Reclamación por denegación de información sobre el número y tipo de contratos del personal del Servicio Andaluz de Empleo

RESOLUCIÓN 75/2016, de 3 de agosto, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública (Reclamación núm. 083/2016). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante solicitó el 16 de febrero de 2016, a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, la siguiente información: “Solicito datos provincializados y totales del número de trabajadores de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, con contrato de obra o servicio determinado, con tres años o más de antigüedad en la Agencia, clasificados por convenio colectivo aplicable. Igualmente, solicito relación provincializada y total del número de trabajadores de la Agencia con contrato indefinido y clasificados por convenio colectivo aplicable. En todo caso, con especificación del tipo de relación ya sea laboral, funcionario de carrera o interino”. Segundo. El 23 de mayo de 2016 el interesado, al entender transcurrido el plazo previsto sin haber obtenido respuesta a su solicitud, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo). Tercero. Con fecha 1 de junio de 2016 se solicita al órgano reclamado copia del expediente, informe y alegaciones que tuviera por conveniente formular para la resolución de la reclamación. Cuarto. Con fecha 3 de junio de 2016 le fue comunicado al reclamante el inicio del procedimiento para resolver su reclamación y fecha máxima para resolución de la misma. Quinto. El 22 de junio de 2016 tiene entrada en este Consejo el expediente e informe solicitado al órgano reclamado. Junto a otros documentos, se adjunta una Resolución de la Secretaría General del Servicio Andaluz de empleo, fechada el 21 de junio de 2016, por la que se acuerda inadmitir dicha solicitud de información. En ella sostiene, en esencia, que resulta de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG), esto es, que la solicitud se refiere a una información para cuya divulgación es necesaria una acción previa de reelaboración. En concreto, su Fundamento de Derecho Quinto argumenta sobre el particular: “(…) esta Secretaría General no dispone de la información solicitada, ya que un tratamiento informatizado de uso corriente no permite coordinar las diferentes fuentes (SAP y SIRhUS) de las que habría que obtenerlos y cruzar los datos según lo interesado. Nótese que la problemática se encuentra a la hora de filtrar la información solicitada con criterios de búsqueda homogéneos, y además de las diferentes fuentes provinciales y de los servicios centrales. “En consecuencia, para obtener la información que se pide, es necesaria una acción de reelaboración previa a nivel técnico informático, ya que supone tratar la información en la forma estadística solicitada sin que se dispongan de los medios técnicos y personales adecuados para ello, lo cual implicaría, al tener que acudir a los expedientes físicos en papel, un plazo de tiempo impredecible para obtener dicha información”. El escrito del órgano reclamado termina con la siguiente argumentación: “Por tanto, concurriendo todos los elementos necesarios para considerar que nos encontramos ante una información que exigiría esa acción previa de reelaboración, en cuanto que no podría obtenerse con un uso corriente de los sistemas informáticos SAP y SIRhUS, sino que tendría que elaborarse expresamente para dar la respuesta haciendo uso de diversas fuentes de información y careciendo de los medios técnicos razonables que sean necesarios para extraer y explotar la información, concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Es preciso detenernos, antes de analizar el fondo del asunto, en aspectos formales relevantes que se han advertido en el procedimiento. En efecto, el artículo 32 de la LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Dicho plazo podría ser objeto de ampliación por igual período en el caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada así lo requiriera. Del examen de la documentación existente se desprende que la solicitud de información, presentada el 16 de febrero de 2016, fue resuelta acordando su inadmisión el 21 de junio de 2016; es decir, se ha dictado resolución más de cuatro meses después de que se presentara la solicitud y una vez que ya se había planteado la reclamación, plazo que a nuestro parecer resulta excesivo y contrario a la LTPA, que impone la obligación de resolver en el menor plazo posible y, en todo caso, en el plazo máximo establecido en el artículo 32 de dicho texto legal (20 días, como se ha dicho). En consecuencia, la solicitud fue contestada fuera de plazo, incumpliéndose, por el Servicio Andaluz de Empleo, el precepto citado. Otra consecuencia de la ausencia de respuesta es la producción de un acto presunto denegatorio de la información solicitada; acto contra el que se interpone la reclamación que nos ocupa. Tercero. Del contenido de la solicitud cabe deducir la existencia de dos peticiones claramente diferenciadas, que precisan en consecuencia un tratamiento específico. Una, relativa a los empleados públicos de la Agencia con contrato indefinido; y la otra, referente a los trabajadores con contrato de obra o servicio. Analicémoslas por separado. Por lo que hace a la solicitud concerniente a la “relación provincializada y total del número de trabajadores de la Agencia con contrato indefinido”, con especificación de si son laborales o funcionarios, conviene advertir que la misma no sólo constituye información pública a los efectos de la LTPA, sino que incluso se trata de una materia que ha de ser objeto de publicidad activa según lo previsto en su artículo 10.1 g) LTPA, que exige a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley que publiquen información relativa a las “ relaciones de puestos de trabajo, catálogo de puestos o documentos equivalentes referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales”. Así pues, en cuanto exigencia de publicidad activa, están ya obligadas a publicar proactivamente, sin que nadie lo solicite, la relación de ese personal a su servicio. Pero, además, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se les puede solicitar información suplementaria que vaya más allá de la ofrecida en cumplimiento de su obligación de publicidad activa. Por consiguiente, según afirmamos ya en la Resolución 19/2016, de 24 de mayo, “la ciudadanía en general tiene derecho, por vía de publicidad activa, a conocer las estructuras de todo tipo de personal que preste sus servicios en los órganos y entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley, e igualmente, en ejercicio de su derecho de acceso, tiene la posibilidad de conocer a qué régimen pertenece: si es personal laboral, personal funcionario, personal eventual o, en fin, si le resulta de aplicación cualquier otro instrumento jurídico a través del cual se articule la prestación del servicio” (FJ 4º). “Y esta información complementaria -proseguiría este mismo fundamento jurídico- sólo podrá denegarse si concurre alguna de las limitaciones o de las causas de inadmisión previstas en la legislación de transparencia”. Esto último es lo que ocurrió en el presente caso, en el que el órgano reclamado denegó la solicitud al entender aplicable el motivo de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIBG, por considerar que se refería a una información cuya divulgación exige “una acción previa de reelaboración”. Pues bien, como tuvimos ocasión de sistematizar en la Resolución 64/2016, de 20 de julio, al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho precepto, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: «1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información ”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “ carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”.» (FJ 3º). No obstante -continuaba acto seguido este mismo fundamento jurídico-, además de las pautas derivadas del referido Criterio Interpretativo, ha de tomarse necesariamente en consideración lo que dispone respecto de esta causa de inadmisión la propia LTPA, a saber, que “no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente” [art. 30.c)]. Y es precisamente la imposibilidad de obtener la información mediante el empleo de un tratamiento informatizado de uso corriente, así como la carencia de los medios técnicos necesarios, los principales argumentos utilizados por el órgano reclamado para fundamentar su decisión denegatoria en el reiterado art. 18.1.c) LTAIBG. Este Consejo, sin embargo, no puede sencillamente compartir esta apreciación del Servicio Andaluz de Empleo en relación con la concreta petición de información que ahora analizamos; máxime cuando, según el citado Criterio Interpretativo 7/2015, la noción de “reelaboración” no supone “ la mera agregación o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos”, ni tampoco equivale a información “cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”. Por lo tanto, el órgano reclamado deberá facilitar la información provincializada y total del número de trabajadores de la Agencia con contrato indefinido, con especificación de qué personal es laboral y cuál funcionario de carrera o interino. Cuarto. Una distinta valoración merece el extremo de la solicitud referente al número de trabajadores “con contrato de obra o servicio determinado, con tres o más años de antigüedad en la Agencia”. En este caso, ofrecer la información precisaría de la realización o producción de un documento ad hoc, llevando a cabo un nuevo tratamiento de la información por parte del órgano reclamado, en el que se analice, en el nivel de desagregación solicitado, cuántos contratos cumplen el criterio temporal referido por el solicitante. No puede considerarse, en efecto, que esta específica información pueda obtenerse de un tratamiento informatizado de uso corriente, como afirma el órgano reclamado, al tener en cuenta los dos aplicativos que disponen de información en la materia. A este respecto, pues, sí consideramos que sería aplicable la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG, por tratarse de una “información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Como ha señalado la reciente Sentencia 60/2016, de 25 de abril, del Juzgado Central Contencioso n.º 9 de Madrid, dictada en un litigio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Corporación de la Radio y Televisión Española, la citada LTAIBG “reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Ahora bien, una vez excluidos los datos relativos a la antigüedad por la razón indicada, este Consejo entiende que sí han de ofrecerse los datos provincializados y globales del número de trabajadores de la Agencia con contrato de obra o servicio determinado, pues se trata de una concreta información que debería resultarle accesible al órgano reclamado a través de los medios técnicos de los que dispone. Por otra parte, debe tenerse presente que “en lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas” (Resolución 32/2016, de 1 de junio, FJ 5º), habida cuenta del incuestionable interés que tiene la opinión pública en conocer qué número de personas, y a través de qué medios, ejercen su actividad en o para la Administración y, con ello, saber cómo se emplean los fondos públicos destinados al mantenimiento del personal a su servicio. Y, de otro lado, tampoco cabe soslayar que los amplios términos en que se expresa el artículo 15 a) LTPA permite incluso sostener que la difusión de esta información constituye una obligación de publicidad activa, toda vez que impone a los entes sujetos a la Ley que publiquen “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario ...”. En suma, este Consejo considera que también han de proporcionarse al ahora reclamante los datos provincializados y totales del personal que ejerce su actividad a través de contrato de obra o servicio para el Servicio Andaluz de Empleo. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación de XXX contra la resolución presunta de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo por denegación de información pública. Segundo. Instar a dicha Secretaría General a facilitar a la persona reclamante, en el plazo de treinta días, la información a que se refieren los Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo.