Reclamación por denegación de información pública al Ayuntamiento de Espartinas

RESOLUCIÓN 42/2017, de 29 de marzo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por D. Jordi Aguilar Escalera contra el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) en materia de denegación de información pública. (Reclamación núm. 168/2016). ANTECEDENTES Primero. Con fecha 31 de marzo de 2016, Podemos Espartinas emite un comunicado que dirige al Concejal de Ciudadanos, en el que se le piden explicaciones públicas por diversos asuntos que este concejal ha tratado en sus perfiles de Redes Sociales. Segundo. Con fecha 24 de octubre de 2016 tiene entrada en el Consejo reclamación interpuesta por D. Jordi Aguilar Escalera aduciendo la ausencia de contestación por el Ayuntamiento. Tercero. Con fecha 28 de octubre de 2016 se cursa comunicación al reclamante del inicio del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. El Consejo solicitó el mismo día 28 de octubre al órgano reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Esta solicitud fue reiterada al no remitir el órgano el expediente con advertencia de que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede constituir infracción grave según lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Quinto. Con fecha 14 de marzo de 2017 tiene entrada en el Consejo el expediente solicitado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Segundo. Antes de analizar la reclamación, quiere este Consejo realizar una observación previa. Como ya hemos señalado en numerosas resoluciones, (por todas, la Resolución 88/2016, de 7 de septiembre), la ausencia de respuesta al solicitante de la información pública supone un incumplimiento de lo previsto en el artículo 32 LTPA, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG), la cual dispone en su artículo 20.1 que “[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante ….en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.“ Sobre esta cuestión no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Diversas circunstancias concurren en esta reclamación que nos impiden entrar a resolver el fondo del asunto. Con independencia de que la reclamación no se dirige contra la Corporación municipal, sino contra un concreto concejal, el objeto de la misma no puede considerarse “información pública” a los efectos de la LTPA. En efecto, según establece su art. 2 a), se entiende por tal concepto “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” A la vista de esta definición de lo que sea “información pública” en el marco de la legislación de transparencia, resulta palmario que no puede calificarse como tal la pretensión de “Podemos Espartinas”, emitida en un comunicado, de que un concejal dé explicaciones públicas sobre diversos asuntos que este edil trató en sus perfiles de redes sociales. No cabe, en modo alguno, hablar en este supuesto de contenidos o documentos que se hallen en poder del Ayuntamiento de Espartinas, por lo que debe acordarse la inadmisión de la reclamación. Cuarto. Por otra parte, ha de tenerse presente que la pretendida solicitud de información la realizó, por medio de un comunicado, “Podemos Espartinas”, pero la reclamación la interpuso, a título particular, D Jordi Aguilar Escalera, sin que éste actúe en representación de dicha entidad, por lo que es patente la falta de legitimación activa para plantear la misma. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por D. Jordi Aguilar Escalera contra el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), por lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto.