Reclamación por denegación de información sobre inmuebles exentos del IBI en el municipio de Bailén

RESOLUCIÓN 3/2018, de 3 de enero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra el Ayuntamiento de Bailén (Jaén) por denegación de información pública (Reclamación núm. 254/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó el 21 de marzo de 2017 solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Bailén (Jaén), del siguiente tenor: “De conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en sus articulo 2 (que es de aplicación a las Administraciones Locales), articulo 12 y siguientes sobre derecho de acceso a la información pública y al objeto de realizar un estudio sobre las exenciones del IBI. ”SOLICITA ”Relación de bienes inmuebles (urbanos y rústicos) de ese municipio que estén exentos del pago del IBI con expresión de sus domicilios, cuantía y causa legal de la exención y titulares de los inmuebles (salvo cuando estos sean personas físicas en aplicación de la Ley de Protección de Datos, ya que son las únicas amparadas por dicha normativa y nunca las entidades jurídicas, sean públicas o privadas) ”Dado que dicha información tiene por objeto de llevar a cabo un estudio sobre el tema, se solicita que de ser posible se aporten dicha información en formato abierto de tipo base de datos accesible .xls, .ods y se remita, conforme establece la ley, al correo electrónico: [...]” Segundo. El 12 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación ante la denegación presunta de la información solicitada. Tercero. El 20 de junio de 2017 dictó este Consejo acuerdo por el que se amplía el plazo de resolución de la reclamación. Cuarto. Con fecha de 22 de junio de 2017 el Consejo solicita al Ayuntamiento copia del expediente derivado de la solicitud así como informe. En igual fecha se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento. Quinto. Como respuesta a la solicitud de expediente e informe, el órgano reclamado comunica a este Consejo, por escrito que tiene entrada el 11 de julio de 2017, lo siguiente: “… Sirva el presente oficio para comunicarle que el Ayuntamiento de Bailén no puede facilitar la información solicitada al estar delegada la competencia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (urbanos y rústicos) en el Servicio Provincial de gestión y recaudación Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, según Convenio de fecha 17 de marzo de 1993 Por tal motivo el interesado deberá proceder a solicitar la información al referido organismo”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”. A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según establece el artículo 24 de la LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. Frente a la pretensión del interesado el Ayuntamiento no ofreció la información ni contestación alguna al respecto. Y, con ocasión del informe solicitado por este Consejo tras la reclamación interpuesta, el Ayuntamiento aduce que no puede facilitar la información al estar delegada la competencia de gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Diputación Provincial. A este respecto, es menester recordar que el artículo 2 a) LTPA define como información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Cumplidos esos tres requisitos, la información solicitada se trataría de información pública a los efectos de la LTPA, como es al caso que nos ocupa. Sin embargo, se ha de elucidar la cuestión referida a quién ha de resolver la solicitud. Para resolver esta reclamación han de tenerse presente las reglas de tramitación que ofrece el artículo 19.1 y 19.4 LTAIBG. En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.1. LTAIBG, en el caso de que la solicitud se refiera “a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. A este respecto, nada menciona el Ayuntamiento sobre si obra en su poder o no la información solicitada pues únicamente refiere que la gestión del impuesto está delegada. Por su parte, el 19.4 LTAIBG dispone que “cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. Bajo esta regla, la Diputación Provincial sería quien debería ofrecer respuesta a la solicitud de información sobre los bienes exentos del IBI, considerando que tiene delegada la gestión del impuesto. En consecuencia, y una vez comprobado que el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén tiene la competencia delegada para la gestión del impuesto, este Consejo entiende que es dicha Diputación Provincial quien ha de resolver la solicitud de información planteada en aplicación de lo previsto en el artículo 19.4 LTAIBG, transcrito. Considera este Consejo, como así ya lo ha manifestado en anteriores resoluciones, (por ejemplo la Resolución 109/2017, de 2 de agosto), que la aplicación del artículo 19.4 LTAIBG debe realizarse cuando el organismo al que se remite la solicitud por haber generado o elaborado la información es, a su vez, un organismo sujeto a la LTAIBG. Por lo tanto, al estar incluida las Diputaciones Provinciales en el ámbito subjetivo de la LTAIBG, procede la aplicación del precitado art.19.4 LTAIBG. En el caso que nos ocupa, y a la vista de la documentación aportada, sucede que el Ayuntamiento no ha aplicado lo prevenido en dicho precepto por cuanto lo procedente hubiera sido, en lugar de la denegación presunta recaída, remitir la solicitud a la Diputación Provincial de Jaén para que ésta la hubiera resuelto en el plazo previsto en el art. 20.1 LTAIBG. En consecuencia, una vez advertido este defecto en el procedimiento de resolución de la solicitud de información, procede, con base en el artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, retrotraer el procedimiento al momento en que el Ayuntamiento remita a dicha Diputación la solicitud, en aplicación de lo dispuesto en el art. 19.4 LTAIBG, dando cuenta de dicha circunstancia al interesado. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Ordenar la retroacción del procedimiento de resolución de la solicitud de información pública planteada por XXX al momento en el que el Ayuntamiento de Bailén remita la solicitud a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto de esta Resolución. Dicha remisión ha de efectuarse en el plazo de 10 días a contar desde la notificación de la presente resolución, dando cuenta de lo actuado a este Consejo, y al reclamante, en ese mismo plazo.