Reclamación contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera por denegación de información sobre plazas vacantes y posesión de funcionario

RESOLUCIÓN 43/2018, de 7 de febrero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública (Reclamación 23/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 26 de noviembre de 2016, ante el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), una solicitud de información pública del siguiente tenor: “Que por ese Ayuntamiento le sea expedido certificación acreditativa del número de plazas vacantes, con la categoría de Auxiliar Administrativo, que se encuentren ocupadas internamente en la actualidad, dentro de la plantilla municipal”. “Asimismo, certificación acreditativa de la fecha de toma de posesión como funcionario de ese Excmo. Ayuntamiento de XXX, o bien, que la misma tuvo lugar con posterioridad al 1 de enero de 1995...” Segundo. El 8 de enero de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación contra la denegación presunta de la solicitud de información referida, al no haber tenido contestación por parte del Ayuntamiento. Tercero. Mediante escrito fechado el 23 de enero de 2017 el Consejo solicitó al Ayuntamiento informe y copia del expediente derivado de la solicitud. Con fecha 24 de enero se comunica dicho escrito al correo electrónico del Ayuntamiento. Cuarto. Con fecha 23 de enero de 2017, se dirige comunicación al interesado del inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. Quinto. El 11 de julio de 2017, se reitera la solicitud de informe y expediente al órgano reclamado, sin que hasta la fecha conste a este Consejo respuesta alguna del Ayuntamiento a la documentación solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “ deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG. A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado con fechas 23 de enero de 2017 y 11 de julio de 2017. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho concepto, y no habiendo sido alegada por el Ayuntamiento ninguna limitación impeditiva del acceso, este Consejo no puede por menos que, de acuerdo con la regla general de acceso a la información citada, estimar la solicitud que el ciudadano formuló ante el Ayuntamiento el 23 de noviembre de 2016, e instar al Ayuntamiento a que le ofrezca la información solicitada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) a que, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información que resulta de la solicitud, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo.