Reclamación sobre motivación de acto administrativo y reconocimiento de condición de interesado

RESOLUCIÓN 8/2016, de 18 de mayo de 2016, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (Reclamación núm. 26/2016). ANTECEDENTES Primero. (O reclamante presentó el 10 de octubre de 2015 un escrito dirigido a la Consejería de Salud en el que, en síntesis, solicita que, en un expediente en el que se tramita una autorización administrativa de Centros, Servicios y EstablecimientosSanitarios, se le motive un determinado acto administrativo. Segundo. El 22 de octubre de 2015, el Viceconsejero de Salud dicta resolución ante la citada solicitud acordando su inadmisión “ basado en el hecho de que existe un procedimiento en trámite, donde se le ha solicitado subsanación, por lo que todo tipo deinformación deberá solicitarlo ante la Delegación Territorial de esta Consejería en Málaga”. Igualmente, la resolución recurrida apoya su denegación en que es de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, la cual establece que “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesado en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. La resolución concluye manteniendo que, al ser de aplicación el régimen jurídico común, establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el reclamante deberá acreditar su condición de interesado y dirigir su escrito a la Delegación Territorial citada. Tercero. El 21 de noviembre de 2015, el interesado presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo), en el que, sintéticamente, sostiene que: • El procedimiento no está en trámite, porque precisamente la administración lo declaró concluso, por desistimiento. • Que es interesado en el procedimiento. Con base en lo expuesto, solicita del Consejo que se le estime su reclamación y que se le otorgue la condición de interesado en el procedimiento del que trae causa la reclamación. Cuarto. Una vez constituido el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con la aprobación de sus Estatutos y realización de las actuaciones necesarias para su puesta en marcha, la reclamación tuvo entrada el 11 de marzo de 2016, y con fecha 14 siguiente le fue comunicado al reclamante el inicio del procedimiento para resolver su reclamación y fecha máxima para resolución de la misma. Quinto. El Consejo solicitó el 14 de marzo de 2016 al órgano reclamado las alegaciones que tuvieran por convenientes plantear en orden a resolver la reclamación, así como el expediente e informe. De este escrito se dio conocimiento igualmente a la Unidad de Transparencia de la Consejería de Salud. Sexto. El 7 de abril de 2016 tiene entrada escrito del Viceconsejero de Salud remitiendo el informe y el expediente reclamado. La Consejería de Salud basa su informe en los mismos motivos denegatorios de la resolución recurrida. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Segundo. Hemos de analizar en primer lugar si la información solicitada es información pública según la definición que sobre dicho término ofrece el artículo 2.a) de la LTPA. Es decir, si la información solicitada versa sobre documentos o contenidos, cualquier que sea su soporte o formato, que obra en poder de una de las entidades sometidas al ámbito subjetivo de la Ley y si ha sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Del examen de la documentación aportada al expediente se constata que lo que el reclamante solicita es, por un lado, una razón o motivación a un acto administrativo dictado por un Instructor en un expediente de modificación de una autorización administrativa de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, y, por otro, que se le otorgue por este Consejo la condición de interesado en el citado expediente. Pues bien, ninguna de las alegaciones pueden prosperar en orden a obtener un pronunciamiento estimatorio por este Consejo por cuanto ambas peticiones exceden del ámbito objetivo previsto en la LTPA. Lo que ha de dirimir este Consejo es el derecho que tienen las personas al acceso a la información pública de documentos o información pública que obre en poder de los sujetos obligados de acuerdo con lo establecido en la LTPA. Pero la actuación del Consejo no se dirige a obligar a los órganos administrativos a motivar los actos que dicten durante la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos. Será en el seno del correspondiente procedimiento donde quien resulte interesado podrá ejercitar cuantas acciones tenga por convenientes para exigir esa motivación, ya en vía administrativa o judicial, pero no puede acogerse por este Consejo una petición de tal naturaleza. Igual suerte ha de correr la petición consistente en que este Consejo le otorgue al ahora reclamante la condición de interesado en el procedimiento de modificación de una autorización de Centros, Servicios y establecimientos Sanitarios. Por las mismas razones de exceso del ámbito objetivo de la LTPA no corresponde a este Consejo determinar dicha condición de interesado, lo que deberá resolverse por el órgano reclamado en el seno del correspondiente procedimiento. Por consiguiente, en virtud de lo previsto en el citado artículo 2.a) de la LTPA , lo solicitado no constituye información pública a los efectos de la Ley. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, este Consejo RESUELVE Único. Inadmitir la reclamación de XXX contra la resolución de la Viceconsejería de Salud de 22 de octubre de 2015, por cuanto la solicitud de información realizada no está amparadapor la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.