Reclamación por denegación de información relativa a procedimientos sancionadores y convenios de gestión de la Diputación de Huelva

RESOLUCIÓN 123/2018, de 11 de abril, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Diputación Provincial de Huelva por denegación de información (Reclamación núm. 138/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 5 de enero de 2017, una solicitud de información dirigida al Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Huelva, del siguiente tenor: “Que casualmente y por error de esa Administración ha recibido en su domicilio la carta que se adjunta, dirigida a otra interesada. “En dicha carta se hace mención: “a) a un Acuerdo de un Alcalde de fecha 22/11/2016 (primer párrafo). “b) A que un Ayuntamiento (que desconocemos) ha designado un órgano para instruir el procedimiento (primer párrafo). “Que si bien el dicente no es interesado en dicho procedimiento, sí tiene interés en conocer la forma en la que ese Servicio de Gestión Tributaria (provincial) está gestionando los procedimientos sancionadores de entes municipales, ya que duda de su legalidad en la medida en que no consta ni una sola firma en dicho documento, no se identifica de que Alcalde se trata y se desconoce en base a qué instrumento jurídico ese Servicio está gestionando procedimientos de un supuesto Ayuntamiento. “Por todo ello, como posible afectado en el futuro por uno de esos procedimientos, al amparo de lo dispuesto por el artículo 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y de sus concordantes establecidos por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, viene a solicitar la siguiente Información Ley de Transparencia: “1) Copia del Acuerdo del Alcalde a que hacen mención de fecha 22/11/2016, en la que se omitan todos los datos de carácter personal de los implicados. [...] ”2) Copia del documento por el que ese Ayuntamiento (que desconocemos) ha designado un órgano para instruir el procedimiento a que se hace mención en el primer párrafo del escrito. ”3) Identificación del Órgano que indican que ha iniciado el expediente sancionador e identificación del órgano competente designado por ese Ayuntamiento, con mención del nombre, apellidos y puesto o cargo de sus titulares, al objeto de poder depurar las correspondientes responsabilidades si las hubiere. ”4) Copia del documento (delegación de competencias, contrato, convenio o lo que fuere) en virtud del cual ese Servicio, dependiente de una Administración Local Provincial está llevando a cabo actuaciones en procedimientos sancionadores correspondientes a una supuesta Administración Local Municipal”. Segundo. Con fecha 17 de abril de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. El 27 de abril de 2017 se cursó comunicación al reclamante del inicio del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. El 28 de abril de 2017 el Consejo solicitó a la Diputación de Huelva copia del expediente derivado de la solicitud así como informe y antecedentes que considerara oportunos para la resolución de la reclamación. Quinto. El 15 de mayo de 2017, el órgano reclamado comunica a este Consejo que por Acuerdo de la Presidencia del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Huelva, de fecha 26 de abril de 2017, se acordó la remisión al interesado de la documentación solicitada, “consistente en la copia del Convenio de Encomienda de Gestión para la colaboración, impulso y gestión de cobro de las multas municipales por este Servicio con el Ayuntamiento de Lepe y copia del Convenio de colaboración formalizado con la Dirección General de Tráfico sobre el acceso a los registros de vehículos y personas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, debiéndose remitir a la dirección electrónica indicada por el interesado”. Asimismo consta el informe del Gerente del Servicio de Gestión Tributaria, que fundamentó el anterior Acuerdo de la Diputación de Huelva de fecha 26 de abril de 2017, en el que se indica que: “Visto escrito de XXX de fecha 10/04/2016, entrada 2017/8624 de 17 de abril, remitido por la Excma. Diputación de Huelva, solicitando copia del convenio de Encomienda de Gestión para la colaboración, impulso y gestión de cobro de las multas municipales suscrito por este Servicio con el Ayuntamiento de Lepe, así como copia del Convenio de suministro de información existente con la Dirección General de Tráfico a los efectos de consulta e identificación de propietarios de vehículos denunciados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de sus concordantes establecidos por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Sr. Gerente tiene a bien informar lo siguiente: “PRIMERO.- No constan antecedentes de la solicitud de información que nos ocupa, ni se adjunta la copia de la solicitud anterior formulada por el interesado como dice el escrito recibido. [...]“ Sexto. El 20 de junio de 2017 dictó este Consejo acuerdo por el que se amplía el plazo de resolución de la reclamación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el fondo del asunto hay que advertir que la Diputación se refiere en sus alegaciones a dos solicitudes de información distintas (de fecha 10 de abril de 2017 y de 5 de enero de 2017), en las que se plantean cuestiones diferentes. Nos ceñiremos pues a la la solicitud de 5 de enero de 2017, habida cuenta de que es la que está en el origen de la reclamación que ahora analizamos. Respecto a la solicitud de información presentada el 5 de enero de 2017, indica la Diputación que “no le consta la solicitud de información pública” y no ofrece la información solicitada en la misma. Sin embargo, del examen de la documentación que la Diputación ha remitido a este Consejo se comprueba que sí obra dicha solicitud de información pública presentada por el interesado el 5 de enero de 2017 en la Subdelegación del Gobierno de Málaga, con registro de entrada en la Diputación de Huelva de 16 de enero de 2017 y con registro de entrada en el Servicio de Gestión Tributaria de 19 de enero de 2017, ya que ha sido remitida con el resto del expediente. Tercero. El origen último de esta reclamación se remonta al envío, por error, al domicilio del solicitante de una denuncia de tráfico formulada contra una tercera persona, que resultó por tanto plenamente identificada desde el principio para el ahora reclamante. A raíz de dicho envío, y al objeto de saber el modo en que el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Huelva “está gestionando los procedimientos sancionadores de entes municipales”, el interesado presentó ante dicho Servicio solicitud de información con la que pretendía acceder, en esencia, a diversa documentación del correspondiente municipio referente al expediente sancionador, así como al documento en virtud del cual dicho Servicio de la Diputación “está llevando a cabo actuaciones en procedimientos sancionadores correspondientes a una supuesta Administración Local Municipal”. Por lo que hace a este último extremo de la solicitud, según se refleja en los Antecedentes, consta en el expediente remitido a este Consejo que la entidad local reclamada envió en su día al interesado sendos Convenios relativos a la materia, satisfaciéndose así esta concreta petición de información. Cuarto. La restante documentación objeto de la solicitud de información se relaciona con un específico procedimiento sancionador instruido contra una tercera persona, cuya identidad resulta ya conocida al ahora reclamante en virtud de su errónea notificación. En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 26 LTPA, que establece lo que sigue: “De conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. Pues bien, importa destacar que, al tratarse de una petición de información referente a un expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, incoado contra una tercena persona que no es el ahora reclamante, nos hallamos ante un caso en el que están afectados datos de carácter personal que disfrutan de una especial protección en nuestro ordenamiento. Así es; de acuerdo con el primer párrafo del art. 15.1 LTAIBG, el máximo nivel de tutela se proporciona a los datos especialmente protegidos mencionados en el art. 7.2 de la LOPD (ideología, afiliación sindical, religión y creencias), toda vez que “el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso”. Pero inmediatamente después en lo relativo a la intensidad de la garantía se encuentran los datos especialmente protegidos a los que se refiere el art. 7.3 LOPD (origen racial, salud y vida sexual), así como los datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, ya que “el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley” (segundo párrafo del art. 15.1 LTAIBG). En consecuencia, dado que lo solicitado incide en datos relativos a infracciones administrativas que no conllevan la amonestación pública del infractor, para cuya comunicación no consta el consentimiento expreso de la persona denunciada, ni su acceso está amparado por norma con rango legal, no podemos sino desestimar esta pretensión del ahora reclamante. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente: RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Diputación Provincial de Huelva por denegación de información.