Reclamación por denegación de información pública relativa a servicios prestados, convenios y archivos de la revista Andalucía Investiga

RESOLUCIÓN 47/2016, de 5 de julio de 2016, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra el Consorcio Parque de las Ciencias de Granada en materia de denegación de información pública (Reclamación núm. 049/2016). ANTECEDENTES Primero. El reclamante presentó el 8 de febrero de 2016 un escrito dirigido al Consorcio Parque de las Ciencias de Granada en el que solicitaba la siguiente información: “Certificación de los servicios prestados en la citada entidad, con base en el Real Decreto 1481/1982, de 25 de junio por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1987, de 25 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública... ... «Copia del/los convenio/s por los que se articulaba el Programa de Divulgación Científica "Andalucía Investiga". «Copia en formato digital de los archivos que obran en poder del Consorcio Parque de las Ciencias de todos los números publicados en la web www.andaluciainvestiga.com de la revista "Andalucía Investiga". Segundo. El 18 de marzo de 2016 el interesado presenta una reclamación dirigida a este Consejo ante la ausencia de respuesta a la solicitud planteada. En dicha reclamación se hace referencia a una documentación que dice adjuntar pero que no se acompaña, por lo que este Consejo procedió a solicitarla con fecha 31 de marzo de 2016. Tercero. En escrito del citado Consorcio fechado el 17 de marzo de 2016, con registro de salida de fecha 29 siguiente, se ofrece la siguiente información al interesado: La certificación de los servicios prestados; copia del Convenio por el que se articulaba el Programa de Divulgación Científica “Andalucía Investiga”; y finalmente informa de que “no existen archivos digitalizados de las publicaciones de la revista “Andalucía Investiga”, habiendo sido entregados en su día a la Consejería que gestiona el programa”. Cuarto. Mediante escrito fechado el 7 de abril de 2016, que tuvo entrada en este Consejo el día 18 de abril, el interesado subsanó la reclamación con la aportación de los documentos solicitados. Sobre la información recibida por el Consorcio, que le fue notificada el 6 de abril anterior, refiere lo siguiente: • Que el certificado de servicios prestados emitido es erróneo al figurar unos datos incorrectos. • Sobre la copia del Convenio alega que no sólo es el Convenio inicial el que solicitaba, sino “todos los documentos públicos que sirvieron de continuidad del mismo (prórrogas, modificaciones, o nuevas suscripciones) con la misma o diferente Consejería a la de Educación”. • Finalmente, sobre la información ofrecida en el sentido de que no figuran en el Consorcio los archivos digitalizados objeto de la petición, manifiesta su sorpresa de que el Consorcio “no guarde entre su enorme archivo digital copia de la citada publicación… Por lo que solicito de este Consejo que haga reconsiderar la postura de esta entidad que desarrolló la citada publicación. O, en caso alternativo, ejercer mi derecho amparado por el artículo 34.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, accediendo a los archivos de publicaciones, bibliotecas o cualquier otra dependencia similar, donde el citado consorcio custodie las publicaciones con ISNN e ISBN, en la que conste su participación como: editor, gestor de la edición o colaborador, entre los años 2002 a 2010. Y en especial, las realizadas bajo el registro GR-487-03 ISSN 1695-9523, para su examen y copia”. Concluye el reclamante alegando la extemporaneidad en la respuesta ofrecida por el Consorcio. Quinto. El Consejo solicitó el 19 de abril de 2016 al órgano reclamado el expediente, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. El mismo día se cursó comunicación al interesado informándole del inicio del procedimiento para resolver su reclamación y fecha máxima para resolución de la misma. Sexto. El 4 de mayo de 2016 tiene entrada en el Consejo el informe y expediente requeridos al Consorcio, el cual emite siguientes consideraciones: • Que es cierto que existe una diferencia entre los periodos de situación de alta de dicho trabajador certificada por el Consorcio "Parque de las Ciencias" y por la TGSS y justifica la discrepancia en un simple error material en la transcripción de datos que llevó a no incluir en el certificado remitido al interesado el periodo de cotización derivado de la situación asimilada a la de alta por pago de salarios de tramitación, y se adjunta un nuevo Anexo con la información subsanada. • Que la copia del Convenio inicial por el que se articuló el Programa de Divulgación Científica "Andalucía Investiga" se remitió en “tiempo y forma”, y adjunta el "Protocolo General de Colaboración" que se firmó posteriormente para consolidar el marco de cooperación entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y el Consorcio para el desarrollo del programa en cuestión, formalizado debido a los cambios institucionales habidos en la Administración de la Junta de Andalucía. Finalmente se recoge en el informe que “[n]o existen documentos comprensivos de adendas o prórrogas de este último documento por no ser necesarios para la ejecución del programa: estaba prevista su prórroga tácita, salvo denuncia expresa de alguna de las partes.” Finalmente informa que “el Programa de Divulgación Científica de Andalucía fue denunciado por la Consejería competente en julio de 2008 con efectos de 5 de noviembre de ese año.” • En cuanto a las copias en formato digital de los archivos que supuestamente obran en poder del Consorcio "Parque de las Ciencias" de los números publicados de la revista "Andalucía Investiga", “volvemos a reiterar que esta Entidad no dispone de tales archivos puesto que, entre otras razones, no gestionaba directamente su elaboración, edición y producción. Ese material no estuvo nunca en su integridad en poder del Consorcio, al contrario fue manejado directamente por el interesado como técnico del Programa.” • Concluye el órgano reclamado informando que para acceder a la información solicitada “no es preciso interponer una queja ante el Consejo de Transparencia de Andalucía. No vamos a negar el derecho del interesado a hacerlo, pero hubiera bastado con visitar la biblioteca del Parque de las Ciencias o de la propia Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, espacios ambos de acceso libre al público en general en los que se pueden ver las publicaciones”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. La solicitud de información inicial y la reclamación planteada versa sobre distintas cuestiones que hay que analizar separadamente. La cuestión relativa a la solicitud de un certificado de servicios previos este Consejo considera que es ajena al ámbito objetivo de la LTPA. En efecto, el artículo 24 de esta Ley establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2. a) de dicho texto entiende por información pública: “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el presente Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de esta definición del concepto “información pública”, es claro que el objeto de la solicitud no tiene acogida en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía por cuanto lo solicitado no es un documento que haya sido elaborado por el órgano al que se dirige, sino la emisión de un documento “ad hoc”que certifique unos determinados servicios. Así, con dicha petición no pretende obtener información pública a través del ejercicio de un derecho de acceso que la Ley reconoce a todas las personas, que es la cuestión que este Consejo sometería a examen, sino que este Consejo dictamine la obligación que tiene el ente para emitir un determinado certificado. No obstante lo anterior, según consta en el expediente, el órgano reclamado emitió y remitió al interesado la certificación de servicios aludida, y dicho órgano, como se recoge en el informe que ha sido transcrito, asume la existencia de un error en la certificación, por lo que el reclamante podría dirigirse al Consorcio para solicitar la subsanación del error advertido, y, en el supuesto de que no satisfaga sus pretensiones, emprender las vías impugnatorias que considere pertinentes; vías que, en cualquier caso, como se ha argumentado, resultan ajenas al marco jurídico regulador de la transparencia, por lo que este extremo de la reclamación ha de ser inadmitido. Tercero. En el segundo motivo impugnatorio el reclamante refiere que la información ofrecida sobre el Convenio por el que se articuló el Programa de Divulgación Científica “Andalucía Investiga” no se corresponde con la totalidad de la información solicitada, ya que la misma ha de incluir “todos los documentos públicos que sirvieron de continuidad del mismo (prórrogas, modificaciones, o nuevas suscripciones) con la misma o diferente Consejería a la Educación”. Este Consejo, sin embargo, no comparte el parecer del reclamante, toda vez que, tal y como se desprende de la documentación aportada al expediente, el órgano reclamado puso a su disposición copia del Convenio de acuerdo con los propios términos empleados en el escrito de solicitud, y que la solicitud de esos nuevos documentos públicos fueron añadidos en vía de reclamación. Esta ampliación de la petición pretendida por el interesado en su escrito de reclamación no puede, obviamente, ser atendida porque no fue objeto de la solicitud inicial, lo que nos impide entrar a examinar esta alegación, que, en consecuencia, ha de resultar desestimada. Cuarto. Sobre el tercer y último motivo impugnatorio, referido a la petición de los archivos digitales de una publicación, el órgano reclamado se reitera en que no dispone de la información solicitada. Al respecto, este Consejo no puede dictaminar el derecho de acceso a una información pública si el órgano al que se dirige la solicitud sostiene que no dispone de ella, pues falta el presupuesto necesario para que constituya información pública según lo previsto en el artículo 2 a) de la LTPA, cual es que la información obre en la entidad a la que se dirige. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (en adelante, la LTAIBG), de aplicación en el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso en virtud de lo que dispone el artículo 28.1 de la LTPA, ofrece diferentes soluciones en el caso de que una solicitud de información se dirija a un órgano que no dispone de ella. Por un lado, podría incurrir en la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.d) de la LTAIBG, según el cual “[s]e inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes ...[d]irigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”; supuesto que, sin embargo, no parece aplicable al presente caso, por cuanto en la respuesta ofrecida al interesado se le informa de que los archivos digitales en cuestión fueron remitidos a la Consejería “competente”. Y, por otra parte, según establece el artículo 19.1 de la LTAIBG, “[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al reclamante”. Ésta era la opción que debió haber seguido el órgano reclamado, pues -según sostiene- no disponía de la información porque le fue remitida a la Consejería competente, y es a esta Consejería a la que debió y debe remitir el órgano reclamado la solicitud de información para que, sobre ese extremo de la solicitud, recayera y recaiga la resolución correspondiente. Quinto. Como alternativa a la falta de remisión por parte del órgano reclamado de los archivos digitales que había pedido inicialmente -ya que los mismos no figuraban en el Consorcio-, el interesado añadiría en su escrito de 7 de abril de 2016 una nueva documentación a la que pretendería tener acceso. Pues bien, en la medida en que se trata de una información que no se indicaba en la solicitud inicial de la que trae causa la presente reclamación, esta alegación ha de ser inadmitida de conformidad con la argumentación expuesta en el Fundamento Jurídico tercero. Sexto. Finalmente, alega el interesado extemporaneidad en la resolución por la que se ofrecía la información. Del examen de la documentación aportada se constata que la solicitud tuvo entrada el 12 de febrero de 2016 y le fue ofrecida la información el 6 de abril de 2016, habiéndose incumplido el plazo previsto en el artículo 20 de la LTAIBG. A este respecto, no es inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Inadmitir la reclamación interpuesta por XXX contra el Consorcio del Parque de las Ciencias de Granada respecto a las alegaciones referidas en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Quinto de esta Resolución, y desestimar el resto de las alegaciones. Segundo. Instar al Consorcio del Parque de las Ciencias de Granada a que, en el plazo de diez días, remita a la Consejería competente la solicitud presentada por XXX de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y lo expuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto de esta Resolución. En el mismo plazo, el Consorcio deberá informar a este Consejo sobre lo actuado.