya transparencia en la publicación del procedimiento, lo que se cuestiona es si hay transparencia real en el procedimiento real seguido si no hay transparencia en el código ejecutado; el ciudadano no tiene transparencia que le permita saber si el algoritmo implementado y ejecutado por el código cumple con el procedimiento publicado.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, LTPCM) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley se aplicarán a: “ a) La Administración pública de la Comunidad de Madrid” mientras que la Disposición Adicional Octava señala que “Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos. CUARTO. El derecho de acceso a la información pública se define como el derecho de los ciudadanos de acceso a los registros y documentos administrativos, “que como derecho de tercera generación está enraizado con el principio de transparencia administrativa, el cual responde, según el Tribunal Supremo, a una nueva reestructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos” (STS de 14 de noviembre de 2000, RC-A núm. 4618/1996). Este derecho está reconocido en el artículo 105 b) de la Constitución, con arreglo al cual: “la Ley regulará: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha estimado, en aplicación de la fuerza normativa directa de la Constitución, que dicho precepto es directamente aplicable, sin perjuicio de que se pueda desarrollar por Ley. Ahora bien, “la Ley que lo desarrolle deberá respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, de adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que deba sujetarse el ejercicio de cualquier derecho.” Es decir, según el Tribunal Constitucional, el principio constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, al incrementar la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, “exige garantizar un tratamiento común de los administrados ante todas las Administraciones Públicas.” Ello supone que la mayor parte de la regulación del derecho de acceso a la información pública cumple con las normas de procedimiento administrativo común [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 27 y 55/2018, de 24 de mayo, FJ 9 b)]. Por lo tanto, los artículos de la LTAIBG, reguladores de este derecho se han dictado legítimamente al amparo de los principios o normas que se insertan en la “competencia exclusiva del Estado relativa al establecimiento del “procedimiento administrativo común” (art. 149.1.18 CE). (STC 104/2018, de 4 de octubre, FJ. 5). Con base en lo anterior, la disposición final octava de la LTAIBG considera los artículos 12 a 24 del capítulo III del Título Preliminar (salvo el apartado 2 del artículo 21), legislación básica del Estado. Pero además, conforme se desprende de la Exposición de Motivos de la LTPCM, en la interpretación de la aplicación de los límites del derecho de acceso a la información el Consejo de Transparencia y Participación, en todo caso, seguirá el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos y, en la interpretación de las causas de inadmisión se adaptará a los sucesivos criterios establecidos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Para averiguar si la reclamación interpuesta es conforme a Derecho, es necesario acudir tanto a la LTPCM como a la LTAIBG, junto a la doctrina de los tribunales y a los criterios interpretativos dictados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de Datos. QUINTO. El ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso a la información se delimita de manera muy amplia en el artículo 5 de la LTPCM, de manera casi idéntica al artículo 13 LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.” En función de lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se entiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” (STS de 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Por lo tanto, ambas Leyes y la doctrina del Tribunal Supremo definen el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya exista, por cuanto debe de estar en posesión del sujeto que recibe la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, bien porque la ha conservado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y competencias encomendadas. En esta misma línea, el artículo 30 de la LTPCM reconoce el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Por esta razón, el artículo 34.1 de la LTPCM establece que, el derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la Normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado. Y, el artículo 40 de la LTPCM dice, que se inadmitan a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso que conforme a la legislación básica del Estado en materia de transparencia y acceso a la información pública incurran en causa de inadmisión. En este sentido los artículos 14 y 18 de la LTAIBG bajo la rúbrica “Límites del derecho de acceso” y “Causas de inadmisión”, respectivamente, regulan los supuestos en los que cabe limitar o inadmitir una solicitud de acceso a la información. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de señalar que, la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la LTAIBG, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (SSTS 344/2020 de 16 de octubre de 2017, RC-A núm. 1547/2017; 344/2020 de 10 de marzo de 2020, RC-A núm. 8193/2018; 1558/2020 de 11 de junio de 2020, RCA 577/2019). Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la LTAIBG como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1. Por ello dirá el Tribunal Supremo que, “cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión…debe de ponerse en relación con el concepto amplio de derecho a la información regulado en la LTAIBG, que impone una interpretación estricta, cuando no restrictiva de las causas de inadmisión a trámite de solicitudes de información. Lo que exige, en todo caso, que estas limitaciones o inadmisiones se apliquen atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y del interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad” (en las SSTS de 16 de octubre de 2017, recurso C-A núm. 75/2017 y de 25 de marzo de 2021, recurso C-A núm. 2578/2020). SEXTO. En el escrito de alegaciones presentado por la administración se señala de forma principal el motivo de inadmisión regulado en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG, que determina la procedencia de la inadmisión de aquellas solicitudes “que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.” La administración valora que la solicitud debe ser denegada, principalmente, porque la misma no se puede subsumir dentro de las finalidades previstas por la ley de transparencia. En primer lugar, los presupuestos legales que permiten subsumir una solicitud de acceso a la información en la causa de denegación regulada por el artículo 18.1.e) de la LTAIBG, siguiendo el criterio ya fijado por este Consejo en numerosas resoluciones, una solicitud se calificará como abusiva cuando ésta no esté justificada o no se adecué a la finalidad de transparencia que fija la ley. Unido a ello, se deberá apreciar de forma conjunta si el ejercicio del derecho es abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo, y este análisis, deberá ser extensamente motivado, constando así en la resolución que deniegue la solicitud de acceso. Por lo tanto, concurrirá dicho requisito cuando la solicitud reúna en las siguientes condiciones; (i) Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 CC y avalado por la jurisprudencia, (ii) Cuando de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, (iii) Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros y (iv) Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Todo ello ha venido ratificado por nuestro Tribunal Supremo de que la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud bajo los criterios expuestos y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley (STS 3870/2020, de 12 de noviembre de 2020, recurso de casación C-A núm. 5239/2019). Partiendo de dichos presupuestos, cabe indicar que la administración no ha justificado la concurrencia de los requisitos anteriormente enumerados. Esto es, la administración deniega el acceso dado que esta solicitud: “excede de la finalidad de la norma invocada, sin que haya quedado acreditada la prevalencia del superior interés público al privado del reclamante” Dicho argumento no puede ser acogido por este Consejo dado que la solicitud de acceso no parece encuadrase en ningún de los supuestos de abuso o ejercicio antisocial del propio derecho, ni la intención del reclamante es contraria al ordenamiento jurídico, dado que se está requiriendo el acceso a un acta notarial que da fe de la celebración de un sorteo público para para la designación de vocales de un tribunal de selección de un proceso de acceso e ingreso al profesorado. La administración no ha desarrollado los motivos por los cuales procede la aplicación de dicha causa de inadmisión, no siendo suficiente para ello que se aporte el enlace a un foro de internet, donde se debate, entre varios ciudadanos y de forma pública, cuestiones relativas al empleo de algoritmos en los procesos de sorteo aleatorios celebrados por las administraciones. Tampoco parece que suficiente la denegación con base en la pendencia de un proceso judicial, en el que se recurrió por la administración una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la cual se concedía al interesado el acceso al código base empleado por el sistema informático que llevó a cabo el sorteo, y no al acta solicitada en este expediente, por lo que estamos ante una solicitud cuyo objeto es diferente al fondo de la cuestión debatido en el procedimiento citado por la administración. Y, en último lugar, la Consejería tampoco ha fundamentado ni acreditado que en dicha acta notarial se recoja parte del código fuente empleado por el sistema informático de sorteo, como parece inferir en su escrito de alegaciones. No obstante, de la lectura de la resolución de 18 de marzo de 2021, la intervención notarial se limitó a dar fe de la celebración del sorteo que, a su vez fue retransmitido telemáticamente, considerando esta circunstancia, por un lado, se puede concluir que el acto en sí fue hecho público por la propia administración y, por otro lado, la finalidad del acta notarial no era verificar o recoger el código fuente del sistema informático empleado, sino dar fe de la celebración de dicho acto. Por lo tanto, este argumento de denegación tampoco puede sr acogido por este Consejo. SÉPTIMO. En el presente expediente, se está solicitando el acceso a un acta notarial que da fe pública de la celebración de un sorteo de selección de vocales que integran un tribunal en un proceso selectivo, por lo tanto, esta información debe recibir la consideración de información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTPCM, que dispone de dicho documento a través del ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por ley. Y, por consiguiente, la solicitud está amparada por la LTPCM y no parece que pueda encuadrarse en un supuesto regulado de abuso de derecho o uso antisocial del propio mismo. Esto es, y siguiendo los criterios ponderados por nuestros Tribunales así como del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; el reclamante no ha llevado a cabo un ejercicio cualitativamente abusivo de su derecho de acceso a dicha información pública y la solicitud formulada se encuadra dentro de la finalidades previstas por la normativa básica en materia de transparencia, en la medida en que se pretende el acceso a un documento notarial a disposición de la administración y dicha petición puede subsumirse en cualquiera de los fines de la ley de transparencia que son los siguientes: Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos; conocer cómo se toman las decisiones públicas; conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. OCTAVO. Por lo dicho, este Consejo debe estimar la presente reclamación y requerir a la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid la entrega de la información solicitada al reclamante, en caso de que ésta exista, teniendo en cuenta al momento de su puesta a disposición la regla ya consolidada que indica que en los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, es decir, si al realizar la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los datos personales, se debe proceder a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid ha decidido, PRIMERO. Estimar la Reclamación con número de expediente RDACTPCM352/2022 presentada en fecha 17 de noviembre de 2022 por Don , por constituir su objeto información pública. SEGUNDO. Instar a la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid a que, en el plazo de 20 días hábiles, entregue al reclamante la copia del acta notarial que da fe del sorteo celebrado el día 9 de marzo de 2021 a las 12:30, siempre que esa información exista y, de no existir, se le informe sobre tal inexistencia, remitiendo al Consejo testimonio de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del contenido de la presente resolución. TERCERO. Recordar a la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid que si no se diera cumplimiento al contenido de la presente resolución o lo hiciera de forma parcial o defectuosa, el Área a la que corresponda la tramitación de la reclamación, o el Pleno en los casos que le corresponda, remitirán los correspondientes requerimientos instándole al cumplimiento íntegro de la misma y, de no atenderlos, se podrá remitir el expediente a la Presidencia del Consejo para que inicie el procedimiento sancionador regulado en el Título VI de la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de todo ello se dejará constancia en el informe que el Consejo remite anualmente a la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Rafael Rubio Núñez. Presidente. Responsable del Área de Publicidad Activa y Control. Ricardo Buenache Moratilla. Consejero. Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana. Antonio Rovira Viñas. Consejero. Responsable del Área de Acceso a la Información.