Reclamaciones contra el Ayuntamiento de Isla Cristina por denegación de información sobre construcción en parcela del PGOU

RESOLUCIÓN 135/2018, de 24 de abril, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamaciones interpuestas por XXX contra el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) por denegación de información pública (Reclamaciones núms. 175/2017 y 176/2017, acumuladas). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante registró, el 28 de marzo de 2017, en el Servicio de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Isla Cristina la siguiente solicitud de información referente a “construcción en Parcela del PGOU. Supermercado XXX”: “El destino de la parcela y califcación en el PGOU. Titular propietario de la parcela. Información titular licencia de obras. Asientos bancarios de satisfacer las cantidades. Cese inmediato de aguas residuales al alcantarillado público. Licencias para verter aguas residuales al alcantarillado público”. Segundo. Con fecha 4 de abril de 2017, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Isla Cristina la siguiente solicitud de información: “Destino de la Parcela donde se edifca el XXX, contrato compra venta de la parcela y condiciones de uso de la misma”. Tercero. En escrito fechado el 27 de abril de 2017, el Servicio de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento da respuesta a ambas solicitudes. Por lo que hace a la petición relativa al destino de la parcela en el PGOU, señala que “sólo es posible facilitar información de carácter urbanístico” e identifca un enlace para acceder a las normas urbanísticas del PGOU, añadiendo al respecto que “si lo que necesita es una fcha urbanística de la parcela en cuestión, podrá obtenerla previo pago de las tasas correspondientes”. En relación con el resto de las peticiones, el escrito contesta al interesado que, “como ya se le ha informado con anterioridad, el acceso a dicho expediente sólo es posible cuando el mismo se encuentra fnalizado o en caso de que se acredite como parte interesada del mismo”. Cuarto. El 9 de mayo de 2017, tuvo entrada en el Registro del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) sendas reclamaciones referentes a las precitadas solicitudes de información (reclamaciones núms. 175 y 176/2017, respectivamente). Quinto. Con fecha 22 de mayo de 2017 el Consejo solicita al órgano reclamado informe y copia del expediente derivado de ambas solicitudes. Con idéntica fecha se cursa comunicación al interesado del inicio de tramitación para la resolución de las reclamaciones. Sexto. El 8 de junio de 2017 tuvo entrada en este Consejo escrito de la entidad municipal en el que emite informe al respecto. Por lo que hace a las peticiones de información objeto de la reclamación núm. 175/2017, el Ayuntamiento indica que fueron respondidas en el escrito mencionado en el Antecedente Tercero. En lo referente a la solicitud de información objeto de la reclamación núm. 176/2017, la entidad municipal adjunta Informe del Interventor del Ayuntamiento, así como copia de la resolución de la adjudicación y escritura pública de enajenación de la parcela. Séptimo. El 17 de julio de 2017, el Consejo acuerda ampliar el plazo máximo de resolución de la reclamación con base en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Octavo. Con fecha 16 de abril de 2018 se dicta Acuerdo de acumulación de procedimientos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Las presentes reclamaciones acumuladas tienen como objetivo común acceder a cierta información referente a una determinada construcción en una específca parcela; solicitudes que, a juicio del ahora reclamante, no fueron adecuadamente atendidas por el Ayuntamiento de Isla Cristina. Sin embargo, con motivo de la solicitud de informe y expediente, el Ayuntamiento remitió a este Consejo un Informe del Interventor, copia de la resolución de la adjudicación y de la escritura pública de enajenación de la parcela; documentación que vendría a atender plenamente la solicitud objeto de la reclamación núm. 176/2017, y buena parte de las peticiones de información no satisfechas sobre las que versa la reclamación núm. 175/2017. Ahora bien, como hemos tenido ocasión de señalar en anteriores decisiones, es al propio interesado a quien se debe ofrecer la información, pues son los poderes públicos a los que se pide la misma los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es fnalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos al órgano reclamado a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos puramente formales, la correspondiente reclamación. Tercero. Como anticipábamos en el anterior fundamento jurídico, algunas contadas peticiones de información objeto de la reclamación 175/2017 no obtienen respuesta en la documentación que el Ayuntamiento ha remitido directamente a este Consejo, a saber: “Cese inmediato de aguas residuales al alcantarillado público. Licencias para verter aguas residuales al alcantarillado público”. Por lo que hace a la primera, hemos de recordar que, según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos del marco normativo regulador de la transparencia. A este respecto, según defne el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Conforme a lo dispuesto en el transcrito precepto, es evidente que dicha petición no tiene acogida en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. En efecto, con la misma, el solicitante no pretende acceder a unos datos o contenidos que ya obren en poder del Ayuntamiento, sino que la entidad municipal emprenda una determinada actuación, un asunto que resulta ajeno a la legislación en materia de transparencia. La fnalidad perseguida por la LTPA no es, ciertamente, que este Consejo inste al órgano reclamado a que inicie una concreta actuación, ni tampoco, como es obvio, imponerle la adopción de aquellas medidas que, a juicio del solicitante, tenga el deber de asumir. En suma, esta concreta petición de “cese inmediato de aguas residuales al alcantarillado público” excede con mucho el ámbito objetivo de la LTPA. Diferente suerte ha de correr la pretensión de acceder a las “licencias para verter aguas residuales al alcantarillado público”, que inequívocamente constituye “información pública” a los efectos del artículo 2 a) LTPA. Por lo tanto, ha de proporcionarse al interesado tales licencias referentes a la construcción objeto de la solicitud; y, en la hipótesis de que no existan, debe transmitir expresamente esta circunstancia al ahora reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar las reclamaciones -parcialmente, la núm. 175/2017- presentadas por XXX contra el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) por denegación de información pública. Segundo. Instar a dicho Ayuntamiento a que, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al que se practique la notifcación de la presente resolución, ofrezca al reclamante la información a la que se hace referencia en los FFJJ Segundo y Tercero, dando cuenta de lo actuado, a este Consejo, en el mismo plazo. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma