Reclamación por denegación de información sobre inmuebles exentos del IBI en Medina Sidonia

RESOLUCIÓN 44/2018, de 7 de febrero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) por denegación de información (Reclamación núm. 313/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 10 de abril de 2017, una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz), del siguiente tenor: “De conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en sus articulo 2 (que es de aplicación a las Administraciones Locales), articulo 12 y siguientes sobre derecho de acceso a la información pública y al objeto de realizar un estudio sobre las exenciones del IBI. ”SOLICITA ”Relación de bienes inmuebles (urbanos y rústicos) de ese municipio que estén exentos del pago del IBI con expresión de sus domicilios, cuantía y causa legal de la exención y titulares de los inmuebles (salvo cuando estos sean personas físicas en aplicación de la Ley de Protección de Datos, ya que son las únicas amparadas por dicha normativa y nunca las entidades jurídicas, sean públicas o privadas) ”Dado que dicha información tiene por objeto de llevar a cabo un estudio sobre el tema, se solicita que de ser posible se aporten dicha información en formato abierto de tipo base de datos accesible .xls, .ods y se remita, conforme establece la ley, al correo electrónico: [...]” Segundo. El 27 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación ante la denegación presunta de la información solicitada. Tercero. Con fecha de 7 de julio de 2017 se cursó comunicación al reclamante del inicio del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. El 10 de julio el Consejo solicitó al Ayuntamiento informe y copia del expediente derivado de la solicitud. Quinto. El 12 de septiembre de 2017, como respuesta a la solicitud de expediente e informe, el Ayuntamiento reclamado comunica a este Consejo, lo siguiente: “… Se informa a los efectos oportunos que durante este tiempo no se ha resuelto la solicitud interpuesta por el interesado XXX, debido a la falta de medios personales en este Ayuntamiento para resolver el citado expediente. ”No obstante, sobre dicha petición, a pesar de ser el Servicio Provincial de Recaudación quien tiene cedida la gestión del Impuesto de Bienes inmuebles de este Excmo. Ayuntamiento y, por tanto los datos que se solicitan, se recibe escrito del Área de Coordinación Política de la Excma. Diputación de Cádiz en virtud del cual se declara incompetente para facilitar dicha información. ”De otro lado, una vez examinada la petición de acceso a datos relativos a inmuebles exentos de IBl y teniendo dudas jurídicas sobre la legalidad de facilitar o no dicha información, se ha planteado dicha consulta vía telemática al presente Consejo. ”Por todo ello, y ante la petición de enviar copia del presente expediente, adjunto remito la siguiente documentación contenida en el mismo: ”- Copia de la petición del interesado. ”- Escrito de la Excma. Diputación de Cádiz.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”; plazo máximo de resolución que como regla general se ha establecido en un mes ampliable por otro mes más (art. 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según establece el artículo 24 de la LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, la configuración de un verdadero derecho, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación, es decir, la denegación o limitación de acceso constituye la excepción. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.[...]Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley... ” (Fundamento de Derecho Sexto). Pues bien, frente a la pretensión del interesado de conocer la relación de bienes inmuebles exentos del pago del IBI (con expresión de sus domicilios, cuantía, causa legal de la exención y titulares -excluyendo las personas físicas-), el Ayuntamiento no ofreció la información ni contestación alguna al respecto al interesado. Y, con ocasión del informe solicitado por este Consejo tras la reclamación interpuesta, el Ayuntamiento aduce quetiene dudas sobre la legalidad de facilitar o no la información solicitada por el interesado e indica que ha recibido escrito de la Diputación de Cádiz en virtud del cual ésta se declara incompetente, si bien indica el Ayuntamiento que es el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz quien tiene cedida la gestión del impuesto. Cuarto. Para determinar el órgano que debe ofrecer la información solicitada, han de tenerse presente las reglas de tramitación que ofrece el artículo 19 apartados 1 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG). De conformidad con el apartado primero de dicho artículo, en el caso de que la solicitud se refiera “a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante ”; mientras que, por su parte el artículo 19.4 LTAIBG, establece que “[c]uando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso” . Bajo esta regla, la Diputación Provincial sería quien debería ofrecer respuesta a la solicitud de información sobre los bienes exentos del IBI, considerando que tiene delegada la gestión del impuesto. En consecuencia, una vez comprobado que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz tiene la competencia delegada para la gestión del impuesto, este Consejo entiende que es dicha Diputación Provincial quien ha de resolver la solicitud de información planteada en aplicación de lo previsto en el artículo 19.4 LTAIBG, transcrito. Considera este Consejo, como así ya lo ha manifestado en anteriores resoluciones, (por ejemplo la Resolución 109/2017, de 2 de agosto), que la aplicación del artículo 19.4 LTAIBG debe realizarse cuando el organismo al que se remite la solicitud por haber generado o elaborado la información es, a su vez, un organismo sujeto a la LTAIBG. Por lo tanto, al estar incluida las Diputaciones Provinciales en el ámbito subjetivo de la LTAIBG, procede la aplicación del precitado art.19.4LTAIBG. En el caso que nos ocupa, y a la vista de la documentación aportada, sucede que el Ayuntamiento no ha aplicado lo prevenido en dicho precepto por cuanto lo procedente hubiera sido remitir la solicitud a la Diputación Provincial de Cádiz para que ésta la hubiera resuelto en el plazo previsto en el art. 20.1 LTAIBG. En consecuencia, una vez advertido este defecto en el procedimiento de resolución de la solicitud de información, procede, con base en el artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, retrotraer el procedimiento al momento en que el Ayuntamiento remita a dicha Diputación la solicitud, en aplicación de lo dispuesto en el art. 19.4 LTAIBG, dando cuenta de dicha circunstancia al interesado. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Ordenar la retroacción del procedimiento de resolución de la solicitud de información pública planteada por XXX al momento en el que el Ayuntamiento de Medina Sidonia remita la solicitud a la Diputación Provincial de Cádiz, conforme a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto de esta Resolución. Dicha remisión ha de efectuarse en el plazo de 10 días a contar desde la notificación de la presente resolución, dando cuenta de lo actuado a este Consejo, y al reclamante, en ese mismo plazo.