Reclamación por ausencia de respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre movilidad de personal

RESOLUCIÓN 68/2016, de 27 de julio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: XXX contra la ausencia de respuesta de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Reclamación núm. 078/2016). ANTECEDENTES Primero. XXX, funcionaria adscrita al Equipo de Orientación Educativa de Alcalá de Guadaira con carácter definitivo, fue trasladada por la entonces Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con carácter provisional y por necesidades del servicio, al Equipo de Orientación Educativa Polígono Sur. Considerando que había transcurrido el tiempo suficiente para que, por esa Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, se hubieran adoptado las medidas oportunas para cubrir el citado puesto mediante los procedimientos legalmente establecidos, la interesada presenta el 19 de octubre de 2015 un escrito dirigido a dicha Dirección General solicitando volver a su puesto definitivo obtenido por concurso de méritos. Ante la falta de respuesta, vuelve a presentar otro escrito similar el 3 de febrero de 2016, obteniendo igualmente el mismo resultado, por lo que, ante la ausencia de respuesta por parte de la Administración, decide acudir al XXX para que actúe en su nombre y representación. Segundo. XXX presentó a través del Instituto Andaluz de la Juventud el 19 de mayo de 2016, ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo), un escrito en el que, tras exponer los hechos relatados en el Antecedente anterior, solicita de este Consejo que determine si la inactividad de la Administración reclamada supone infracción de la normativa vigente en materia de transparencia. Tercero. Con fecha de salida de 23 de mayo, se da comunicación al solicitante de la entrada de su escrito en este Consejo y se le informa del plazo para resolver y notificar esta reclamación. Cuarto. El Consejo solicitó el 23 de mayo al órgano reclamado las alegaciones que tuviera por conveniente plantear, así como el expediente e informe. De este escrito se dio conocimiento igualmente a la Unidad de Transparencia de la Consejería de Educación. Quinto. El 9 de junio de 2016 tiene entrada en este Consejo escrito de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación en el que informa de la improcedencia de la aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía en el supuesto planteado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución del escrito interpuesto reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. El artículo 33.1 LTPA dispone que “frente a toda resolución expresa o presunta en materia de derecho de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía...”. Dicho precepto presupone la existencia previa de una solicitud de información pública y una denegación, expresa o presunta, por parte del órgano al que se dirija la solicitud. Sería dicha resolución, como decimos, expresa o presunta, contra la que podría interponerse la reclamación, de acuerdo con lo estipulado en el citado artículo 33.1 LTPA. En el caso que nos ocupa, el escrito del interesado se plantea por la ausencia de respuesta en el plazo previsto en la LTPA, y no se dirige propiamente a reclamar una denegación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino a solicitar de este órgano que elabore un pronunciamiento o dictamen acerca de si un determinado comportamiento omisivo del órgano reclamado está o no amparado por las normas en materia de transparencia. Así pues, dicho escrito no puede calificarse estrictamente como una reclamación relativa al derecho de acceso, sino que en puridad con el mismo no viene sino a formularse una consulta a este Consejo. Y si bien es cierto que la LTPA atribuye a la Dirección del Consejo la función de resolver las consultas que se le planteen, debe notarse que esta tarea queda circunscrita a las consultas presentadas por las administraciones y entidades sujetas a la LTPA, según se dispone en su artículo 48.1 e) y f). Debemos, en consecuencia, acordar la inadmisión a trámite del presente escrito. Tercero. En cualquier caso, aun cuando se le diera el tratamiento de reclamación en materia de derecho de acceso, tampoco podría la misma prosperar. De conformidad con el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Y, como precisa el artículo 2.a) de dicho texto, por información pública ha de entenderse “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el presente Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de esta definición del concepto “información pública”, resulta evidente que el objeto de la solicitud planteada no tiene acogida en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. En efecto, con la misma, no se pretendería obtener información pública a través del ejercicio de un derecho de acceso que la Ley reconoce a todas las personas, que es la cuestión que este Consejo sometería a examen, sino que este Consejo dicte una resolución acerca de una cuestión relativa a un procedimiento de movilidad de funcionarios, que cuenta con su correspondiente normativa propia ajena al ámbito objetivo de la LTPA. Será, pues, en el seno del procedimiento administrativo de que se trate, o a través de las vías impugnatorias procedentes en vía administrativa o judicial que pudieran utilizarse ante el incumplimiento de resolver de forma expresa su solicitud, donde el interesado podrá obtener, en su caso, un pronunciamiento favorable a sus pretensiones. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite el escrito planteado por XXX, de acuerdo con lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero.