Reclamación por denegación de acceso a informe sobre protésicos dentales

RESOLUCIÓN 15/2017, de 8 de febrero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud por denegación de solicitud de información pública (Reclamación núm. 182/2016). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó ante la Consejería de Salud la siguiente solicitud de información pública, que fue recepcionada en este organismo el 6 de septiembre de 2016: “Que al amparo del artículo 13.1 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucía, sea remitido a este Colegio Profesional el informe emitido por el Servicio de Legislación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud de 10 de abril de 2015, relativo a los protésicos dentales”. Segundo. Con fecha 9 de septiembre siguiente se le comunicó al solicitante la iniciación del procedimiento para resolver su reclamación. Tercero. El 29 de septiembre de 2016 fue dictada resolución por la Secretaria General Técnica de Salud, que tuvo entrada en el Colegio Profesional el 7 de octubre siguiente, por la que se acordaba inadmitir la solicitud con base en lo previsto en el artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por considerar que la información solicitada se considera “informe de carácter interno” entre dos unidades de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud. Cuarto. El 2 de noviembre de 2016 tiene entrada en el Consejo reclamación interpuesta contra la citada Resolución en la que se formulan, en esencia, las siguientes alegaciones: “PRIMERO.- El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía tuvo conocimiento de la existencia del Informe solicitado al comprobar que era citado para justificar el sentido de las resoluciones dictadas en expedientes en los que eran parte sus colegiados (protésicos dentales andaluces); principalmente en expedientes para la tramitación de licencias de fabricante de productos sanitarios a medida y de procedimientos sancionadores. ... ”La pertinencia de la solicitud que ha sido denegada está plenamente justificada por la trascendencia práctica que el Informe tiene en el ejercicio de la profesión de protésico dental, así como por las funciones que el Colegio tiene atribuidas respecto del ejercicio de la profesión de protésico dental. “SEGUNDO.- Ninguna de las razones alegadas por el Secretario General Técnico para denegar la solicitud tiene el más mínimo fundamento. ”Se alega como primer argumento denegatorio que el Informe solicitado es de carácter interno entre dos unidades administrativas de la Secretaría General Técnica, invocándose el artículo 18.1.b de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, esto es, La Ley de Transparencia Estatal. …/...”El extracto de resolución, que como prueba del uso y difusión del Informe hemos insertado ut supra, proviene de una dictada por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud, lo que evidencia que dicho uso no queda circunscrito al ámbito de la Secretaría General Técnica, sino que es un documento de uso y apoyo de otros órganos y unidades de dicha Consejería. ”Ello evidencia que, aun cuando hubiese sido ab initio realmente un informe interno, perdió ese carácter en el momento en el que fue invocado en un acto administrativo y sirvió de base jurídica y apoyo legal para la resolución que se dictó, momento en el que adquirió la condición de público. …/... ”TERCERO.- Como segundo argumento, la resolución invoca "a sensu contrario" el artículo 30.b de la ley 1/2014 de 24 de junio, según el cual los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos, de lo que el Secretario General Técnico deduce la posibilidad de denegar el acceso a los informes que no sean preceptivos. ”Dicho argumento implica una interpretación restrictiva de derechos que el espíritu y fines de la citada Ley no ampara. ”Como ya hemos visto, la norma andaluza no transpone la limitación contenida en la estatal respecto de los informes internos no preceptivos y, en cualquier caso, el Informe solicitado perdió la consideración de mero informe interno -si alguna vez la tuvo-en el momento en que fue invocado en una resolución administrativa como base y apoyo de lo resuelto. ”A mayor abundamiento, el artículo 13. 1.a) de la Ley 1/2014 de 24 de junio, que regula el acceso a la información de relevancia jurídica, establece que las administraciones públicas andaluzas publicarán las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los articulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. ”CUARTO.- Como tercer y último argumento, la resolución reclamada sostiene que el informe solicitado no supone una interpretación del derecho ni tiene efectos jurídicos. …/... ”Si leemos el primer párrafo de extracto de resolución insertado ut supra vemos que el informe, emitido por el Servicio de Legislación, ha de consistir necesariamente en una invocación de normas jurídicas y la interpretación que de las mismas hace dicho servicio. ”Aunque los Informes Técnicos de la Administración -como el que nos ocupa- no tienen la consideración de Fuente del Derecho, es evidente que tienen un valor y repercusión innegables a la hora de aplicar las normas, ya que tienen la función de ilustrar y auxiliar a los órganos encargados de resolver, por lo que la incidencia de dichos informes en el sentido de las resoluciones es innegable. ”Tampoco se puede ignorar que dichos informes pueden ser tenidos en cuenta -y de hecho lo son- por los Órganos Jurisdiccionales en los distintos procedimientos en los que pueden ser incorporados. ”En definitiva, ninguna de las razones alegadas en la resolución reclamada justifica la negativa a entregar el Informe solicitado. “. Quinto. Con fecha 8 de noviembre de 2016 se cursó al reclamante la comunicación del inicio de tramitación del procedimiento para resolver su reclamación. Sexto. El Consejo solicitó el 8 de noviembre de 2016 al órgano reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Séptimo. El órgano reclamado remite el expediente e informe solicitado, que tiene entrada en este Consejo el 29 de noviembre de 2016, y en el que, tras informar sobre los motivos iniciales que justificaron la inadmisión, alega, en esencia, lo que sigue: “… [A]nalizada la reclamación que nos ha sido remitida por el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía presentada por el Colegio Profesional de Protésicos de Andalucía, se pone de manifiesto unos hechos que esta Secretaría General Técnica desconocía cuando inadmitió la solicitud de información. ”El interesado aporta un Acuerdo de Inicio de un procedimiento sancionador por parte de la Delegación Territorial de Cádiz en el que se hace referencia al informe del Servicio de Legislación, sin transcribir el mismo, y sirviendo de base para una fundamentación jurídica. ”El informe solicitado, que se acompaña a este escrito, versa sobre dos cuestiones «concretas» que la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios pregunta al Servicio de Legislación ”A) Si la existencia de sillones odontológicos en laboratorios de prótesis dentales podrían constituir una infracción administrativa. ”B) Sobre la naturaleza de los laboratorios de prótesis dental. ”Cuando esta Secretaría General Técnica examinó el contenido del informe, llegó a la conclusión, como así se manifestó en la Resolución de 29 de septiembre, que no era de aplicación el artículo 13.1 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, puesto que no suponía un interpretación del Derecho ni tenía efectos jurídicos. Se desconocía el uso no adecuado del mismo que la Delegación Territorial de Cádiz estaba realizando. ”Por tanto, se informa favorablemente la reclamación del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía, en el sentido de que debe otorgarse la información solicitada.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. En este sentido, como tuvimos oportunidad de declarar, entre otras muchas, en la Resolución 42/2016, de 22 de junio, nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los “ contenidos o documentos” que obren en poder de las Administraciones y “hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 7 b) LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración –y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información- la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma.» (Fundamento Jurídico Tercero). Tercero. Como reza en los antecedentes, el propio informe del órgano que inicialmente inadmitió la solicitud de información sostiene, a la vista de los argumentos de la reclamación, la procedencia de que dicha información sea comunicada al reclamante. En consecuencia, procede, con estimación de la reclamación, que el órgano reclamado ponga a disposición del solicitante el “informe emitido por el Servicio de Legislación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud de 10 de abril de 2015, relativo a los protésicos dentales.” En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación de XXX contra la Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud por la que se inadmite la solicitud de información. Segundo. Instar a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud para que, en el plazo de diez días, ponga a disposición del reclamante la información solicitada, de acuerdo con lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta de lo actuado en el mismo plazo a este Consejo.