Solicitud de información sobre planes estratégicos y relación de subvenciones concedidas desde 2011

Resolución: RDA149/2023 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM384/2022 Reclamante: . Administración reclamada: Ayuntamiento de Carabaña. Información reclamada: Información sobre subvenciones. Sentido de la resolución: Estimación. ANTECEDENTES PRIMERO. El 15 de diciembre de 2022, se recibe en este Consejo reclamación Don ante la falta de respuesta a su solicitud de información formulada en fecha 10/11/2022 al Ayuntamiento de Carabaña relativa las fechas de aprobación de los planes estratégicos de subvenciones e información relacionada. En concreto, el interesado señaló en su escrito de reclamación lo siguiente: “Fechas de aprobación de los Planes Estratégicos de subvenciones aprobados desde la fecha en vigor de la ley general de subvenciones, 38/2003. En su defecto, enlaces a los mismos planes en la web municipal o en su portal de transparencia. Relación de Ayudas y Subvenciones, según el LIBRO MAYOR, concedidas desde le fecha 1 de enero de 2011.” SEGUNDO. El 25 de enero de 2023, este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de esta a alcalde del Ayuntamiento de Carabaña, solicitándole la remisión de las alegaciones que considere convenientes y, en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la citada reclamación. TERCERO. Una vez transcurrido el plazo concedido, el ayuntamiento no ha presentado las solicitadas alegaciones. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, “LTPCM”) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley se aplicarán a: “f) las entidades que integran la Administración local” mientras que la Disposición Adicional Octava señala que “Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos. CUARTO. El derecho de acceso a la información pública se considera un derecho de los ciudadanos de acceso a los registros y documentos administrativos, “que como derecho de tercera generación está enraizado con el principio de transparencia administrativa, el cual responde, según el Tribunal Supremo, a una nueva reestructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos” (STS de 14 de noviembre de 2000, RC-A núm. 4618/1996). Este derecho está reconocido en el artículo 105 b) de la Constitución, con arreglo al cual: “la Ley regulará: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha estimado, en aplicación de la fuerza normativa directa de la Constitución, que dicho precepto es directamente aplicable, sin perjuicio de que se pueda desarrollar por Ley. El ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso a la información se delimita de manera muy amplia en el artículo 5 de la LTPCM, de manera casi idéntica al artículo 13 LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.” En función de lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se entiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” (STS de 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Por lo tanto, ambas Leyes y la doctrina del Tribunal Supremo definen el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya exista, por cuanto debe de estar en posesión del sujeto que recibe la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, bien porque la ha conservado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y competencias encomendadas. Una vez analizada la configuración legal del derecho de acceso a la información, cabe afirmar, a la vista de la categoría de datos e información que solicita el interesado, que su solicitud se subsume dentro del concepto legal de información pública, en la medida en que se trata de datos sobre la aprobación de los planes estratégicos de subvenciones que acuerda el ayuntamiento, el acceso al contenido de dichos planes y la relación de ayudas que se otorga por el consistorio desde el 1 de enero de 2011. Toda esta información tiene carácter público, dado que se trata de datos que han sido elaborados por la administración requerida en el ejercicio de sus funciones y competencias. QUINTO. En el presente caso, el reclamante acude a este Consejo manifestando que no ha recibido respuesta a su solicitud por parte del Ayuntamiento y resulta necesario recordar, que la falta de resolución expresa de las solicitudes de información que se formulen, conlleva la creación de un claro perjuicio al solicitante, al desconocer los motivos por los cuales no se le permite acceder a la información requerida. Esta situación obstaculiza su derecho de defensa frente a la actuación de la administración, al no tener a su disposición una decisión fundamentada a la que oponerse por vía de recurso. Si bien, tal y como dispone el artículo 42.3 de la LTPCM, una vez transcurrido el plazo máximo de resolución sin notificarse; “la solicitud de acceso se entenderá́ desestimada conforme a lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública.”. Esta disposición no afecta al mandato contenido en el artículo 34.1 de la LTPCM, el cual exige que: “el derecho de acceso a la información pública sólo podrá́ ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado. Y este precepto, debe ponerse en relación con el artículo 40 del mismo cuerpo legal, que establece: “Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que conforme a la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública incurran en causa de inadmisión.” Y a mayor abundamiento, la conducta de la administración incumple los establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, la “LPAC”), de aplicación supletoria, que en su artículo 21.1 establece que; 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En todo caso, la administración está obligada a resolver expresamente, y la desestimación por medio del silencio administrativo no se regula como una alternativa a la resolución expresa, se trata de una forma de subsanar el funcionamiento deficiente de la administración y permitir al interesado continuar con la tramitación del procedimiento en caso de inactividad del órgano requerido. En definitiva, la adopción de resoluciones mediante actos presuntos debe calificarse como actuación irregular de la administración, que conllevaría la correspondiente sanción en materia de transparencia conforme a lo dispuesto en el Título VI de la LTPCM. La denegación o limitación del derecho de acceso a la información pública deberá hacerse a través de resolución motivada y ponderada, preservando así el derecho del interesado a conocer los fundamentos que ha empleado la administración para resolver su solicitud. SEXTO. En el caso que nos ocupa, dicha actuación irregular no se ha limitado a dejar sin respuesta la solicitud de la interesada, sino que la administración tampoco ha presentado alegaciones ante este Consejo, tras ser requerida para ello, desatendiendo sus obligaciones como sujeto obligado al cumplimento de lo dispuesto en la LTPCM y la legislación básica estatal en materia de transparencia. Por lo anterior, este Consejo debe estimar la presente reclamación y requerir al Ayuntamiento de Carabaña la entrega de la información solicitada a la reclamante. No obstante, dado que el volumen de la documentación solicitada puede poner en riesgo el normal funcionamiento de la administración, a la hora de dar cumplimiento a la solicitud formulada, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 33.1 f) de la LTPCM, que permite la concesión de la información a través de modalidades de acceso menos gravosas para la administración. Por lo tanto, este Consejo valora que, a tenor de la complejidad o el volumen de la información solicitada, basándose en criterios de proporcionalidad, el cumplimento de la presente solicitud podrá hacerse ya sea a través de comparecencia presencial en la sede del ayuntamiento, en un día y hora concretados por la administración, en el que el interesado acceda a la vista de los expedientes que correspondan o se podrá facilitar al interesado la información de que disponga por partes, en varios momentos o incluso plazos y también puede ofrecer al reclamante la posibilidad de acudir a la sede del ayuntamiento para que acceda a la vista de los expedientes que correspondan. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid ha decidido, PRIMERO. Estimar la Reclamación con número de expediente RDACTPCM384/2022 presentada en fecha 15 de diciembre de 2022 por Don , por constituir su objeto información pública. SEGUNDO. Instar al Ayuntamiento de Carabaña a que, en el plazo de 20 días hábiles, entregue al reclamante la información solicitada relativa a: a. Fechas de aprobación de los Planes Estratégicos de subvenciones aprobados desde la fecha en vigor de la ley general de subvenciones, 38/2003. b. En su defecto, enlaces a los mismos planes en la web municipal o en su portal de transparencia. c. Relación de Ayudas y Subvenciones, según el LIBRO MAYOR, concedidas desde le fecha 1 de enero de 2011. Siempre que esa información exista y, de no existir, se le informe sobre tal inexistencia, remitiendo al Consejo testimonio de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del contenido de la presente resolución. Conforme se ha indicado, si el ayuntamiento lo considera conveniente, a tenor del volumen de la información solicitada, basándose en criterios de proporcionalidad y, con el objetivo de no sobrecargar y comprometer la gestión y el funcionamiento ordinario de este ayuntamiento, puede facilitar al interesado la información de que disponga por partes, en varios momentos o incluso plazos, y también puede ofrecer al reclamante la posibilidad de acudir a la sede del ayuntamiento para que acceda a la vista de los expedientes que correspondan. TERCERO. Recordar al Ayuntamiento de Carabaña que si no se diera cumplimiento al contenido de la presente resolución o lo hiciera de forma parcial o defectuosa, el Área a la que corresponda la tramitación de la reclamación, o el Pleno en los casos que le corresponda, remitirán los correspondientes requerimientos instándole al cumplimiento íntegro de la misma y, de no atenderlos, se podrá remitir el expediente a la Presidencia del Consejo para que inicie el procedimiento sancionador regulado en el Título VI de la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de todo ello se dejará constancia en el informe que el Consejo remite anualmente a la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Rafael Rubio Núñez. Presidente. Responsable del Área de Publicidad Activa y Control. Ricardo Buenache Moratilla. Consejero. Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana. Antonio Rovira Viñas. Consejero. Responsable del Área de Acceso a la información.