Reclamación contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera por denegación de acceso a expediente administrativo y datos de responsables

RESOLUCIÓN 72/2018, de 7 de marzo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública (Reclamación 209/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 4 de abril de 2017, solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), del siguiente tenor: “Que ha recibido en la mañana de hoy 4 de abril notifcación de este Ayuntamiento, a través de los servicios provinciales de recaudación, vulnerando mi derecho recogido por la Ley 39/2015 a la tramitación por servicios telemáticos. “Que en dicha notifcación se alude a informes jurídicos que no explican cómo se ha sobrepasado más de cinco meses el plazo de prescripción del expediente, ni a qué direcciones, ni quién ha realizado las notifcaciones efectuadas del mismo. “Que por todo ello a los efectos de disponer de la información necesaria para realizar los recursos oportunos SOLICITA: “Se le remita a la dirección telemática indicada copia íntegra autenticada del expediente, incluyendo la identifcación de quienes realizaran las notifcaciones, forma de provisión del puesto que ocupen en la administración, así como direcciones donde supuestamente la efectuaron, además de los plazos durante los cuales ha estado supuestamente suspendido el plazo de prescripción del expediente con indicación de inicio y fnal de los mismos. “Se le remita igualmente la identifcación y documentación administrativa por la que accedieron al cargo de las personas responsables que han tramitado el expediente. “Se le remita la citada documentación en el plazo indicado por la Ley de Transparencia de Andalucía paralizando durante el mismo la tramitación del expediente.” Segundo. El 24 de mayo de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación contra la denegación presunta de la solicitud de información referida, al no haber tenido contestación por parte del Ayuntamiento, solicitando el acceso a la información. Tercero. Mediante escrito fechado el 2 de junio de 2017 el Consejo dirigió al Ayuntamiento solicitud de informe y copia del expediente derivado de la solicitud, así como y antecedentes que considerara oportunos para la resolución de la reclamación, sin que hasta la fecha haya tenido entrada en el Consejo dicha documentación. Cuarto. En igual fecha 2 de junio se comunica al interesado el inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. Quinto. Por Resolución del Consejo de 17 de julio de 2017 se acordó la ampliación de plazo para resolver la reclamación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notifcarse en el menor plazo posible”; que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG. A este respecto, recordamos que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Dicho lo anterior, es asimismo pertinente realizar la siguiente observación antes de entrar en el fondo del asunto. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “[el] procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, referido en la actualidad a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano interpelado el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refere a la propia solicitud y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada la misma en el órgano o le fue asignada, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notifcación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera relevante para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refeja en los antecedentes, no consta que el Ayuntamiento haya contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el 80.3 de la Ley 39/2015 anteriormente citada, “[d]e no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones...”. Con apoyo en este precepto, se prosigue pues el procedimiento para resolver la reclamación. Cuarto. La reclamación interpuesta no puede ser admitida a trámite en virtud de lo establecido en el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA, que dice así: “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.” En efecto, resulta evidente que, en el momento en que solicitó la información, el ahora reclamante ostentaba la condición de interesado en un procedimiento administrativo en curso. Por consiguiente, de acuerdo con la Disposición Adicional citada, no podía optar a acceder a la información pública por el cauce previsto en la LTPA, sino que debió atenerse a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento, por lo que este Consejo no puede por menos que inadmitir a trámite la reclamación planteada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma