Solicitud de información sobre la adscripción de la plaza 2443 de la URJC y resultado desestimado

Resolución: RDA229/2023 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM250/2022 Reclamante: . Administración reclamada: Universidad Rey Juan Carlos. Información reclamada: Información sobre un puesto de trabajo. Sentido de la resolución: Desestimación. ANTECEDENTES PRIMERO. El 3 de agosto de 2022, se recibe en este Consejo reclamación de Doña ante la falta de respuesta a su solicitud de información formulada en fecha 12/07/2022 a la Universidad Rey Juan Carlos relativa a las unidades administrativas concretas a las que ha estado adscrita la plaza 2443 de la URJC desde el año 2018 hasta la actualidad. En concreto, la interesada señaló en su escrito de reclamación lo siguiente: “Con fecha 12/07/22 solicité a la URJC que me informasen sobre "a qué unidades administrativas concretas ha estado adscrita la plaza 2443 de la URJC desde el año 2018 hasta la actualidad. En caso de haberse producido algún cambio de ubicación, ruego me indiquen la fecha en que se ha producido dicho cambio y el motivo" (Doc. 1). Con fecha 18/07/22 la URJC me contestó que "la citada plaza ha estado adscrita al Campus de Madrid, Gestión de Campus" (Doc. 2). Con fecha 18/07/22 respondí a la URJC que eso no era lo que preguntaba, y que la pregunta era "a qué unidades administrativas concretas" ha estado adscrita la indicada plaza (por ejemplo, Biblioteca, Registro, etc.), y si se había producido algún cambio (Doc. 3), ya que la respuesta "Campus de Madrid/Gestión de Campus" era una respuesta genérica e indeterminada. Con fecha 29/07/22 la URJC inadmitió mi petición sin haber dado respuesta a mi solicitud de información (Doc. 4)” SEGUNDO. El 21 de septiembre de 2022, este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de esta al rector de la URJC, solicitándole la remisión de las alegaciones que considere convenientes y, en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la citada reclamación. TERCERO. El 17 de octubre de 2022, se recibió por este Consejo el escrito de alegaciones presentado por la administración requerida. En dicho escrito, se indica lo siguiente: “Los Campus de la Universidad Rey Juan Carlos son cinco, y toman su nombre del municipio en que están ubicados, y que son: - Campus de Alcorcón - Campus de Aranjuez - Campus de Fuenlabrada - Campus de Madrid - Campus de Móstoles. El Rectorado se encuentra ubicado en el municipio de Móstoles, y engloba los Servicios centrales de gestión de la Universidad. En los Campus se desarrolla la vida universitaria cotidiana ya que comprenden los Centros universitarios, Escuelas y Facultades, que se estructuran a su vez en Departamentos, que son la estructura básica de la organización académica. En los Campus se desarrolla tanto la actividad docente, como la investigadora. Al frente de cada Campus, se encuentra un Gerente de Campus, que ejerce de Administrador y asume también la dirección del personal a su cargo. La organización del personal de Administración y Servicios en los Campus se establece entorno a las siguientes áreas: - Biblioteca - Informática - Laboratorios - Mantenimiento - Gestión de Campus Las plazas de la RPT están vinculadas a nivel de Campus (que es la Unidad), y de las áreas indicadas más arriba (Subunidades). Las funciones y tareas asignadas a los trabajadores dependen de las necesidades del servicio, y, si bien perduran en el tiempo, esta asignación no es vinculante. La plaza de código nº 2443 está vinculada, según la RPT de PAS funcionario, a: UNIDAD: Campus de Madrid SUBUNIDAD: Gestión de Campus Como se informó a la solicitante en la respuesta por este portal de transparencia el pasado 18 de julio (REF. PT025-2022) (adjunta), dentro de plazo de su primera solicitud. […] Primero: El fundamento de su reclamación se basa en el incumplimiento de plazo “No he recibido respuesta en el plazo de 20 días a la solicitud de información presentada”, hecho que no se produjo pues con fecha 18 de julio se le remitió la información de acorde con lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicio de esta Universidad Rey Juan Carlos, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2017, y a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Mediadas para la Reforma de la Función Pública, adicionada a la misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio. Segundo: Se acepte la inadmisión de su segunda petición, la denominada PT025-2022-2, de 18 de julio de 2022, en virtud de lo recogido en los Artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como “manifiestamente repetitiva”. Tercero: Se admitan estas alegaciones de la Universidad Rey Juan Carlos a la luz de que se entregó toda la información requerida en función del diseño de la RPT de esta institución universitaria. Así como de acuerdo con lo recogido en diversas Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ante situaciones similares. […] Por otra parte, debemos recordar que el artículo 13 de la LTAIBG dispone expresamente que el objeto de una solicitud de acceso puede ser información que obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida, debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Teniendo en cuenta lo anterior, dado que en la relación de puestos de trabajo de la URJC no se describe la “unidad administrativa concreta” a la que está adscrita la plaza 2443, más allá de los ya referidos, “Unidad: Campus de Madrid. Subunidad: Gestión de Campus”, no se le puede dar otra información, pues se contravendría lo recogido en el artículo 13 de la LTAIBG, en cuanto a lo que se entiende por “información pública”, es decir, documentos o sus contenidos.” CUARTO. El 18 de octubre de 2022, se remite a la reclamante el escrito de la administración, concediéndole un plazo de 10 días para que formulase las alegaciones que considerase convenientes. El 24 de octubre de 2022, se recibió por este Consejo el escrito presentado por la reclamante. En dicho escrito, se indica lo siguiente: “En relación con la reclamación RDACTPCM250/2022, y ante la respuesta de la URJC, presento las siguientes ALEGACIONES: 1. La URJC sigue sin contestar a la solicitud de una información que posee, y que no existe razón alguna para ocultar: "a qué unidades administrativas concretas ha estado adscrita la plaza 2443 de la URJC desde el año 2018 hasta la actualidad. En caso de haberse producido algún cambio de ubicación, ruego me indiquen la fecha en que se ha producido dicho cambio y el motivo". 2. Se desconoce el motivo por el cual la URJC, sin ningún amparo legal, revela información sobre mi persona a ese Consejo sobre las solicitudes que he presentado a la URJC y al Defensor del Pueblo. Me reservo el derecho a formular la pertinente reclamación ante la Agencia de Protección de Datos o ante la jurisdicción competente. En cualquier caso, la URJC debería dar la información completa: se han presentado las solicitudes que enumera porque la URJC se ha negado, DURANTE UN AÑO Y MEDIO, a resolver el recurso de reposición que interpuse el 28/04/2021, con palmaria vulneración de los arts. 21.1 y 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si lo hubiera resuelto en plazo, como era su obligación, no habría existido ninguna reclamación salvo el propio recurso. 3. No necesito justificar para qué quiero la información solicitada. Pero en el presente caso, y ante la respuesta de la URJC, comunico que la requiero por ser absolutamente necesaria para poder interponer el pertinente recurso contencioso-administrativo contra la URJC ante los Juzgados competentes.” . FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante LTPCM) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2.2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley se aplicarán a: “Serán también de aplicación las disposiciones de la presente Ley a las universidades públicas y a los organismos o entidades vinculadas o dependientes de ellas” mientras que la Disposición Adicional Octava señala que “Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos. CUARTO. El derecho de acceso a la información pública se reconoce en el artículo 105 b) de la Constitución, con arreglo al cual: “la Ley regulará: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” El ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso a la información se delimita de manera muy amplia en el artículo 5 de la LTPCM, de manera casi idéntica al artículo 13 de la LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.” En función de lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se entiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” (STS de 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Por lo tanto, ambas Leyes y la doctrina del Tribunal Supremo, definen el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto debe de estar en posesión del sujeto al momento de recibir la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, bien porque la ha conservado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones y competencias encomendadas. En el caso que nos ocupa, la información requerida debe considerarse información pública dado que estamos ante una solicitud relativa a un puesto de trabajo en el marco de la administración, que son datos recogidos por una administración pública, que obran en su poder, y han sido obtenidos en el ejercicio de sus funciones y competencias. Una vez sentada la naturaleza de la información solicitada, corresponde analizar si se debe conceder acceso a la información solicitada, esto es, si se trata de información pública susceptible de ser concedida, o si, por el contrario, resulta de aplicación algún límite o causa de inadmisión que impida su acceso. QUINTO. En el escrito de alegaciones presentado por la administración se alega de forma principal el motivo de inadmisión regulado en el artículo 18.1.e) de la LTAIPBG, que determina la procedencia de la inadmisión de aquellas solicitudes “que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.” La Universidad justifica la concurrencia de dicho motivo de inadmisión de forma escueta y considera que se da una reiteración de la solicitud formulada por la interesada por cuanto valora que el objeto de la reclamación de información que nos ocupa es similar o idéntica al objeto de anteriores solicitudes presentadas. Como se ha comprobado, la entidad requerida no lleva a cabo una motivación extensa de las razones por la cuales entiende que procede la aplicación del motivo de inadmisión invocado. Al respecto de la exigencia de motivación y expresión fundada de los motivos por los que procede estimar una causa de inadmisión, se ha pronunciado en numerosas ocasiones tanto este Consejo como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, coincidiendo en un criterio asentado; que es el deber de resolver de forma ponderada y razonada sobre la concurrencia de la totalidad de presupuestos legales que habilitan el reconocimiento de dicha causa de inadmisión. Para acotar dichos presupuestos legales, conviene citar el criterio interpretativo 003/2016, de 14 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno donde se fijan las bases interpretativas para determinar cuándo una solicitud de acceso a la información pública es abusiva o manifiestamente reiterativa. Por un lado, bajo lo dispuesto en la norma de aplicación, para inadmitir una solicitud por considerar que esta es reiterativa, no solo se debe verificar que esta reproduce una cuestión que ya ha sido respondida o resuelta, sino que ésta debe ser manifiestamente reiterativa. Siguiendo el requisito anteriormente citado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha establecido la siguiente valoración del inciso legal: 1) “Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o por los mismos solicitantes y hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites del artículo 14 o 15 de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión del artículo 18. 2) “Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y habiéndose admitido a trámite, se hubiera ofrecido ya la información sin que hubiera existido ninguna modificación real o legal sobre los datos en su momento ofrecidos. En estos casos, deberá justificarse adecuadamente la ausencia de modificación de los datos inicialmente ofrecidos.” 3) “El solicitante o solicitante conociera de antemano el sentido de la resolución por habérsele comunidad en un procedimiento anterior por el órgano informante.” 4) “Coincidan con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente previstos.” 5) “Cuando fueran de respuesta imposible, bien por el contenido o por razones de competencia.” Por lo que se entenderá que una solicitud es manifiestamente reiterativa cuando pueda subsumirse de forma justificada en cualquier de los incisos que han sido enumerados anteriormente. Trasladando lo dicho al caso que no ocupa, este Consejo no puede validar los motivos alegados por la administración para aplicar esta causa de inadmisión dado que, si se acude a los expedientes que enumera para justificar el carácter reiterativo de la solicitud planteada por la interesada, ninguno de ellos reproduce ni se asimila a la solicitud de información que se analiza en el presente expediente. Los expedientes que han sido identificados versan sobre materias diversas, aunque estén relacionados la plaza litigiosa o, directamente, no se trata de solicitudes de acceso a información pública propiamente dichas. Se debe advertir que para estimar la concurrencia del motivo de inadmisión alegado por la Universidad se debe de tratar de una coincidencia, en las solicitudes, es decir, que éstas sean idénticas o reproduzcan íntegramente en su contenido y hayan sido resueltas o estén en trámite de resolución. Y este requisito no concurre en el caso de la solicitud que se está resolviendo en el presente expediente. Por ello, no cabe estimar que la presente solicitud de información pública sea manifiestamente reiterativa con respecto del resto de expedientes tramitados por la reclamante, ya que no se da la coincidencia que exige la norma. SEXTO. Con independencia de lo expuesto hasta ahora, y como consta relatado en los antecedentes de la presente resolución, la administración atendió la solicitud de acceso que le fue planteada por la interesada mediante su correo de electrónico de 18 de julio de 2022; donde se exponía: “En contestación a su solicitud de fecha 12 de Julio de 2022: “Ruego me informen a qué unidades administrativas concretas ha estado adscrita la plaza 2443 de la URJC desde el año 2018 hasta la actualidad. En caso de haberse producido algún cambio de ubicación, ruego me indiquen la fecha en que se ha producido dicho cambio y el motivo” Una vez transmitida su consulta a la Vicegerencia de RRHH de la Universidad Rey Juan Carlos le comunicamos que: de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo de la URJC, aprobada por Resolución de fecha 28 de abril de 2017 (BOCM del día 19 de junio), la citada plaza ha estado adscrita al Campus de Madrid, Gestión de Campus, desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad.” Pese a que la misma reclamante ha acreditado que sí recibió respuesta a su solicitud, acudió a este Consejo presentando reclamación por la cual se indicaba que la Universidad no había atendido su solicitud y, por ello, reclamaba la intervención de este órgano. En fase de alegaciones, la administración ha ampliado considerablemente el alcance la información, detallando los motivos por los cuales entiende que se había cumplido con la entrega de información enviada. En particular, se expone el sistema organizativo de la Universidad y las distintas unidades administrativas que lo compone, y a través de ello, especifica que la concreción exigida por la reclamante no puede ser satisfecha, dado que la entidad no dispone de dicha información. Una vez analizado el expediente de la reclamación y comprobado que la Universidad sí ha informado a la reclamante de la adscripción de la plaza identificada a una unidad administrativa concreta durante el periodo indicado en la solicitud, cabe afirmar que la solicitud ha sido satisfecha y, por ende, procede la desestimación de la reclamación planteada por al solicitante. Se debe destacar que este Consejo no estaría facultado para ponderar elementos de la controversia ajenos al cumplimiento de la obligación de acceso a la información pública, que sí ha sido cumplida dado que los datos solicitados se han puesto a su disposición, cuestión distinta es que la reclamante esté disconforme con el contenido de la información dada. Esta disconformidad sobrepasa los límites y finalidades de la Ley de transparencia y deberá encauzarse a través de procedimiento administrativo correspondiente. En el caso que nos ocupa, no habiéndose invocado intereses de relevancia constitucional ni siendo apreciable de oficio por este Consejo, consideramos que debe desestimarse la reclamación en lo relativo a este punto. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid ha decidido, ÚNICO. Desestimar la reclamación con número de RDACTPCM250/2022, presentada por Dª. , en fecha 3 de agosto de 2022. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Rafael Rubio Núñez. Presidente. Responsable del Área de Publicidad Activa y Control. Ricardo Buenache Moratilla. Consejero. Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana. Antonio Rovira Viñas. Consejero. Responsable del Área de Acceso a la información.