El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Espartinas la aprobación de diversos acuerdos relativos a los servicios de emergencias de Andalucía. Ante la ausencia de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque las peticiones no constituyen una solicitud de acceso a información pública, sino peticiones de actuación administrativa.
Puntos clave de la argumentación
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La solicitud no encaja en la definición de información pública ya que no se pretende el acceso a un documento o contenido previo en poder del órgano reclamado.
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Para que sea procedente el acceso, la petición debe versar sobre contenidos o documentos elaborados o adquiridos por la entidad en el ejercicio de sus funciones.
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La ausencia de respuesta administrativa supone un incumplimiento de los plazos legales y la producción de un acto presunto de denegación.
Texto completo
RESOLUCIÓN 44/2017, de 29 de marzo, del Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía
Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) en
materia de denegación de información pública. (Reclamación núm. 175/2016).
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 19 de mayo de 2016, XXX presenta un escrito en el que solicita al
Ayuntamiento de Espartinas, en relación con los sistemas de emergencias de Andalucía, que
el Pleno lleve a cabo la aprobación de una serie de Acuerdos. Entre ellos, que inste a la Junta
de Andalucía a que asuma su responsabilidad y rescate el servicio de gestión telefónica de
emergencias, asumiendo a sus plantillas; que elimine las contratas en la gestión telefónica de
los servicios de emergencias públicos del 112, 061 y Salud responde; la readmisión de los
trabajadores despedidos; y, en fin, el cumplimiento de la legalidad vigente, referido a la
puesta en marcha de las acreditaciones profesionales para el colectivo de teleoperación de
emergencias.
Segundo. Con fecha 24 de octubre de 2016 tiene entrada en el Consejo reclamación
interpuesta por XXX aduciendo la ausencia de contestación por el Ayuntamiento.
Tercero. Con fecha 28 de octubre de 2016 se cursa comunicación al reclamante del inicio
del procedimiento para resolver su reclamación.
Cuarto. El Consejo solicitó el mismo día 28 de octubre al órgano reclamado el expediente
derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden
a resolver la reclamación. Esta solicitud fue reiterada al no remitir el órgano el expediente con
advertencia de que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede
constituir infracción grave según lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
Quinto. Con fecha 14 de marzo de 2017 tiene entrada en el Consejo el expediente solicitado.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el
Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía.
Segundo. Antes de analizar la reclamación, quiere este Consejo realizar una observación
previa. Como ya hemos señalado en numerosas resoluciones, (por todas, la Resolución
88/2016, de 7 de septiembre), la ausencia de respuesta al solicitante de la información
pública supone un incumplimiento de lo previsto en el artículo 32 LTPA, y en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en
adelante, LTAIBG), la cual dispone en su artículo 20.1 que “[l]a resolución en la que se
conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante ….en el plazo máximo de un
mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.“
Sobre esta cuestión no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades
incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en
plazo las solicitudes de acceso a información pública que sean planteadas, y que el
incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción,
según dispone el régimen sancionador de la LTPA.
Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto
presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo
20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar.
Tercero. Sobre la reclamación objeto de examen recae una causa impeditiva para que este
Consejo entre a conocer sobre ella.
Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la
información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que
rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o
limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales
que permiten dicha limitación.
Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya información pública. A este
respecto, según define el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “ los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de
alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”
De acuerdo con lo expuesto, las peticiones contenidas en la solicitud objeto de la
reclamación no tienen acogida, en modo alguno, en la definición de información pública de la
que parte la legislación en materia de transparencia, pues con tales peticiones no se
pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en
poder del órgano reclamado.
En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de
Espartinas (Sevilla), por lo expuesto en el Fundamento Jurídico Tercero.