Reclamación por denegación de información sobre pagos a entidades de gestión de derechos de autor

RESOLUCIÓN 35/2016, de 1 de junio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía por denegación de información (Reclamación núm. 021/2016). ANTECEDENTES Primero. El reclamante solicitó el 18 de agosto de 2015 a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, la siguiente información: “Deseamos conocer los pagos efectuados por la Junta de Andalucía, sus Consejerías, Agencias Administrativas, Agencias de Régimen Especial, Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Consorcios y otras entidades dependientes o gestionadas por la Junta de Andalucía en cualquier concepto, convenio o motivo a las siguientes entidades de gestión de Derechos de Autor: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores); CEDRO (Centro español de derechos reprográficos); VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos); DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales), AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España, AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión), AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales), Entidades de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales). En los ejercicios 2013 y 2014 y los conceptos o motivos de abono, así como por cada una de las entidades en cada uno de los ejercicios.” Segundo. El 29 de septiembre de 2015 la Dirección General Tesorería y Deuda Publica dicta una resolución inadmitiendo la solicitud y declarando el archivo de la misma. En la parte dispositiva de la resolución se recoge lo siguiente: “La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, tiene competencias para la ordenación de los pagos en el ámbito de las obligaciones tramitadas en firme por la Junta de Andalucía, así como el pago material de los citados pagos en firme y del resto de pagos ordenados por las Agencias Administrativas, de Régimen Especial y los distintos gestores pagadores del Anticipo de Caja Fija, una vez que se ha culminado la tramitación administrativa correspondiente por parte de los órganos gestores del gasto. En este sentido, la remisión de los documentos a la Tesorería para su pago no se acompaña de mayor información que la estrictamente necesaria para realización de este trámite, y que no necesariamente incluye datos sobre el concepto o motivo de abono, que quedan circunscritos al expediente contable de gasto. Implica esto que la información que se solicita no se encuentra disponible en todos los casos en los registros que se tratan por la Tesorería General para la realización de los pagos materiales, por lo que sería necesario para su obtención recabar datos y documentos de otras Consejerías” Tercero. El 27 de octubre de 2015, el interesado presenta una reclamación dirigida al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en adelante el Consejo, en el que solicita lo que sigue: “1. Sea revisada la anterior actuación (la Resolución de la DG Tesorería y Deuda Pública recurrida) por no ser conforme a la normativa establecida en la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre. Toda vez que en ningún momento el escrito estaba dirigido a la Dirección General de Tesorería sino a la propia Consejería de Hacienda que ya sea bien a través de la Intervención General, Secretaría General de Hacienda u otros de los departamentos de la Consejería debe de conocer la información solicitada como órgano responsable de los derechos y obligaciones de cobro y pago de la Administración de la Junta de Andalucía. “2. Sea revisado el escrito de inadmisibilidad por no estar redactado en términos coherentes y conforme al Derecho a obtener una resolución motivada. Consistente en el derecho de la persona solicitante a que la resolución que inadmita a trámite la solicitud de acceso, deniegue el acceso, conceda el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada, sean motivadas. El firmante del escrito lo único que establece es que la información no obra en poder de una Dirección General, en este caso la de Tesorería, sin molestarse en analizar que es imposible que el conjunto de la Consejería no tenga la información solicita. ¿Quizás se está dando una desviación para así no dejar ejercer los correspondientes Derecho a la publicidad activa y el Derecho de acceso a la información pública? ” Cuarto. Una vez constituido el Consejo con la aprobación de sus Estatutos y realización de las actuaciones necesarias para su puesta en marcha, la reclamación tuvo entrada el 11 de marzo de 2016, y con fecha 14 siguiente le fue comunicado al reclamante el inicio del procedimiento para resolver su reclamación y fecha máxima para resolución de la misma. Quinto. El Consejo remitió el 14 de marzo de 2016 a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública la reclamación planteada solicitándole las alegaciones que tuvieran por conveniente alegar para la resolución de la reclamación así como copia del expediente. Sexto. El 7 de abril de 2016 tiene entrada en este Consejo escrito del órgano reclamado en el que informa de lo siguiente: “Dicha solicitud se asignó a esta Dirección General por la Unidad de Transparencia de esta Consejería y se declaró como inadmitida por este Centro Directivo debido a que los datos necesarios para extraer y elaborar la información que requería el solicitante no forman parte de las órdenes de pago que se reciben en esta Tesorería para su materialización, por lo que para su atención sería necesario recabar y tratar otros datos relativos a la gestión del gasto del que procede la orden de pago, cuya competencia corresponde a cada Consejería en función de la materia”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Hemos de analizar en primer lugar si la información solicitada es información pública, según la definición que de este término ofrece el artículo 2.a) de la LTPA. Es decir, si la información solicitada se refiere a documentos o contenidos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de una de las entidades sometidas al ámbito subjetivo de la Ley, y si la misma ha sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. El reclamante quiere conocer los pagos que se han realizado a una serie de entidades de gestión de derechos de autor, durante un determinado periodo de tiempo, “en cualquier concepto, convenio o motivo”. Pues bien, estos datos no sólo constituyen información pública según lo establecido en el artículo 2.a) de la LTPA, sino que además, en relación con los pagos que puedan ser abonados a través de subvenciones, convenios o contratos, podría constituir incluso información objeto de publicidad activa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la LTPA. En suma, nos encontramos ante una solicitud de información de carácter netamente económico, sin que quepa albergar la menor duda acerca de que la ordenación general de pagos realizados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía esté incluida en el ámbito de aplicación de la LTPA. La ciudadanía puede, pues, en virtud de la LTPA, conocer en qué y cómo se emplean los fondos públicos. Tercero. De acuerdo con lo previsto en los artículos 2.c) y 24 de la LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. En efecto, como se cuida de subrayar la propia LTPA, “el acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información, constituyendo, pues, la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos. II). La accesibilidad de la información solo puede verse comprometida, por tanto, cuando concurran los supuestos contemplados en la Ley. Así, el artículo 14 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG), señala los motivos por los que se podrá limitar el derecho de acceso cuando su ejercicio entrañe un perjuicio para los supuestos que de modo taxativo identifica dicha disposición, a saber: “a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. Por otra parte, el artículo 15 de la LTAIBG regula las relaciones entre la transparencia y la protección de datos personales estableciendo un régimen de acceso más o menos riguroso en función de los concretos datos involucrados en la petición de información (si son o no especialmente protegidos, o si afectan únicamente a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad del órgano de que se trate). Sin embargo, tras el examen de la documentación aportada al expediente, no se aprecia que se haya invocado ninguno de esos artículos en la resolución reclamada para denegar la información solicitada. Cuarto. En efecto, la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública resolvió inadmitir la solicitud de información argumentando, fundamentalmente, que “la información que se solicita no se encuentra disponible en todos los casos en los registros que se tratan por la Tesorería General para la realización de los pagos materiales”, y en consecuencia que los datos y documentos se deberían recabar de las diferentes Consejerías. Ha de señalarse que la solicitud iba dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y, según informa la citada Dirección General, fue la Unidad de Transparencia de la Consejería la que se la asignó para su resolución. Pues bien, sostener que la información solicitada “no se encuentra disponible en todos los casos” implica asumir implícitamente que sí contaba con la misma en otros supuestos, por lo que nada hubiera impedido ofrecer dicha información al solicitante. Comoquiera que sea, si el propósito de la Dirección General era señalar que la información no obraba en su órgano directivo, lo procedente hubiera sido, no inadmitir la solicitud, sino haberla devuelto a la Unidad de Transparencia para una nueva asignación a otro órgano (pues la solicitud iba dirigida a la Consejería en su conjunto, no al órgano reclamado), o directamente haberla remitido al órgano directivo de la Consejería en el que obrase la información, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la LTAIBG. Lo que resulta difícilmente admisible es que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no pueda ofrecer una información pública que, de suyo, podría incluso ser objeto de publicidad activa, y que podría extraerse del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos, denominado “GIRO”, el cual, como señala la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014, (BOJA del 29 de diciembre), es una herramienta que “soporta la tramitación de los procedimientos electrónicos relativos a los expedientes de los ámbitos presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de control y contabilidad, todo ello de manera integral, desde la elaboración del presupuesto hasta la rendición de cuentas una vez cerrado el ejercicio; permitiendo la integración directa con los sistemas que tramitan el resto de expedientes administrativos en sus fases económico-financieras así como el análisis de la información generada durante todo el proceso”. O bien sería una información accesible a través del Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía (Sistema Júpiter), que era la aplicación informática anterior, en función del período del que se quiera extraer la información. Así las cosas, y por lo señalado en el párrafo anterior, este Consejo considera que procede acordar la retroacción del procedimiento hasta el momento en el que se asigne la solicitud de información planteada al órgano competente en el que obre la información, el cual, tras la tramitación correspondiente, ha de dictar una nueva resolución al respecto. En lo que se refiere a la tramitación de la solicitud de información, el órgano asignado para resolver la solicitud deberá atender especialmente a lo previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, en virtud del cual, “si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas...”. Dicho trámite se considera esencial al objeto de que los posibles terceros afectados puedan presentar las alegaciones que tengan por convenientes con carácter previo a la resolución, o, en su caso, manifiesten que no se oponen u objetan en modo alguno el acceso a la información. Solo tras la concesión de dicho período de alegaciones, en el caso de que proceda, es cuando podrá el órgano valorar si se da alguna causa de limitación de las previstas en la Ley (esencialmente las mencionadas en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG) para denegar la información o conceder un acceso parcial de la misma. Quinto. Finalmente se señala un aspecto formal relevante que se ha advertido en el procedimiento. El artículo 32 de la LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Dicho plazo podría ser objeto de ampliación por igual período en el caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada así lo requiriera. Del examen de la documentación existente se desprende, sin embargo, que la solicitud de información fue presentada el 18 de agosto de 2015 y fue resuelta el 29 de septiembre de 2016, incumpliéndose así por la Consejería de Hacienda y Administración Pública la obligación de resolver en el plazo máximo fijado por el referido art. 32 de la LTPA. En virtud de los antecedentes y fundamentos descritos, se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Acordar la retroacción del procedimiento de resolución de la solicitud de información pública planteada por XXX al momento procedimental en el que se asigne al órgano competente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la resolución de la solicitud planteada, y tras los sucesivos trámites dictarse la resolución que corresponda.