Reclamación por denegación de información pública sobre investigaciones de responsabilidad en el Ayuntamiento de Lucena

RESOLUCIÓN 307/2018, de 1 de agosto, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento Lucena (Córdoba) por denegación de información pública. (Reclamación núm. 398/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 7 de agosto de 2017, una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento Lucena (Córdoba), del siguiente tenor: “Con fecha 16 de marzo de 2016 dictó Vd. resolución, a la que me remito en cuanto a sus precedentes para evitar reiteraciones innecesarias, en cuyo apartado primero dispuso lo siguiente: "Primero.- Solicitar informe jurídico al Sr. Jefe de la Sección de Régimen Interior (quien suscribe), sobre la viabilidad de iniciar el procedimiento de revisión de ofcio previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (hoy ya derogado y sustituido por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -en adelante, LPACAP-, por lo que en lo sucesivo me referiré a él en lugar del ya derogado), en relación con el acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena de 21 de mayo de 2009, declarado lesivo por acuerdo del mismo órgano de 22 de marzo de 2011. “Para el supuesto de que dicho procedimiento resulte inviable, abrir nuevas investigaciones para identifcar a quien pueda corresponder la responsabilidad última por haber dejado de realizar y ejercitar a su debido tiempo cuantas actuaciones y acciones hubieran correspondido para depurar las responsabilidades de cualquier clase en que hubiera incurrido cualquier interviniente en el procedimiento de lesividad." “Y por otra de 18 de octubre de 2016 dispuso Vd. mi sustitución por la Jefa de la Sección de Recursos Humanos en la encomienda que me había hecho en la anterior de 16 de marzo anterior. “Recientemente he sabido que con fecha 18 de enero de 2017 la Jefa de la Sección de Recursos Humanos ha emitido el informe que le fue requerido, estableciendo en él, tras los fundamentos jurídicos que ha estimado pertinentes, la siguiente conclusión: "Del examen del expediente en cuestión no se aprecia la existencia de supuestos de nulidad de pleno derecho, por lo que la funcionaría en cuestión únicamente viene a ratifcar las infracciones ya puestas de manifesto por el Sr. Secretario General y Sr. Vicesecretario de este Ayuntamiento en su informe de 22 de diciembre de 2010 como causas determinantes de anulabilidad." “Es así, pues, que se está en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado primero de su resolución del día 16 de marzo de 2016 [...] y, en consecuencia, a partir del día 18 de enero de 2017 en que la Jefa de la Sección de Recursos Humanos emitió su informe, ha podido y ha debido Vd., porque así lo dispuso en su aludida resolución y, por tanto, es el primer obligado en cumplirla si no quiere apartarse de sus propios actos o abdicar de su responsabilidad, "abrir nuevas investigaciones para identifcar a quien pueda corresponder la responsabilidad última por haber dejado de realizar y ejercitar a su debido tiempo cuantas actuaciones y acciones hubieran correspondido para depurar las responsabilidades de cualquier clase en que hubiera incurrido cualquier interviniente en el procedimiento de lesividad". “Por ello y al amparo del artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la legislación a que el mismo hace referencia, en particular la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, “SOLICITO a esa Alcaldía la expedición y entrega al frmante de copias autenticadas de: “Primero.- De cualquier providencia, resolución o cualquier otro acto de mandato o impulso dictado por esa Alcaldía disponiendo cualquier actuación en orden a "abrir nuevas investigaciones para identifcar a quien pueda corresponder la responsabilidad última por haber dejado de realizar y ejercitar a su debido tiempo cuantas actuaciones y acciones hubieran correspondido para depurar las responsabilidades de cualquier clase en que hubiera incurrido cualquier interviniente en el procedimiento de lesividad". “Segundo.- De cualquier diligencia, informe, acta o cualquier otro documento emitido a consecuencia o en cumplimiento de la providencia o resolución dictada por esa Alcaldía, en su caso, en orden a "abrir nuevas investigaciones para identifcar a quien pueda corresponder la responsabilidad última por haber dejado de realizar y ejercitar a su debido tiempo cuantas actuaciones y acciones hubieran correspondido para depurar las responsabilidades de cualquier clase en que hubiera incurrido cualquier interviniente en el procedimiento de lesividad". “Tercero.- En defecto de los documentos interesados en cualquiera de los apartados precedentes, comunicación en la que me informe de no haber dictado esa Alcaldía ninguno de los actos a que hace mención el apartado primero, y por tanto mantiene incumplida su resolución de 16 de marzo de 2016, y/o de no haberse emitido ninguno de los documentos a que se refere el apartado segundo. “A los efectos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, anteriormente invocada, comunico a esa Alcaldía que mi dirección de contacto a efectos de comunicaciones es XXX, y la modalidad que prefero para acceder a la información solicitada es la entrega personal al frmante en el lugar, día y hora que me sean señalados a tal fnn. Segundo. Con fecha 18 de septiembre de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud formulada. Tercero. El 20 de septiembre de 2017 se cursó comunicación al reclamante del inicio del procedimiento para resolver su reclamación, y con la misma fecha de salida, el Consejo solicitó al órgano reclamado informe y copia del expediente derivado de la solicitud Cuarto. Con fecha 26 de octubre de 2017 tiene entrada en el Consejo escrito Ayuntamiento Lucena en el que comunica que “se ha procedido a remitir al interesado dicha documentación, adjuntando una copia de todo lo actuado para su conocimiento y efectos oportunosn. Consta en el expediente remitido un escrito dirigido por el órgano reclamado al reclamante, remitiéndole con fecha de salida de 23 de octubre de 2017, en el que remite al interesado la información solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Del examen de la documentación aportada al expediente consta escrito del órgano reclamado en el que informa a este Consejo que ha ofrecido al interesado la información solicitada. Considerando pues que el propósito de obtener la información ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la fnalidad de la transparencia de la información prevista en la LTPA, este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación planteada por desaparición del objeto de la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento derivado de la reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento Lucena (Córdoba) por denegación de solicitud de información pública. Contra esta resolución, que pone fn a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifcación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consta la frma