Acceso al expediente administrativo de concesión de licencia de complejo hotelero en Navalgamella

Resolución: RDA360/2023 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM212/2023. Reclamante: en representación de la Federación Ecologistas en acción de la Comunidad de Madrid. Entidad reclamada: Ayuntamiento de Navalgamella. Información reclamada: Vista de expediente administrativo de concesión de licencia de complejo hotelero. Sentido de la resolución: Estimación. ANTECEDENTES PRIMERO. El día 16 de agosto de 2023, se recibe en este Consejo reclamación de Doña por disconformidad con la respuesta recibida a su solicitud de información formulada en fecha 11/05/2023 al Ayuntamiento de Navalgamella, relativa a la vista del expediente administrativo de concesión de licencia del complejo hotelero ubicado en la parcela de referencia catastral 7199501VK0779N0001DW. En concreto, la interesada indica lo siguiente en su escrito de reclamación: “Se sabe que el Ayuntamiento de Navalagamella ha concedido licencia urbanística para la construcción de un complejo hotelero y deportivo en la urbanización Cerro Alarcón, junto al embalse del mismo nombre. La zona es colindante al espacio Red Natura 2000 Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Se ha solicitado la vista del expediente administrativo de concesión de licencia de concesión de licencia y el Ayuntamiento se niega a permitirlo. El argumento es que se trata de un proyecto privado y que por protección de datos es imposible darnos acceso. Incluso pedimos una cita con el arquitecto que se negó, incluso a decirnos la fecha en la que se concedió la licencia. Todo lo que se sabe sobre el proyecto es por lo que se ha publicado en medios d comunicación. El alcalde ha llegado a calificar a Ecologistas en Acción de "sandias" "verde por fuera y rojos por dentro" y que nuestra solicitud se basa solo en motivos políticos. Hay que tener en cuenta que en 2008 ya se aprobó un proyecto hotelero que fue anulado por el TSJM por sobrepasar la zona urbana en la que podría estar permitido ese uso. El hecho de que el Ayuntamiento se niegue tajantemente a mostrar un expediente administrativo público, nos hace pensar que el proyecto n se ajuste a la normativa urbanística de aplicación. Se adjuntan algunos enlaces con declaraciones del alcalde de Navalagamella. https://www.elespanol.com/madrid/sociedad/20230813/guerra-ecologista- madrid-futuro-hotel-verde-lujo-junto-embalse-ocultan- licencia/785171654_0.html https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Polemica-en- Navalagamella-por-la-construccion-de-un-hotel-rural-2-2583361655-- 20230731040538.html https://www.larazon.es/madrid/navalagamella-defiende-hotel-rural- futuro_2023072764c2ba1cbcaee00001ab061b.html” La interesada había solicitado la siguiente información: “(…) Primero.- Que mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2023 (Reg. nº 2023-E-RE-465), estas organizaciones solicitaron vista del expediente administrativo de concesión de licencia de un complejo hotelero en la parcela de referencia catastral 7199501VK0779N0001DW, junto al embalse Cerro Alarcón, en la urbanización del mismo nombre. La parcela es colindante al espacio Red Natura 2000 ZEC Cuencas de los ríos Alberche y río Cofio y ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Segundo.- Que la solicitud de vista del expediente se fundamenta en los siguientes derechos ciudadanos: - El derecho reconocido en el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, a acceder a la información pública, archivos y registros. - Los derechos reconocidos en el art. 5.c) y f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, incluye entre los derechos del ciudadano: c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora Tercero.- Que ante la falta de contestación por parte del Ayuntamiento de Navalagamella, la representante legal de ambas entidades, se puso en contacto telefónico para conocer el estado de su petición. Se le indicó que el responsable del expediente es el arquitecto municipal D. Roberto de Vicente Almagro y que era con ese técnico con quien había que concertar una cita. Finalmente, la cita se concedió para el 5 de julio de 2023. Llegada la fecha, el arquitecto municipal -persona en quien, se entiende que recae la custodia del expediente- se negó reiteradamente a facilitar el acceso al mismo. El motivo de tal decisión se ampara en la falta de autorización por parte del Delegado de Protección de Datos. Como consecuencia de esa decisión se presentó una queja en el registro municipal (nº 1936), manifestando la vulneración de derechos derivados de la actitud del técnico municipal y reiterando la solicitud de vista del expediente. Cuarto.- Que en relación con los argumentos esgrimidos por el arquitecto municipal, sobre protección de datos hay que indicar: - El titular del suelo y el titular del proyecto que ha sido objeto de licencia son personas jurídicas, no son persona físicas. - Los datos de las personas jurídicas no son objeto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ni de su normativa de desarrollo. - No es previsible que el expediente contenga datos especialmente protegidos, entendiéndolos de acuerdo al art. 15 de la LO 3/2018. - Si fuera el caso de que el expediente incluyera datos personales de alguna persona física, el apartado 4 del art. 15 de la Ley 19/2013, contempla la previa disociación o anonimización de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. Quinto.- Que para el caso concreto de los expedientes de concesión de licencia, durante el periodo en el que pueda ejercerse la acción pública urbanística –supuesto en el que nos encontramos- la Agencia Española de Protección de Datos, en su guía Protección de Datos y Administración Local reconoce que, ni siquiera será necesario disociar o anonimizar los datos personales. Dice textualmente: Por consiguiente durante el período en que puede ejercerse la acción pública urbanística, cabrá acceder a los datos personales contenidos en los expedientes de licencia urbanística por cualquier persona en el ejercicio de dicha acción, transcurrido dicho plazo será preciso acudir a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en los términos citados. Sexto.- Que de acuerdo al art. 154 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la emisión de la resolución por la que se concede la licencia, pone fin al procedimiento de solicitud de licencia. Por tanto, en base al art. 84 de la Ley 39/2015, el expediente de concesión de licencia urbanística al complejo hotelero en la parcela de referencia catastral 7199501VK0779N0001DW, junto al embalse Cerro Alarcón, en la urbanización del mismo nombre, está finalizado. Por todo lo anterior, podría deducirse que el Ayuntamiento de Navalagamella a través de las figuras del arquitecto municipal y del delegado de protección de datos, podría estar obstaculizando, a sabiendas, el derecho ciudadano de acceso a un expediente administrativo obstaculizando, a sabiendas, el derecho ciudadano de acceso a un expediente administrativo finalizado y frustrando el derecho de acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial -si fuera el caso- al imposibilitar la interposición de acciones legales en los plazos reglamentarios, por dilaciones indebidas y posiblemente premeditadas. A juicio de estas organizaciones, de la actitud municipal o del técnico responsable del expediente y/o del Delegado de Protección de Datos, se podría entender que se está ocultado un expediente completo, impidiendo que surta los efectos que resulten del mismo como es el ejercicio de la acción pública, en caso de que la licencia urbanística amparase actuaciones contrarias a la normativa urbanística de aplicación, comportamiento que podría encuadrarse en el ilícito tipificado en el art. 413 del Código Penal. Por lo expuesto, la que suscribe en la representación que ostenta SOLICITA AL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALAGAMELLA que aclare la dilación indebida que se está produciendo en este caso y autorice lo antes posible la vista del expediente administrativo de concesión de licencia de un complejo hotelero en la parcela de referencia catastral 7199501VK0779N0001DW, junto al embalse Cerro Alarcón, en la urbanización del mismo nombre, en los términos que recoge la normativa de aplicación.” SEGUNDO. El 24 de octubre de 2023 este Consejo admitió a trámite la reclamación y dio traslado de la misma a la alcalde del Ayuntamiento de Navalgamella, solicitándole la remisión de las alegaciones que considere convenientes, copia del expediente y, en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para valorar y resolver la citada reclamación. TERCERO. A la fecha de adopción de la presente resolución, no se ha recibido expediente alguno ni se han realizado alegaciones por parte del Ayuntamiento de Navalgamella. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante LTPCM) reconoce en su artículo 30 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 5.b) de la misma entiende por información pública “los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. El derecho de acceso, por tanto, se ejerce sobre una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. SEGUNDO. El artículo 47 y siguientes y el 77 de la LTPCM, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, reconocen la competencia de este Consejo para resolver las reclamaciones que se presenten en el ámbito del derecho de acceso a la información. TERCERO. El artículo 2 de la LTPCM establece que las disposiciones de esa ley se aplicarán a: "...f) …, las entidades que integran la administración local...", mientras que la Disposición Adicional Octava señala que “Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad”. CUARTO. El derecho de acceso a la información pública se reconoce en el artículo 105 b) de la Constitución, con arreglo al cual: “la Ley regulará: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” El ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso a la información, como ya se ha indicado anteriormente, se delimita de manera muy amplia en el artículo 5 de la LTPCM, de manera casi idéntica al artículo 13 de la LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.” En función de lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se entiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” (STS de 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Por lo tanto, ambas Leyes y la doctrina del Tribunal Supremo, definen el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto debe de estar en posesión del sujeto al momento de recibir la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, bien porque la ha conservado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones y competencias encomendadas. En el caso que nos ocupa, la información requerida debe considerarse información pública dado que estamos ante un expediente de concesión de licencia, información que ha sido elaborada por el ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones y competencias y, por tanto, obra en su poder. Una vez sentada la naturaleza de la información solicitada, corresponde analizar si se debe conceder acceso a la información solicitada, esto es, si se trata de información pública susceptible de ser concedida, o si, por el contrario, resulta de aplicación algún límite o causa de inadmisión que impida su acceso. QUINTO. Antes de entrar en el fondo del asunto, es preciso recordar que la administración reclamada no ha respondido a la petición de alegaciones de este Consejo y al no hacerlo se está incumpliendo con lo establecido por el artículo 44 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, además de ignorar el deber de colaboración que señala el artículo 78 de la LTPCM, en el que se establece lo siguiente: Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán facilitar al Consejo de Transparencia y Participación, la información que les solicite en los plazos señalados en esta Ley y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones (…). En consecuencia, la desatención de los requerimientos de este Consejo resulta contraria a la normativa vigente en materia de transparencia de la Comunidad de Madrid y, también a una adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública. SEXTO. En cuanto al fondo del asunto, al no contar con una respuesta de la administración a la petición de alegaciones formulada por este Consejo, no resulta posible deducir si la información solicitada se encuentra afectada por alguna de las causas de inadmisión reguladas en el artículo 18 de la LTAIBG o alguno de los límites de acceso a la información contemplados en el artículo 34 de la LTPCM y 14 y 15 de la LTAIBG. Aunque resulta evidente que estamos ante información que obra en poder de un organismo sujeto a la LTPCM y ha sido elaborada y obtenida en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, debe considerarse información pública accesible. Por todo lo anterior, teniendo en cuenta la evidente naturaleza pública de la información, y que el incumplimiento por la Administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso y la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, este Consejo considera que la administración requerida debe entregar la información solicitada al reclamante y estimar la presente reclamación. Recordamos a la citada administración, que en el momento de la puesta a disposición de la información, deberá observarse la regla ya consolidada que indica que en los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera que hay motivos razonados por los que prima la protección de los datos personales, se debe proceder a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid ha decidido, PRIMERO. Estimar la reclamación con número de expediente RDACTPCM212/2023, presentada en fecha 16 de agosto de 2023 por Doña , en representación de la Federación Ecologistas en acción de la Comunidad de Madrid, por constituir su objeto información pública. SEGUNDO. Instar al alcalde del Ayuntamiento de Navalgamella a que en el plazo de 20 días hábiles conceda acceso y vista del “expediente administrativo de concesión de licencia de un complejo hotelero en la parcela de referencia catastral 7199501VK0779N0001DW, junto al embalse Cerro Alarcón”, remitiendo testimonio de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del contenido de la presente resolución. TERCERO. Recordar al Ayuntamiento de Navalgamella que si no se diera cumplimiento al contenido de la presente resolución o lo hiciera de forma parcial o defectuosa, el Área a la que corresponda la tramitación de la reclamación, o el Pleno en los casos que le corresponda, remitirán los correspondientes requerimientos instándole al cumplimiento íntegro de la misma y, de no atenderlos, se podrá remitir el expediente a la Presidencia del Consejo para que inicie el procedimiento sancionador regulado en el Título VI de la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de todo ello se dejará constancia en el informe que el Consejo remite anualmente a la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Rafael Rubio Núñez. Presidente. Responsable del Área de Publicidad Activa y Control. Ricardo Buenache Moratilla. Consejero. Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana. Antonio Rovira Viñas. Consejero. Responsable del Área de Acceso a la información.