Reclamación por denegación de información relativa a un incidente de quema de parcela y autorizaciones en el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera

RESOLUCIÓN 127/2018, de 19 de abril, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera por denegación de información (Reclamación núm. 152/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 17 de marzo de 2017, una solicitud de información al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) referida a lo siguiente: “Que sobre las 15 horas requirió la presencia de la Policía Local por el inicio de fuego en la parcela 69 del polígono 12 de esta localidad, cuyo humo estaba penetrando en la vivienda situada en el número 7 de la calle Las Vegas. “Que conforme al art. 17.b del RD 247/2001 "no podrán efectuarse quemas en días en los que el viento sople, en cualquier dirección, con fuerza grado 3 -fojo- según la escala de Beaufort y cuyos efectos apreciables son hojas y ramas en continuo movimiento", entendiendo que era evidente que se superaba dicho grado por la entrada de humo en la vivienda colindante, pudiendo consultarse la velocidad en la estación más cercana en los datos de AEMET que alcanzaron fuerza grado 4 en el día y hora citados, a pesar de lo cual se completó la quema a escasos metros de la vivienda colindante. “Que resulta especialmente perjudicial para un habitante de la vivienda afectada la reiteración de esta actividad de quema, con la entrada de humo en el domicilio, que aunque en ocasiones anteriores se había detenido tras advertirla, hoy no ha sido así debiendo adoptar medidas extraordinarias que, por el carácter especialmente protegido de los datos, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente en su caso. “Que por ello, tras la intervención de la Policía Local, SOLICITA: “1.- Se le remita copia de la documentación que la autoridad local posea o haya elaborado sobre el incidente a los efectos de determinar quién es el responsable de los daños causados, para el inicio de las acciones que procedan, así como las medidas adoptadas en su caso. “2.- Copia igualmente de cualquier autorización existente, en caso de que se disponga, que exima del cumplimiento de la normativa citada. [...]” Segundo. Con fecha 26 de abril de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud formulada. Tercero. El 11 de mayo de 2017 se dirige comunicación al reclamante informándole acerca de la iniciación del procedimiento para resolver su reclamación. Con la misma fecha se solicita al Ayuntamiento informe y copia del expediente derivado de la solicitud de información. Cuarto. El 20 de junio de 2017 dictó este Consejo un Acuerdo por el que se amplía el plazo de resolución de la reclamación. Quinto. El 28 de junio siguiente tuvo entrada escrito del Ayuntamiento en la que emite informe al respecto. Sexto. Hasta la fecha no consta que se haya remitido al interesado la información solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notifcarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG. A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confrmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustifcado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley... ” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. En el informe emitido durante el trámite de alegaciones concedido, el Ayuntamiento proporciona a este Consejo una concreta información relativa a la solicitud planteada. Sucede, sin embargo, que es al propio solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es fnalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos al órgano reclamado a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. De acuerdo con lo expuesto, y dado que del examen de la documentación aportada al expediente no consta acreditado que la información que se ha remitido a este Consejo se le haya enviado al reclamante, el Ayuntamiento ha de poner a disposición de este último la documentación remitida a este Consejo que da respuesta a la solicitud del reclamante, previa disociación de los datos de carácter personal conforme establece el artículo 15.4 LTAIBG, de modo que se impida la identifcación de las personas afectadas que aparecen. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Instar al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la práctica de la notifcación de esta Resolución, facilite al reclamante la información que resulta de la estimación de la misma según lo expresado en el Fundamento Jurídico Cuarto, comunicando lo actuado, a este Consejo, en el mismo plazo. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma