Reclamación por denegación de información sobre criterios de valoración de méritos en concursos de funcionarios

RESOLUCIÓN 150/2018, de 2 de mayo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía por denegación de información pública (Reclamación 187/2017). ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presentó el 20 de abril de 2017 la siguiente solicitud de información dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública (en adelante CHAP): “INFORMACIÓN SOLICITADA: “ASUNTO: “Cuestiones de personal que me afectan como funcionaria. “En las plazas de doble adscripción A1 y A2 se valoran dos puntos por cuerpo preferente a los funcionarios del Grupo A1. Sin embargo, en el concurso de méritos de funcionarios de 2016, como en los anteriores, yo no pude hacelos valer en mi autobaremación por no permitirlo el programa de la web del empleado público por la que se tramitaba la solicitud de participación en el Concurso de Méritos. Tampoco se me valoró en el concurso de 2012 la experiencia prestada en la Administración local, a cuyo efecto, como no llevaba dos años en mi puesto de la Junta de Andalucía, no obtuve la plaza solicitada, teniendo sin embargo experiencia de numerosos años en la Administración Local como Secretaria lnterventora, siendo la plaza que pedí de Administración Local. ¿Cuál es la legislación que me cataloga como A10 si soy de la Junta de Andalucía y debería ser A11 o A12 como el resto de mis compañeros funcionarios? ¿Por qué se me impide en la solicitud telemática de concurso, valorarme el mérito de cuerpo preferente en los supuestos en que procede y sin embargo permite que los restantes funcionarios de la Comunidad Autónoma se lo puedan aplicar? ¿Un A10 no tiene cuerpo preferente? ¿Un A10 no tiene valor de A1 a efectos de ocupar la plaza preferente sobre un A2? Si en las plazas de doble adscripción A1/A2 la distinción lo es en función de la pertenencia al Grupo A1 o al grupo A2, ¿por qué razón legal los funcionarios incluidos en el grupo A10 no podemos tener el mérito denominado cuerpo preferente, siendo A1 como todos los restantes funcionarios de la Comunidad Autónoma? ¿Por qué se denomina cuerpo preferente a lo que en realidad es preferencia de grupo en los baremos de méritos? ¿Existen razones legales que avalen la diferencia de trato a efectos de méritos?” Segundo. El 15 de mayo de 2017 la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública de la CHAP resuelve “inadmitir la solicitud de información y archivo de la misma, en base a las siguientes consideraciones”: “En relación con las cuestiones planteadas en la solicitud, sobre valoración de Cuerpo Preferente y experiencia en el concurso de méritos del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía de 2016, se inadmite la solicitud, en base a las previsiones contenidas en el articulo 18.1.c) al requerir un informe jurídico "ad hoc" de la situación que formula; no incardinándose en el concepto de transparencia el citado tratamiento de la información. En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en Resoluciones como la 34/2016; 37/2017; 73/2076, considerando la concurrencia de la citada causa de inadmisión por reelaboración "informar de los motivos jurídicos que fundamentaron una decisión",a la vez que requiere un nuevo tratamiento de la información que implica la elaboración del informe jurídico ad hoc sobre la solicitud planteada. “Así mismo, las cuestiones planteadas sobre el concurso de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, al referirse a un procedimiento en trámite, no se regulan por la ley 19/2013, (LTABG), en base a la establecido en la disposición adicional primera de la citada Ley: "1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo." “En consecuencia se le remite a la regulación contenida en las bases de las respectivas convocatorias del citado concurso de méritos del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía (Boletín Ofcial de la Junta de Andalucía nº 140 de 22/07/2016)”. Tercero. El 17 de mayo de 2017 la reclamante interpone reclamación ante este Consejo contra la citada resolución de inadmisión, en la que argumenta lo siguiente: “El artículo 24 de la Constitución prohíbe la indefensión , "La idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que puedan colocarse en el marco del artículo 24 CE "(STC 48/1984 y SSTC 146/2003, 199/2006 y 28/2010). Se origina por tanto la indefensión, siguiendo la abundante jurisprudencia constitucional, cuando se privan o limitan los medios de defensa producida en el seno de un proceso, produciendo en una de las partes, sin que le sea imputable, un perjuicio defnitivo en sus derechos e intereses sustantivos, En parecidos términos se manifesta el Tribunal Constitucional al indicar que "viene declarando reiteradamente que, en el contexto del artículo 24.1 CE, la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o difculta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el artículo 24 CE se requiere [...], que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional" (STC 40/2002). “En este caso, al no facilitarme la información demandada y habiendo solicitado en el concurso de méritos una plaza que me sería adjudicada si se me valorara la experiencia profesional cual establecen las bases selectivas, y no en base a criterios técnicos del tribunal, que no tienen en cuenta los servicios prestados en la Administración Local en puesto de nivel de complemento de destino, superior a la plaza a la que se opta, se me está impidiendo obtener los datos precisos para recurrir ante el superior jerárquico, al término del proceso selectivo, y poder fundamentar mi recurso, así como poder conocer cuestiones que me atañen en materia de personal, lo que es contrario a la transparencia pública. “Solicito por ello del Consejo de Transparencia, tenga por interpuesto en tiempo y forma la presente reclamación, y propicie me sean contestadas las preguntas formuladas, con la pertinente información, en los términos establecidos por la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 112014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.” Cuarto. Mediante escrito fechado el 25 de mayo de 2017 el Consejo dirigió al órgano reclamado solicitud de informe y copia del expediente derivado de la solicitud, así como y antecedentes que considerara oportunos para la resolución de la reclamación. En igual fecha se comunica al interesado el inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. Quinto. El 20 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado en el que reitera lo manifestado en la resolución de inadmisión de fecha 15 de mayo de 2017 y en cuanto a la indefensión alegada por la reclamante comunica lo siguiente: “Por lo que se refere a las alegaciones formuladas por la interesada en el escrito de reclamación, basado en la indefensión alegada, no se comparte por esta Dirección General la concurrencia de la misma por la aplicación del régimen jurídico de la transparencia en relación a un procedimiento en curso respecto del que la solicitante participa en el mismo y al que puede acceder conforme a las previsiones contenidas en las bases reguladoras del citado procedimiento. “En consecuencia como participante en el citado concurso de méritos, XXX dispone de todos los medios de defensa previstos en las normas reguladoras del mismo (Bases de la respectiva Convocatoria y demás normas concordantes), en condiciones de igualdad que el resto de participantes frente a la actuación de la Administración” Sexto. Por Acuerdo del Consejo de 17 de julio de 2017 se acordó la ampliación de plazo para resolver la reclamación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. En la presente reclamación concurre una circunstancia que impide que este Consejo entre a resolver sobre el fondo de la pretensión. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya información pública. A este respecto, según defne el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” A la vista de esta defnición este Consejo considera que los extremos planteados en la solicitud de información resultan enteramente ajenos al concepto de “información pública” de la que parte la legislación en materia de transparencia. En efecto, con la misma no se pretende tener acceso a una determinada documentación o a un concreto contenido que previamente obre en poder del órgano reclamado, sino que se elabore ad hoc un informe o documento en el que se motiven los criterios adoptados por la Administración en los concursos de méritos de los funcionarios. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación interpuesta por XXX contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía por denegación de información pública. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma