Solicitud de información sobre la situación legal de naves edificadas y licencias municipales en el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

Resolución: RDA234/2023 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM069/2022 Reclamante: Administración reclamada: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Información reclamada: Situación legal naves edificadas. Sentido de la resolución: Estimación. ANTECEDENTES PRIMERO. El 2 de marzo de 2022, se recibe en este Consejo reclamación de Don ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información formuladas al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama de relativa a la situación legal en que se encuentran las naves edificios en un polígono industrial, entre otros datos. En concreto, la primera solicitud presentada se requería: “Conocer la situación legal en que se encuetan las naves edificadas en el polígono 13 calle Guillermo mesa n.º 16 y 18, así como la fecha de construcción permisos de obra y derecho de obra, así como fecha de escritura, titularidad y fecha de inscripción en registro de la propiedad. Certificado de todas la peticiones arriba indicada, así como su situación contable con la administración en cuanto a los impuestos municipales.” La segunda solicitud presentada requería acceder: […] Que con fecha 24 de enero pasado, copia que adjunto, solicite por registro […], que como vecino de Paracuellos venía a solicitar datos sobre la parcela n.º 5 de la Calle Guillermo mesa n.º 5. Y si tiene licencia municipal de obras y si así fuera, el recibo de pago de derecho de obras que tipo de suelo es si se encuentra al día, de todos los pagos municipales y si se puede edificarse en la actualidad.” Y la tercer solicitud requería: “Solicitando respuesta a mi escrito presentado el 18/07/2016 en el que solicitaba apertura de expediente por infracción urbanística cometida por los propietarios de la parcelas con la de la parcela con la referencia catastral […]. El 25 de enero vuelvo a reiterarme en la misma petición de apertura de expediente o en su defecto trasladarme las resoluciones adoptada, a fin de poder reclamar a los propietario el importe de los recibo de luz generados en esos años.” SEGUNDO. El 28 de abril de 2022, este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de la misma al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, solicitándole la remisión de las alegaciones que considere convenientes y, en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la citada reclamación. TERCERO. El 1 de junio de 2023, se recibió por este Consejo el escrito de alegaciones presentado por la administración requerida. En dicho escrito, se indica lo siguiente: “Presentadas por D. solicitudes de acceso a la información con números de registro de entrada 781, 782 y 783 de 24/01/2022, desde el Departo de Registro se remitieron las citadas solicitudes al Departamento de Urbanismo y al Departamento de Industria, quienes con fecha 22/03/2022 y 09/05/2022 las remitieron a su vez al Departamento de secretaria de este Ayuntamiento. Con fecha 9/05/2022 fueron aceptadas por este último departamento desde donde se ha procedido a incoar expedientes. Una vez dictada Providencia de Alcaldía en fecha 09/05/2022, se ha procedido a solicitar los informes correspondientes, así como a comunicar el trámite de audiencia a aquellos que pudieran ver afectados sus derechos e intereses, y al propio solicitante la suspensión del plazo para resolver por el plazo correspondiente a la presentación de las alegaciones que, en su caso, pudiera formular el tercero en su condición de interesado, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se adjuntan solicitudes presentadas por D. con número de registro de entrada 781, 782 y 783 de 24/01/2022, Providencia de Alcaldía, comunicaciones de trámite de audiencia y notificación al solicitante de suspensión del plazo para resolver.” CUARTO. El 6 de junio de 2022, se remite a la reclamante el escrito de la administración, concediéndole un plazo de 10 días para que formulase las alegaciones que considerase convenientes. Transcurrido el mismo, no se ha recibido respuesta por parte del interesado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, “LTPCM”) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley se aplicarán a: “f) las entidades que integran la Administración local, las asociaciones” mientras que la Disposición Adicional Octava señala que “Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos. CUARTO. El derecho de acceso a la información pública se reconoce en el artículo 105 b) de la Constitución, con arreglo al cual: “la Ley regulará: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” El ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso a la información se delimita de manera muy amplia en el artículo 5 de la LTPCM, de manera casi idéntica al artículo 13 de la LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.” En función de lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se entiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” (STS de 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Por lo tanto, ambas Leyes y la doctrina del Tribunal Supremo, definen el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto debe de estar en posesión del sujeto al momento de recibir la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, bien porque la ha conservado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones y competencias encomendadas. En el caso que nos ocupa, la información requerida debe considerarse información pública dado que estamos ante una solicitud de datos sobre la situación legal de una parcela, que son datos recogidos por una administración pública, que obran en su poder, y han sido obtenidos en el ejercicio de sus funciones y competencias. Una vez sentada la naturaleza de la información solicitada, corresponde analizar si se debe conceder acceso a la información solicitada, esto es, si se trata de información pública susceptible de ser concedida, o si, por el contrario, resulta de aplicación algún límite o causa de inadmisión que impida su acceso. QUINTO. En el presente caso, el reclamante acude a este Consejo manifestando que no ha recibido respuesta a sus solicitudes por parte del Ayuntamiento. No obstante, la administración, en el trámite de alegaciones, comunicó que había iniciado el trámite de audiencia a terceros regulado en el artículo 19.3 de la LTAIBG, al valorar que el acceso a los datos de una de las solicitudes podría afectar a derechos de terceros. En concreto, el ayuntamiento indicó que: “De acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se informe a Dña. , Dña. , D. , D. y Dña. para que en el plazo de quince días puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas al poderse ver afectados sus derechos o intereses, y a D. de la suspensión del plazo para dictar resolución en el presente procedimiento hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación” Este Consejo ha podido comprobar que el plazo concedió por la administración para la presentación de alegaciones a los terceros han transcurrido íntegramente y la administración no ha informado a este Consejo del resultado de la realización de dicho trámite, y tampoco ha dictado resolución al respecto de las solicitudes del interesado. Resulta necesario recordar, que la falta de resolución expresa de las solicitudes de información que se formulen, conlleva la creación de un claro perjuicio al solicitante, al desconocer los motivos por los cuales no se le permite acceder a la información requerida. Esta situación obstaculiza su derecho de defensa frente a la actuación de la administración, al no tener a su disposición una decisión fundamentada a la que oponerse por vía de recurso. Si bien, tal y como dispone el artículo 42.3 de la LTPCM, una vez transcurrido el plazo máximo de resolución sin notificarse; “la solicitud de acceso se entenderá́ desestimada conforme a lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública.”. Esta disposición no afecta al mandato contenido en el artículo 34.1 de la LTPCM, el cual exige que: “el derecho de acceso a la información pública sólo podrá́ ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado”. Y este precepto, debe ponerse en relación con el artículo 40 del mismo cuerpo legal, que establece: “Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que conforme a la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública incurran en causa de inadmisión.” Y a mayor abundamiento, la conducta de la administración incumple los establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, la “LPAC”), de aplicación supletoria, que en su artículo 21.1 establece que; “1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.” En todo caso, la administración está obligada a resolver expresamente, y la desestimación por medio del silencio administrativo no se regula como una alternativa a la resolución expresa, se trata de una forma de subsanar el funcionamiento deficiente de la administración y permitir al interesado continuar con la tramitación del procedimiento en caso de inactividad del órgano requerido. En definitiva, la adopción de resoluciones mediante actos presuntos debe calificarse como actuación irregular de la administración, que conllevaría la correspondiente sanción en materia de transparencia conforme a lo dispuesto en el Título VI de la LTPCM. La denegación o limitación del derecho de acceso a la información pública deberá hacerse a través de resolución motivada y ponderada, preservando así el derecho del interesado a conocer los fundamentos que ha empleado la administración para resolver su solicitud. SEXTO. Al no contar con una respuesta de la administración responsable a la solicitud de acceso planteada ni al haber informado en el proceso del resultado del trámite de audiencia a terceros, no resulta posible deducir si la documentación solicitada existe, o si esta se encuentra afectada por alguna de las causas de inadmisión reguladas en el artículo 18 de la LTAIBG o alguno de los límites de acceso a la información contemplados en el artículo 34 de la LTPCM y 14 y 15 de la LTAIBG. Aunque resulta evidente que estamos ante información que, de existir, obra en poder de un organismo sujeto a la LTPCM y ha sido elaborada en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, debe considerarse información pública accesible. Por todo lo anterior, teniendo en cuenta la evidente naturaleza pública de la información, y que el incumplimiento por la Administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, por lo que este Consejo considera que la administración requerida debe entregar la información solicitada al reclamante. Recordamos a la citada administración que, en el momento de la puesta a disposición de la información, deberá observarse la regla ya consolidada que indica que en los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera que hay motivos razonados por los que prima la protección de los datos personales, se debe proceder a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid ha decidido, PRIMERO. Estimar la Reclamación con número de expediente RDACTPCM069/2022 presentada en fecha 2 de marzo de 2022 por Don , por constituir su objeto información pública. SEGUNDO. Instar al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama a que en el plazo de 20 días hábiles entregue al reclamante la información solicitada en las distintas solicitudes de acceso presentadas por este, siempre que esa información exista y, de no existir, se le informe sobre tal inexistencia, remitiendo al Consejo testimonio de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del contenido de la presente resolución. TERCERO. Recordar al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama que si no se diera cumplimiento al contenido de la presente resolución o lo hiciera de forma parcial o defectuosa, el Área a la que corresponda la tramitación de la reclamación, o el Pleno en los casos que le corresponda, remitirán los correspondientes requerimientos instándole al cumplimiento íntegro de la misma y, de no atenderlos, se podrá remitir el expediente a la Presidencia del Consejo para que inicie el procedimiento sancionador regulado en el Título VI de la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de todo ello se dejará constancia en el informe que el Consejo remite anualmente a la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Rafael Rubio Núñez. Presidente. Responsable del Área de Publicidad Activa y Control. Ricardo Buenache Moratilla. Consejero. Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana. Antonio Rovira Viñas. Consejero. Responsable del Área de Acceso a la información.