Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Aielo de Malferit sobre la desconexión de cámaras de vigilancia y resultado de estimación parcial

Expediente Nº 82/2023 Resolución Nº 199/2023 CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA Presidente: D. Ricardo García Macho Vocales: Dña. Emilia Bolinches Ribera D. Lorenzo Cotino Hueso Dña. Sofía García Solís En Valencia, a 20 de octubre de 2023 Reclamante: D. Sujeto contra el que se formula la reclamación: Ayuntamiento de Aielo de Malferit VISTA la reclamación número 82/2023, interpuesta D. , contra el Ayuntamiento de Aielo de Malferit y siendo ponente la vocal del Consejo, Sra. Dña. Sofía García Solís, se adopta la siguiente RESOLUCIÓN ANTECEDENTES Primero. – Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 23 de marzo de 2023 D. presentó con número de registro GVSIR/2023/68651, una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia contra la falta de respuesta del Ayuntamiento de Aielo de Malferit a una solicitud de acceso a información presentada el 14 de febrero de 2023, con número de registro de entrada 346, en la que pedía una certificación sobre la fecha en que las cámaras de vigilancia instaladas en vías y espacios públicos fueron desconectadas e información sobre si el reclamante ha tenido algo que ver en esta decisión. Concretamente solicitaba lo siguiente: “Certificación de este Ayuntamiento con expresión de la fecha en que las cámaras de vigilancia instaladas en vías y espacios públicos por parte del anterior gobierno municipal del que la mencionada persona, era el alcalde fueron desconectadas y de los motivos por los que se tomó esa decisión, y de si mi persona ha tenido algo que ver con dicha desconexión.” Segundo. - Al objeto de brindar una respuesta adecuada a la solicitud del reclamante, con carácter previo a la deliberación de la presente resolución por parte de este Consejo se procede a conceder trámite de audiencia al Ayuntamiento de Aielo de Malferit, instándole mediante escrito de fecha 11 de abril de 2023, para que en un plazo de quince días pudiera formular las alegaciones que considerase oportunas respecto de las cuestiones referidas, así como a facilitar a este Consejo cualquier información relativa al asunto que pudiera resultar relevante, siendo recibido por el Consorcio el día 13 de abril, tal y como consta en el acuse de recibo telemático. Hasta la fecha no se ha recibido contestación alguna a dicho requerimiento por parte del Ayuntamiento de Aielo de Malferit. Tercero. - Efectuada la deliberación del asunto en la sesión del día de la fecha, este Consejo adopta la presente resolución bajo los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. - Conforme a lo dispuesto en su art. 47.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 1/2022 valenciana), “el Consejo Valenciano de Transparencia es la autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana. Tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, siendo el órgano competente para “resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa”, según recoge, entre sus funciones, el artículo 48.1 del mismo texto legal. Segundo. – El artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana establece que frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información podrá interponerse reclamación potestativa (previa a la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa) ante el Consejo Valenciano de Transparencia. Estas reclamaciones se regirán por lo previsto en esta Ley, así como por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Tercero. - Asimismo, la administración destinataria de la solicitud de acceso a la información pública objeto del presente recurso –el Ayuntamiento de Aielo de Malferit – se halla sujeto a las exigencias de la citada Ley, en virtud de lo dispuesto en su art. 3.1.d), que se refiere de forma expresa a “las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes”. Cuarto. - En cuanto al reclamante, se reconoce el derecho de D. a acogerse a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana, toda vez que el art. 27 de dicha Ley garantiza el derecho de acceso a la información pública de cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización constituida legalmente, sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar la ley. Quinto. - Por último, la información solicitada constituye información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según el cual se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. En los mismos términos se pronuncia la Ley 1/2022 valenciana en su artículo 7.4. Sexto. – Entrando en el fondo del asunto, en relación con la información solicitada por el reclamante (antecedente primero), cabe hacer las siguientes consideraciones: Sobre la expedición de certificaciones, este Consejo en diferentes resoluciones (resolución del expediente nº 207/2019, 14/2020, 85/2022, 360/22) ha venido manifestando que “el derecho de acceso a la información no cubre el derecho a obtener “certificados” de la administración, sino exclusivamente el acceso a la información”, pues “el concepto de información pública parte de una premisa inexcusable y es la existencia de la información en el momento de formulación de la solicitud de acceso. De ahí que las leyes de transparencia no amparen las solicitudes de información dirigidas a obtener copias auténticas o certificadas, ya que estas tienen la consideración de actos futuros, por cuanto se generan como consecuencia de la petición que se formula”. Así se han venido desestimando las reclamaciones en las que se solicitaba la información certificada, por entender que la misma no es información pública, tal y como se define en la ley de transparencia, a saber “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” (art. 13 LTIBG). Ahora bien, el Consejo considera que el derecho de acceso debe partir del principio de máxima transparencia, y en base al mismo, entiende que si la información obra en poder de la administración, deberá facilitarse, pero tal y como exista y esté disponible y sin que para ello sea necesario realizar una labor de reelaboración o a que la corporación produzca una información que antes no tenía. Por tanto, centrándonos en lo que concretamente solicita el reclamante que, recordemos, se puede sintetizar en: - fecha en que las cámaras de vigilancia instaladas en vías y espacios públicos fueron desconectadas por parte del anterior gobierno municipal, - motivos por los que se tomó esa decisión, y - si la persona del reclamante ha tenido algo que ver con dicha desconexión. Sobre los dos primeros incisos, y en base a lo antes expuesto, si la corporación dispone de alguna resolución o documentación en la que conste la fecha y los motivos por los que se desconectaron las mencionadas cámaras de vigilancia, no se aprecia la existencia de límite o causa de inadmisión alguna que pueda impedir o restringir el ejercicio del derecho de acceso, por lo que deberá facilitarle dicha información al reclamante, pero sin que deba elaborarse informe o documento alguno ad hoc para informarle de lo solicitado, en cuyo caso sí que se estaría incurriendo en una causa de inadmisión del derecho de acceso al requerir para su difusión de una reelaboración previa. En lo que al tercer apartado se refiere, es decir, si el reclamante ha tenido algo que ver con la desconexión de las cámaras, este Consejo ha señalado, en no pocos supuestos, que no procederá la inadmisión por reelaboración cuando la acción de la Administración únicamente implica una sencilla gestión de la información existente que permita, por ejemplo, contestar de forma breve y sencilla (por ejemplo, sí o no), lo que no debe confundirse con la petición de pareceres u opiniones técnicas o jurídicas a la vista de la información obrante, que serían sin duda una reelaboración (Res. 115/2022. FJ 4º). En consecuencia, si la administración tiene conocimiento de que el reclamante ha tenido algo que ver en esa desconexión, no vemos motivo alguno para que le indique sí, no o, simplemente, no consta. Séptimo. - Para concluir, procede recordar al ayuntamiento de Aielo de Malferit la obligación de resolver en plazo de la Administración, recogida con carácter general por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 21 contempla la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla en el plazo máximo fijado por la norma reguladora correspondiente, en todos los procedimientos. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, en cuyo artículo 34.1. establece que “las solicitudes de acceso a información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente”, considerando el artículo 68.3 como infracción leve “b) el incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública”. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, el Consejo Valenciano de Transparencia acuerda Primero. – Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por D. contra el ayuntamiento de Aielo de Malferit, reconociendo su derecho de acceso a la información solicitada, sin que deba facilitarse certificada, según los términos establecidos en el FJ sexto de la presente resolución. Segundo. – Instar al ayuntamiento a que, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, facilite al reclamante la información solicitada. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA Ricardo García Macho