Reclamación por denegación de información sobre procesos de contratación y códigos de cotización en el Ayuntamiento de Cuevas del Campo

RESOLUCIÓN 86/2016, de 7 de septiembre, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, contra el Ayuntamiento de Cuevas del Campo (Granada) por denegación de información (Reclamación núm. 100/2016). ANTECEDENTES Primero. Mediante escritos dirigidos al Ayuntamiento de Cuevas del Campo (Granada) el 13 de enero de 2016, XXX, y con base en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos 14, 15, 16 y 84 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF), solicitó “informe jurídico de los procedimientos llevados a cabo para los procesos de contratación de contratos de sustitución por bajas o vacaciones” e “Informe de vida laboral del código de la cuenta de cotización del Ayuntamiento de Cuevas del Campo”. Segundo. El Ayuntamiento le requirió el 14 de enero de 2016 que precisara el código de la cuenta de cotización a la que se refería, y el 25 del mismo mes volvió a requerirle, como continuación del escrito anterior, que indicara exactamente a qué tipo de contrato se refería y a qué año, siendo contestado por la solicitante en el mismo día, reiterándose en su petición. El 5 de febrero siguiente, al seguir sin la información pretendida, presenta otro escrito volviendo a pedir lo solicitado. Tercero. Mediante escrito fechado el 9 de marzo de 2016, el Ayuntamiento da traslado a la solicitante de las copias de los códigos de cuenta de cotización por ella solicitados, dándole traslado asimismo de la Providencia de la Alcaldía de 9 de marzo de 2016, donde la Alcaldesa pone en su conocimiento que, “[r]especto al requerimiento de informes jurídicos en los procedimientos de contratación, solicitado por (…), vengo a manifestar que la Secretaria- Interventora sólo informa en los casos legalmente establecidos”. Cuarto. El 15 de junio de 2016, la solicitante presenta reclamación dirigida a este Consejo mostrando su disconformidad con la forma de actuar del Ayuntamiento, al abrigar la sospecha de “que se han hecho contratos sin ningún procedimiento administrativo”, e igualmente porque, en el marco del procedimiento llevado a cabo para la contratación de personas en exclusión social a través del Decreto Ley 8/2014, “no se ha hecho pública ninguna lista de admitidos y excluidos sin dar lugar a un periodo de alegaciones para que las personas excluidas pudiesen manifestar las alegaciones que estimasen oportunas”. Quinto. El Consejo solicitó el 20 de junio de 2016 al órgano reclamado el expediente, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. El mismo día se cursó comunicación a la interesada informándole del inicio del procedimiento para resolver su reclamación y fecha máxima para resolución de la misma. Sexto. Con fecha 6 de julio de 2016 tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento de Cuevas del Campo con el que se acompaña informe y expediente. En el informe adjunto se rebate, en esencia, el escrito que la solicitante remite a este Consejo, expresando que es “radicalmente falso” que el equipo de gobierno incumpla la normativa prevista en materia de transparencia ya que “ha sido el primer gobierno local de Cuevas del Campo en elaborar y aprobar la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno (...)”. Explica que las solicitudes presentadas por la concejala no concretaban claramente lo que pedía, por lo que se le requirió que precisara sus peticiones, al resultar “imposible y contrario al principio de economía informar sobre conceptos tan genéricos y abstractos como procesos de contratación o códigos de cotización sin acotar aunque sea someramente, el tiempo o los datos a los que se refiere”. En cuanto al informe jurídico en los procesos de contratación, explica que en la Providencia de la Alcaldía donde se expresa que “la Secretaria sólo informa en los casos legalmente establecidos”, “se obvia el contenido del artículo 173 del ROFEL, al que la mencionada Providencia se ajusta escrupulosamente”. Por último, en lo que respecta a la publicación de las listas de admitidos-excluidos, expresa que fue la reclamante “la encargada de colocarlas en el tablón de anuncios”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. La presente reclamación versa sobre la solicitud de información dirigida por un cargo representativo local al órgano de gobierno municipal. No es la primera vez que se suscita ante este Consejo una controversia de esta naturaleza, cuya resolución exige previamente determinar si resulta de aplicación la legislación en materia de transparencia o si, por el contrario, la misma debe elucidarse en el marco del “ régimen jurídico específico de acceso a la información” existente sobre el particular (segundo apartado de la Disposición adicional cuarta de la LTPA). Y es que, en efecto, como es sabido, la legislación de régimen local establece un concreto cauce de acceso a la información a favor de los miembros de las entidades municipales y provinciales, como proyección del derecho fundamental al ejercicio del cargo público derivado del artículo 23 CE. El art. 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL) atribuye a todos los miembros de las Corporaciones locales “el derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función ”, fijando un plazo de cinco días naturales para la resolución motivada de la solicitud. Derecho cuyo alcance queda perfilado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF), el cual, entre otros extremos, viene a establecer la regla del silencio positivo en relación con las peticiones de información (art. 14.2), identifica los supuestos en que debe obligatoriamente facilitarse la misma sin necesidad de autorización (art. 15) y fija las reglas generales sobre la consulta y examen de la información (art. 16). Pues bien, según tuvimos ocasión de declarar en la Consulta 1/2016, de 11 de mayo, y en la Resolución 56/2016, de 13 de julio, y 82/2016, de 3 de agosto, la existencia de este específico régimen no entraña que el acceso a la información que conste en los órganos de gobierno municipales por parte de los propios concejales se rija única y exclusivamente por esta normativa, ciñéndose la LTPA a operar meramente como derecho supletorio. Partiendo fundamentalmente de la interpretación literal de la Disposición adicional cuarta de la LTPA y de la amplitud con que ésta concibe la titularidad del derecho a acceder a la información pública [art. 7.b) y art. 24 LTPA], argumentamos sobre el particular: «A la vista de estas consideraciones, y a fin de hallar una lectura integradora de los diversos preceptos en juego, cabe llegar a la conclusión de que el régimen de acceso previsto específicamente por la normativa local no rige de forma única y exclusiva en este ámbito –lo que conllevaría el consiguiente desplazamiento de la LTPA-, y por tanto que no está completamente cerrada a los miembros de las corporaciones locales la fórmula del derecho de acceso ex legislación de transparencia, sin que en modo alguno ésta quede limitada a operar como mero derecho supletorio. Así pues, desde la entrada en vigor de esta legislación, los cargos públicos representativos locales tienen a su disposición dos vías alternativas para canalizar las peticiones de información a los órganos de gobierno. De una parte, en su condición de cargo público, a través de la normativa de régimen local (art. 77 LRBRL y arts. 14-16 ROF), en la que se plasmaría el derecho fundamental ex art. 23 CE y, consecuentemente, permitiría acudir al procedimiento preferente de tutela de los derechos fundamentales (arts. 114-121 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) y, en última instancia, interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De otro lado, y para el caso de que no se haya optado por la anterior vía, pueden ejercitar el derecho de acceso a la información pública regulado en el art. 24 y siguientes de la LTPA, en cuyo caso, obviamente, podría interponerse ante este Consejo con carácter potestativo la correspondiente reclamación (art. 33 LTPA)» (Consulta 1/2016, Consideración Jurídica primera; Resolución 56/2016, FJ 3º). Dicho lo anterior, conviene sin duda destacar -como ya hicimos en el FJ 4º de la Resolución 56/2016- que, una vez que el cargo representativo local ha optado por uno de los referidos bloques normativos que permiten su acceso a la información obrante en su Corporación -y así figura expresamente en la solicitud de información que se apoya expresamente en la LRBRL y en el ROF), esta elección vincula tanto al órgano de gobierno como al propio concejal, debiendo en lo sucesivo aplicarse en su integridad dicho grupo normativo. Y habida cuenta de que la conformación del derecho a la información es muy diferente en los reiterados bloques normativos, al diferir en cuestiones esenciales tales como el trámite de admisión, el sistema de límites y el régimen de recursos, huelga insistir en lo determinante que resulta evitar toda posible ambigüedad o confusión en torno a la vía que el interesado quiere realmente transitar. Tercero. En el presente caso, la petición de información la efectuó la interesada en su condición de cargo público motivando la misma con base en el artículo 77 LRBRL y en los artículos 14,15, 16 y 84 ROF, y, por ende, se canalizaba expresamente a través de la legislación reguladora del régimen local. Por lo demás, ninguna referencia se hacía en dicho escrito a que la petición de la documentación se hacía en virtud de lo previsto en la legislación en materia de transparencia. Tan sólo en la reclamación presentada ante este Consejo se invoca, por vez primera, esta legislación. En atención a lo expuesto, no podemos sino acordar la inadmisión a trámite de la presente reclamación. Sin embargo, esta decisión de inadmisión no empece a que la interesada, como cualquier otro ciudadano, pueda en el futuro dirigir esta solicitud de información al Ayuntamiento, no ya en su condición de concejal que ejercita su derecho al desempeño del cargo público, sino como titular del derecho a acceder a la información pública reconocido en la LTPA. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación de XXX, por las razones expuestas en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero.