Reclamación por denegación de información sobre compatibilidad de empleado público y actuaciones derivadas de denuncia

RESOLUCIÓN 80/2017, de 12 de junio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior (Delegación del Gobierno) de Huelva, por denegación de información (Reclamación núm. 051/2017). ANTECEDENTES Primero. La reclamante presentó el 21 de diciembre de 2016 denuncia, ante la Delegación de Gobernación y Justicia, contra XXX. En la misma realiza una solicitud de información, referente a la compatibilidad de las funciones del denunciado, como personal laboral, con el ejercicio privado de su profesión, en los términos que a continuación se detallan: “Desconociendo esta parte si dicha simultaneidad está permitida legalmente y cuenta con la autorización correspondiente, pone de manifiesto cuantas circunstancias se han alegado a fin de que se abra la oportuna investigación y/o instrucción a los efectos oportunos. ”Solicito se me notifique si tiene la compatibilidad para ejercer ambas funciones, la pública conjuntamente con la privada, y se me informe sobre las actuaciones llevadas a cabo, por esta Delegación, respecto a este tema.” Segundo. Con fecha 17 de febrero de 2017, la Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior ofrece respuesta a la denuncia y a la solicitud de información en los siguientes términos: “Esta Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de Huelva le comunica que se realizarán las comprobaciones oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. No obstante, la información y actuaciones que se lleven a cabo por esta Secretaría General Provincial serán de forma discrecional y en todo caso si hubiere alguna incompatibilidad sólo se le notificará a la parte interesada objeto de incompatibilidad, al ser datos de carácter personal protegido por la LOPD, o bien al Juzgado correspondiente que así nos lo reclame.” Tercero. El 13 de marzo de 2017, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) escrito de la reclamante en el que manifiesta su disconformidad con la respuesta referida en el antecedente anterior y solicita que “se revise la contestación recibida por la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de Huelva, sobre este asunto.” Cuarto. Este Consejo cursa comunicación, con fecha 16 de marzo de 2017, a la reclamante para informarle sobre el inicio del procedimiento para resolver su reclamación. Del mismo modo, en idéntica fecha, pone en conocimiento de la reclamación a la Delegación del Gobierno en Huelva, estableciéndole un plazo de diez días para que remita copia del expediente derivado de la solicitud, informe al respecto, así como cuantos antecedentes, información o alegaciones se considere oportuno para la resolución de la reclamación. Quinto. Con fecha 7 de abril de 2017, tuvo entrada en el Consejo escrito de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de Huelva, mediante el cual se remite copia del expediente derivado de la solicitud de la reclamante, así como Informe de la propia Secretaría y copia de otros documentos de apoyo, entre los que se encuentra la información solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. El escrito que trae causa de la reclamación que ahora se resuelve contiene extremos que tienen acogida en la LTPA y otros que no. Comenzamos su análisis por las cuestiones extramuros de la LTPA. A este respecto, el interesado presentó un escrito denunciando una posible situación de incompatibilidad de un empleado público. Sobre dicha cuestión el ahora reclamante solicitaba la apertura de investigación o instrucción de expediente y el resultado del mismo. Es presupuesto de hecho absolutamente necesario para que proceda la tramitación de una reclamación que el petitum de la solicitud vaya referido a información pública a los efectos de lo previsto en el artículo 2a) LTPA. Es decir, es imprescindible que lo solicitado se refiera a documentos o contenidos que ya obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Y no cabe albergar la menor duda acerca de que la petición de que se instruya ad futurum un procedimiento tras una denuncia, y su resultado, no tiene encaje en el ámbito objetivo de la LTPA. Consiguientemente, sobre este extremo de la solicitud solo cabe su inadmisión a trámite. Tercero. Sin embargo, el segundo extremo de la solicitud se refiere a solicitar si un empleado público tiene declarada una compatibilidad para el ejercicio de otra actividad. A este respecto, es de señalar que, como recoge el artículo 10 h) LTPA, constituye una obligación de publicidad activa la información sobre “[l]as resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos”. Consiguientemente, de existir, la resolución de dicha compatibilidad constituye incontrovertiblemente información pública a los efectos de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Y constituye una regla general el acceso a la información pública, de tal suerte que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así es; tal y como tuvimos oportunidad de declarar en la Resolución 42/2016, de 22 de junio, nuestro régimen de acceso a la información pública se asienta sobre la siguiente premisa: “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exposición de Motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los “ contenidos o documentos” que obren en poder de las Administraciones y “ hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 7 b) de la LTPA], de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. […] Por consiguiente, recae sobre la Administración –y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información- la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma.» (Fundamento Jurídico Tercero). Por su parte, dicho argumento también es el mantenido por los órganos jurisdiccionales, sirviendo de ejemplo lo que recoge la Sentencia 37/2017, de 22 de marzo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11, cuando sostiene que “[l]a ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14.”, así como que es “la norma el acceso a la información, y constituir excepcionalidad la aplicación de alguno de los límites contenidos en el citado artículo 14” . En el mismo sentido se expresa la Sentencia n.º 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 5 de Madrid. En el caso que nos ocupa, la información se concreta en la resolución de compatibilidad que pueda existir sobre el empleado en cuestión, sin que se haya argumentado la denegación de ofrecer dicha información por concurrir algún límite previsto legalmente para impedir el acceso a la información. Consiguientemente, ha de ponerse a disposición de la reclamante dicha información. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación de XXX contra la Delegación del Gobierno en Huelva, por denegación de información. Segundo. Instar a la citada Delegación del Gobierno a que, en el plazo de quince días a contar desde la práctica de la notificación de esta Resolución, facilite a la reclamante la información que resulta de la estimación parcial de la misma según lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, comunicando lo actuado a este Consejo en el mismo plazo.