Reclamación por denegación de información pública sobre titularidad de parcela y viarios locales en Jimena de la Frontera

RESOLUCIÓN 73/2018, de 7 de marzo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública (Reclamación 359/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 25 de abril de 2017, solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), del siguiente tenor: “Que ha tenido conocimiento del certifcado emitido por la Secretaría General de este Ayuntamiento, en su calidad de fedataria pública, en fecha 27 de septiembre de 2.013, por el que se incluye parte de la parcela con referencia catastral 1643906TF9214S0001RZ como viario local, pudiendo dar a entender que fuera de titularidad municipal. “Que dicha parcela es de propiedad privada, así como el viario que incluye, al que la solicitante del certifcado tiene expresamente prohibido el acceso, luces y vistas, como consta en la correspondiente escritura de propiedad desde el año 1.977. “Que como comprobante se adjunta copia parcial de la escritura de compraventa realizada en el año 1.980, inscrita en el folio 40, libro 116, tomo 534 de Jimena. “Que igualmente le constan las licencias de obras otorgadas por la administración hasta el año 2.002 en la zona concreta objeto del certifcado citado, por lo que entiende que el certifcado emitido es claramente erróneo. “Por todo lo cual, SOLICITA: “1.- Copia de los informes y antecedentes empleados para la emisión del citado certifcado, incluyendo el pago de las tasas correspondientes en su caso. “2.- Copia de la documentación administrativa que conste en esta administración acreditativa de la situación de la citada parcela urbana en el año 1.980. “3.- Copia de cualquier expediente de expropiación o similar realizado con posterioridad a 1.980 que pueda dar lugar a que el viario privado, indicado en los planos que acompañan a las escrituras de propiedad, haya pasado a ser público en cualquier momento posterior. “Por último reitera que, conforme a la normativa vigente, solicita el envío de la citada documentación por vía telemática al medio electrónico facilitado en el plazo marcado por la misma.“ Segundo. El 23 de julio de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación contra la denegación presunta de la solicitud de información referida, al no haber tenido contestación por parte del Ayuntamiento, solicitando el acceso a la información. Tercero. Mediante escrito fechado el 26 de julio de 2017 el Consejo solicitó al Ayuntamiento copia del expediente derivado de la solicitud así como informe y antecedentes que considerara oportunos para la resolución de la reclamación. En igual fecha se comunica al interesado el inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. Cuarto. El 5 de diciembre de 2017 se reitera la solicitud de informe y expediente al órgano reclamado. Dicho escrito resultó notifcado el 17 siguiente, sin que hasta la fecha conste a este Consejo respuesta alguna del Ayuntamiento a la documentación solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notifcarse en el menor plazo posible”; que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG). A este respecto, recordamos que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Dicho lo anterior, es asimismo pertinente realizar la siguiente observación antes de entrar en el fondo del asunto. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “[el] procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, referido en la actualidad a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano interpelado el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refere a la propia solicitud y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada la misma en el órgano o le fue asignada, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notifcación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera relevante para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refeja en los antecedentes, no consta que el Ayuntamiento haya contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado con fecha 22 de julio de 2017, reiterado el 5 de diciembre de 2017. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el 80.3 de la Ley 39/2015 anteriormente citada, “[d]e no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones...”. Con apoyo en este precepto, se prosigue pues el procedimiento para resolver la reclamación. Cuarto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confrmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia no 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): "La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustifcado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley,,," (Fundamento de Derecho Sexto) Quinto. Según defne el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho concepto, y no habiendo sido alegada por el Ayuntamiento ninguna limitación impeditiva del acceso, este Consejo no puede por menos que, de acuerdo con la regla general de acceso a la información citada, estimar la solicitud que el ciudadano formuló ante el Ayuntamiento y que resultó desestimada por resolución presunta, con disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, pueda contener dicha información. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la documentación referida, el Ayuntamiento deberá transmitir expresamente esta circunstancia al ahora reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) a que, en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente al que se le notifque la presente resolución, ofrezca al reclamante la información objeto de la solicitud, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma