Reclamación por denegación de información pública relativa a una intervención quirúrgica en el Hospital Virgen de la Macarena

RESOLUCIÓN 249/2018, de 20 de junio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla) en materia de denegación de información pública. (Reclamación núm. 157/2018). ANTECEDENTES Primero. Con fecha 1 de marzo de 2018 la ahora reclamante dirige escrito al órgano reclamado, donde describe diferentes intentos de contacto con los servicios del Hospital tras la cancelación de una operación y expone: “[..] ante la ausencia de respuestas, mi hijo se presentó de nuevo en el Hospital Macarena con la última analítica, para intentar presentarla y ver que le decían. Fue al Servicio de Atención al Usuario a poner una reclamación y le dijeron que hablara con la Secretaría de Traumatología. Así lo hizo, y tras varias consultas aquí y allí, se vino sin saber en qué situación está mi operación ni cuál es el problema o dónde está la traba para que esté paralizada. […] “Solicito y exijo se nos dé una explicación y una solución.” Segundo. Con fecha 25 de abril de 2018 tiene entrada en el Consejo reclamación ante la ausencia de respuesta a su solicitud de información pública. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. En el caso que nos ocupa resultan aplicables hasta dos causas que impiden estimar la reclamación interpuesta. Por un lado, la solicitud de información versa sobre una serie de contenidos y documentos que pueden inequívocamente catalogarse como información sanitaria; materia que, al contar con un específco régimen jurídico de acceso, le resulta de aplicación el apartado segundo de la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA: “2. Se regirán por su normativa específca, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específco de acceso a la información.” En efecto, como sostuvimos en la Resolución 132/2016, de 21 de diciembre, el acceso a la información sanitaria debe efectuarse de conformidad con lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; una Ley que, según establece su artículo 1, tiene como objetivo, entre otros, “la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes… en materia de… información y documentación clínica”. Más específcamente, argumentamos nuestra decisión en el Fundamento Jurídico 3º de dicha Resolución, que ahora resulta conveniente reiterar: “Esta Ley 41/2002 [...] reconoce en primer término a los pacientes el “derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley” (art. 4.1), determina la titularidad de este derecho de información asistencial (art. 5.1) y establece el régimen de límites aplicable al mismo (art. 5.4). Y, por otra parte, consagra el derecho de los pacientes a acceder “a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que fguran en ella”, previéndose que los “centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos” (art. 18.1), y apunta a continuación determinadas reservas condicionantes de su ejercicio (art. 18.3). ”Como se desprende ya con toda evidencia de la lectura de las disposiciones mencionadas, la Ley 41/2002 contiene un específco régimen de acceso a la información pública en materia de salud -justifcado, entre otras motivaciones, en su condición de dato especialmente protegido-, que abarca la fjación del contenido del derecho de acceso, la delimitación de los titulares, así como los límites y condicionantes a los que debe sujetarse su ejercicio; criterios cuya concurrencia permite sostener que nos hallamos en presencia de la “normativa específca” a la que alude el apartado segundo de la Disposición adicional cuarta de la LTPA (así, por ejemplo, nuestra Resolución 78/2016, de 3 de agosto, FJ 3º). En suma, no podemos sino convenir con el órgano reclamado en que la pretensión del recurrente no puede sustanciarse a través de la legislación en materia de transparencia, sino a través de lo dispuesto en la reiterada Ley 41/2002.” Consiguientemente, resultando aplicable a la materia objeto de la presente reclamación la Ley 41/2002, este Consejo carece de competencia para abordar el tratamiento de esta cuestión, por lo que no procede sino acordar su desestimación. Tercero. Por otra parte, se advierte un segundo motivo de desestimación de la reclamación. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya información pública a los efectos de la legislación de transparencia. A este respecto, según defne el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” A la vista de esta defnición, este Consejo considera que la petición de la interesada, en la que solicita una explicación y una solución a un problema de índole sanitario, resulta enteramente ajena al concepto de “información pública” del que parte nuestro sistema regulador de la transparencia, pues con tal solicitud no se pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder del órgano reclamado. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación de XXX contra el Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla), por denegación de información pública. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma