Reclamación contra el Ayuntamiento de Almería por denegación de información sobre cursos de formación

RESOLUCIÓN 324/2018, de 21 de agosto, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación presentada por XXX, contra el Ayuntamiento de Almería por denegación de información pública (Reclamación núm. 286/2017). ANTECEDENTES Primero. El 30 de mayo de 2016 la ahora reclamante presentó ante el Ayuntamiento de Almería la siguiente solicitud: ”1º Que se informe a XXX de las siguientes cuestiones en relación con los cursos de formación: Criterios de concesión de los mismos. Criterios, en su caso, de denegación de los mismo. Entidades, públicas o privadas, que organizan los cursos a los que asisten los empleados municipales. “2º. En relación con los cursos de formación en el exterior […]: “Nombre y apellidos de los empleados municipales que han asistido […] durante los años 2014, 2015, y 2016, o en su caso, puesto que desempeña el trabajador municipal. Objeto del curso, número de días, importe del mismo, lugar y entidad que lo imparte, así como su carácter público o privado. “3º. En relación con los cursos de formación en el exterior[…] “Nombre y apellidos de los empleados municipales que les han sido denegados la asistencia a cursos en el exterior durante los años 2014, 2015, y 2016, o en su caso, puesto que desempeña el trabajador municipal, la motivación de dicha denegación. Objeto del curso, número de días, importe del mismo, lugar y entidad que lo imparte, así como su carácter público o privado. “4º. En relación con los cursos de formación en el exterior[…] “Nombre y apellidos del personal eventual que ha asistido a los cursos en el exterior durante los años 2014, 2015, y 2016. Objeto del curso, número de días, importe del mismo, lugar y entidad que lo imparte, así como su carácter público o privado. “5º.- Se emita informe si en los ejercicios presupuestarios de los años 2014 y 2015 se ha gastado todo el importe presupuestado por este concepto. “ Segundo. Con fecha 23 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación ante la ausencia de respuesta a sus solicitudes de información pública. Tercero. El 7 de julio de 2017 se comunica a la reclamante la iniciación del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. Con fecha de 10 de julio de 2017 se solicita al órgano reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Quinto. El 23 de abril de 2018 se reitera la solicitud de expediente, informe y alegaciones al órgano reclamado. Sexto. El 28 de mayo de 2018 tuvo entrada escrito del Ayuntamiento en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación el Ayuntamiento se aporta escrito de 17 de mayo de 2018 dirigido a la reclamante, con el siguiente contenido: “[…] en la Unidad de Formación del Servicio de Personal y Régimen Interior, tienen a su disposición toda la documentación relativa a expedientes administrativos en cursos de formación del personal municipal, donde consta la información solicitada para examen y vista del expediente, emplazándole para el día 22 de mayo de 2018 a las 9’30 horas a estos efectos. En caso de no poder personarse el día de la cita podrá comunicarlo a estas dependencias municipales al teléfono [núm. teléfono], para concertar una cita, de modo que un funcionario pueda acompañarle en su consulta”. No consta hasta la fecha que se haya materializado el acceso a la información pública. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia no 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): "La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto) Tercero. La solicitud formulada por la ahora reclamante tenía por objeto que el Ayuntamiento de Almería le informase de diversas cuestiones atinentes a cursos de formación durante el periodo 2014-2016. Se trata, como es evidente, de una petición cuyo objeto constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación de transparencia, habida cuenta de la amplitud con que se define dicho concepto en el artículo 2 a) LTPA: “Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Ciertamente, pocas dudas cabe albergar acerca de que los datos relativos a cursos de formación organizados por las Administraciones públicas deban catalogarse como “información pública”, y, consecuentemente, que han de resultar accesibles a la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de acceso que la legislación de transparencia consagra. Así pues, considerando que el objeto de la solicitud se incardina en el concepto de información pública establecido en el transcrito art. 2.a) LTPA, y no habiendo sido alegada por el Ayuntamiento ninguna limitación impeditiva del acceso -es más, consta un ofrecimiento de vista de los expedientes-, este Consejo no puede sino declarar, de acuerdo con la regla general de acceso a la información mencionada supra en el FJ 2º, que debió atenderse la petición que resultó desestimada por resolución presunta, con las matizaciones que veremos más adelante relativa a la protección de los datos de carácter personal. Por otro lado, es necesario señalar que, en el expediente remitido a este Consejo, el Ayuntamiento aporta escrito dirigido a la reclamante, fechado el 17 de mayo de 2018, en el que en relación con buena parte de la información solicitada se le indica que puede accederse a la misma personándose en las unidades o áreas correspondientes. Pues bien, en la medida en que en el escrito de solicitud no se identificaba una específica modalidad de acceso a la información pretendida, y por más que el artículo 22.1 LTAIBG señale que dicho acceso “se realizará preferentemente por vía electrónica”, nada cabe objetar a que en este supuesto se conceda el acceso a través de la modalidad presencial, dadas las específicas circunstancias concurrentes en el presente caso. Sucede, sin embargo, que una parte sustantiva de la información solicitada se refiere a la identificación de los concretos empleados municipales que han asistido a los cursos o se les ha denegado su asistencia, o la denominación del puesto de trabajo que desempeñan, que lo haría igualmente identificables, resultando por tanto de aplicación el artículo 26 LTPA, que dice así: “De conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”, reguladora esta última de la protección de datos de carácter personal (en adelante, LOPD). Y en la medida en que los nombres y apellidos de las personas no constituyen datos especialmente protegidos (categoría que, según el artículo 7 LOPD, se reserva a los atinentes a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial, salud y vida sexual), ha de atenderse a lo que establece el artículo 15.3 LTAIBG: “Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.” Pues bien, tras efectuar dicha ponderación, este Consejo no aprecia en el presente caso un interés público que sea superior y prevalente a la protección de los datos de carácter personal de los empleados públicos relacionados con los cursos de formación. Por el contrario, a nuestro juicio, resulta un sacrificio innecesario de su privacidad la difusión publica de dicha información. No obstante, este Consejo entiende que sí es de aplicación el apartado 4 del artículo 15 de la LTAIBG, según el cual puede ofrecerse la información solicitada llevando a cabo una previa disociación de los datos de carácter personal y de la denominación del puesto de trabajo que desempeñan, evitándose, de este modo, la identificación de las personas afectadas. Consiguientemente, y en virtud de lo establecido en esta disposición, y previa disociación de dichos datos, se deberá ofrecer a la reclamante la información solicitada. Quinto. Resta por abordar el extremo de la solicitud referente a los criterios de concesión de los cursos. Según se desprende de la comunicación que el Ayuntamiento remitió a la solicitante el 17 de mayo de 2018, la entidad reclamada facilitó información sobre los criterios generales de concesión de los mismos, así como la vía para acceder a los criterios orientativos publicados en la intranet municipal, por lo que cabe declarar la terminación del procedimiento de la reclamación respecto a este extremo de la solicitud. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX, contra el Ayuntamiento de Almería por denegación de información pública Segundo. Instar al Ayuntamiento de Almería a que, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información objeto de la solicitud, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo.