Reclamación contra el Ayuntamiento de Almería por denegación de acceso al expediente de la Relación de Puestos de Trabajo 2016

RESOLUCIÓN 323/2018, de 21 de agosto, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación presentada por XXX, contra el Ayuntamiento de Almería por denegación de información pública (Reclamación núm. 285/2017). ANTECEDENTES Primero. Con fecha 23 de noviembre de 2016, la ahora reclamante dirige escrito al Ayuntamiento de Almería, en el que solicita: ”Copia completa del expediente administrativo relativo a todo el proceso de elaboración, negociación y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2016, en el que se incluya lo siguiente: ”Acta de la sesión de la Mesa de Negociación de 30 de septiembre de 2016. “Propuestas, escritos y peticiones formuladas por cada sindicato, por la parte social en su conjunto, por los grupos políticos y por los concejales del Equipo de Gobierno, así como cualquier otra que figure en el expediente administrativo o que se haya tenido en cuenta para modificar la RPT 2016 con respecto a la del año 2015.” Segundo. Con fecha 23 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación ante la ausencia de respuesta a sus solicitudes de información pública. Tercero. El 7 de julio de 2017 se comunica a la reclamante la iniciación del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. Con fecha de 10 de julio de 2017 se solicita al órgano reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Quinto. El 23 de abril de 2018 se reitera la solicitud de expediente, informe y alegaciones al órgano reclamado. Sexto. El 28 de mayo de 2018 tuvo entrada escrito del Ayuntamiento en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, el Ayuntamiento aporta escrito de 17 de mayo de 2018 dirigido a la reclamante, con el siguiente contenido: “[…] se le emplazaba, para examen y vista del expediente, el día 17 de mayo de 2018 a las 10’00 horas en el Servicio de Personal y Régimen Interior, y personado el [representante sindical] para su notificación, se ha negado a recibirlo manifestando que no pueden presentarse en el día señalado, por lo que, tal y como ocurre con el resto de expedientes municipales, el expediente completo se encuentra a su disposición en el Área de Organización y Función Pública, rogándole que en caso de estar interesados en consultarlo nos lo comunique al teléfono [núm. teléfono] para así concretar una cita en esta Delegación de Área y que un funcionario pueda acompañarle en su consulta.” No consta hasta la fecha que se haya materializado el acceso a la información pública. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): "La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto) Tercero. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Almería con la que se pretendía acceder a la “copia completa del expediente administrativo relativo a todo el proceso de elaboración, negociación y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2016”. Se trata, como es palmario, de una petición cuyo objeto constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación de transparencia, habida cuenta de la definición que de dicho concepto hace el artículo 2 a) LTPA: “Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En efecto, no cabe albergar la menor duda de que un expediente relativo a la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo debe catalogarse como “información pública”, y, consecuentemente, que ha de resultar accesible a la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de acceso que la legislación de transparencia consagra. Repárese, además, en la relevancia que entraña para nuestro sistema de transparencia la apertura a la ciudadanía de la información referente a la gestión de recursos humanos en la esfera pública, según venimos constantemente argumentando en nuestras decisiones. Así, por citar una de las más recientes, en el fundamento jurídico tercero de la Resolución 142/2018, de 24 de abril, sintetizamos del siguiente modo esta línea doctrinal: “En este ámbito, ciertamente, como sostuvimos en el FJ 5º de la Resolución 32/2016, de 1 de junio, “las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad” (asimismo, entre otras, las Resoluciones 115/2016, de 30 de noviembre, FJ 4º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 3º;113/2017, de 8 de agosto, FJ 4º). Resulta, en efecto, incuestionable el “interés que tiene la opinión pública en conocer qué número de personas, y a través de qué medios, ejercen su actividad en o para la Administración y, con ello, saber cómo se emplean los fondos públicos destinados al mantenimiento del personal a su servicio” (Resolución 75/2016, de 3 de agosto, FJ 4º)”. Cuarto. Pues bien, en el expediente remitido a este Consejo, el Ayuntamiento aporta escrito de 17 de mayo de 2018 dirigido a la solicitante, en el que se indica que “en caso de estar interesados en consultarlo nos lo comunique al teléfono [núm. teléfono] para así concretar una cita en esta Delegación de Área y que un funcionario pueda acompañarle en su consulta.” Así pues, la entidad local reclamada se inclinó por proporcionar la información a través de una modalidad de formalización del acceso diferente a la señalada por la interesada, pese a que la regla general prevista en el artículo 34.1 LTPA es que la información solicitada se entregue “a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos”. Es cierto que el mencionado artículo 34.1 LTPA permite exceptuar dicha regla general en determinados supuestos, entre los cuales se encuentra el que “exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público”; pero no es menos verdad que el artículo 7 c) LTPA impone expresamente la carga de motivar las resoluciones que concedan el acceso “a través de una modalidad distinta a la solicitada”. No consta, sin embargo, en el expediente que el Ayuntamiento haya satisfecho este derecho de la solicitante a obtener una resolución motivada al respecto, según consagra el citado artículo 7 c) LTPA; ni tampoco consta que llegara a materializarse el acceso presencial tras el ofrecimiento del Ayuntamiento Por consiguiente, sobre la base de que el Ayuntamiento no ha alegado ningún límite que justifique retener la información, y de acuerdo con la regla general de acceso a la información mencionada supra en el FJ 2º, este Consejo no puede sino estimar la presente reclamación. El Ayuntamiento deberá, pues, proporcionar la información en el formato elegido en la solicitud. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX, contra el Ayuntamiento de Almería por denegación de información pública Segundo. Instar al Ayuntamiento de Almería a que, en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información objeto de la solicitud según lo expresado en el Fundamento Jurídico Cuarto, dando cuenta de lo actuado a este Consejo en el mismo plazo.