Reclamación por denegación de información pública al Ayuntamiento de Espartinas sobre moción para retirar bandera de la UE

RESOLUCIÓN 36/2017, de 29 de marzo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) en materia de denegación de información pública. (Reclamación núm. 167/2016). ANTECEDENTES Primero. Con fecha 23 de marzo de 2016, XXX planteó una solicitud de información al Ayuntamiento de Espartinas del siguiente tenor: "Se solicita que por la formación política de CIUDADANOS se presente moción para que se someta a Pleno el retirar la bandera de la UE del Consistorio de Espartinas, ya que no representa los valores humanos y de solidaridad que la impulsaron". Segundo. Con fecha 24 de octubre de 2016 tiene entrada en el Consejo reclamación interpuesta por XXX aduciendo la ausencia de contestación por el Ayuntamiento. Tercero. Con fecha 28 de octubre de 2016 se cursa comunicación al reclamante del inicio del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. El Consejo solicitó el mismo día 28 de octubre al órgano reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Esta solicitud fue reiterada al no remitir el órgano el expediente con advertencia de que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede constituir infracción grave según lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Quinto. Con fecha 14 de marzo de 2017 tiene entrada en el Consejo el expediente solicitado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Segundo. Antes de analizar la reclamación, quiere este Consejo realizar una observación previa. Como ya hemos señalado en numerosas resoluciones, (por todas, la Resolución 88/2016, de 7 de septiembre), la ausencia de respuesta al solicitante de la información pública supone un incumplimiento de lo previsto en el artículo 32 LTPA, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG), la cual dispone en su artículo 20.1 que “ [l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante ….en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.“ Sobre esta cuestión no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. En la reclamación objeto de examen concurren dos circunstancias que nos impiden entrar a conocer el fondo de la misma. Así es; por una parte, la solicitud de información fue formulada por XXX, pero la reclamación ha sido presentada por XXX. Consiguientemente, éste último carece de legitimidad activa para la interposición de la reclamación, por lo que procede la inadmisión a trámite por esta causa. Cuarto. Si bien la carencia de legitimación es suficiente para no entrar en el fondo del asunto, este Consejo considera oportuno emitir su parecer acerca del contenido sobre el que versa la solicitud de información planteada. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya información pública. A este respecto, según define el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “ los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” De acuerdo con lo expuesto, formular una reclamación a este Consejo por la razón de que el Ayuntamiento no atendió la solicitud para que una formación política presente una moción para retirar la bandera de la Unión Europea del Consistorio no tiene acogida, en modo alguno, en la definición de información pública de la que parte la legislación en materia de transparencia, pues con tal petición no se pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder del órgano reclamado. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), por lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto.