Reclamación contra el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera por denegación de información sobre directrices de control asistencial laboral

RESOLUCIÓN 331/2018, de 5 de septiembre, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, contra el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública (Reclamación núm. 374/2017). ANTECEDENTES Primero. El 16 de junio de 2017 el ahora reclamante presentó un escrito dirigido al Ayuntamiento de Chiclana en el solicita lo que sigue: “1) Si por parte del Señor Alcalde o el Señor Concejal Delegado de Policía, como superiores jerárquicos del Señor Intendente Mayor Jefe, bien fuere directamente o por persona intermedia, se han impartido órdenes o directrices a éste último sobre el control asistencial al trabajo de XXX y a que, si pese a conocer que XXX, se ha dispuesto que se le nombre servicio en esos meses; y que, en el caso de no comparecer, se dé cuenta posterior de su inasistencia a la Delegación de Personal. Y de ser así, cuál es la intención. “2). En el supuesto de que no sea así, que se informe del órgano o persona a quién el superior jerárquico de XXX haya encargado la suplencia en XXX y que se informe de la directrices que haya impartido a los mismos sobre los aspectos relacionados con el control asistencial al trabajo por parte de XXX y especialmente si se le(s) ha ordenado que se le nombre servicios durante los meses de abril, mayo y junio y que, en caso de no comparecer, se dé cuenta a la Delegación de Personal de la faltas al mismo durante los meses de abril y mayo del presente año”. Segundo. Con fecha 9 de agosto de 2017 tiene entrada reclamación en este Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante el Consejo) ante la ausencia de respuesta a su solicitud, exponiendo lo que sigue: “XXX venía disfrutando desde tiempo atrás compensaciones de jornadas de trabajo concedidas por realización de servicios extraordinarios. El acto administrativo firme y en ejecución desde muchos meses atrás en solución de continuidad había sido reconocido tanto por la Jefatura como por el Ayuntamiento y se prolongaba en su disfrute más allá del mes de Junio del presente año. Lo he venido haciendo valer por la concesión de la figura del silencio positivo y hasta el mes de abril de presente año no había existido ningún problema. “Ahora bien, a partir del mes de Abril y basándose en unos escritos del IMJ ha quedado suspendida la ejecución de ese acto y el Ayuntamiento a través de la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Personal tras requerimientos escritos a XXX ha resuelto descontarle de sus retribuciones, por faltas al trabajo que dice están injustificadas, más del 80% de las mismas de las nóminas de los meses de abril, mayo y junio (de hecho ya he sufrido una merma importante en los ingresos), alegando que se me ha requerido por escrito que justifique la ausencias durante esos periodos y no las han sido. A los requerimientos se les ha contestado haciendo mención a la normas y a que hago valer la concesión por ley debido al silencio positivo y a que estaba reconocido y ejecutándose y refiriéndole numerosos escritos que avalan esa concesión y el derecho que me asiste. Pero ha sido en vano. “Preguntado sobre ese proceder el IMJ me dice que no es cosa suya. Al preguntarle si proviene de alguna orden o directriz del Señor Concejal Delegado o del Sr. Alcalde me comunica que no pero que no puede decirme nada. Otro tanto corre con el Jefe del Departamento de Personal a quien le pregunté si la razón de la actitud municipal provenía de directrices de la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Personal y me dio que no, por lo que me encuentro en una situación de inseguridad e indefensión, con abundante pérdida de retribuciones, sin saber a que obedece ni quién es el responsable último y sin entender como, pese a afirmarse que llevo faltando meses no se me haya incoado expediente disciplinario, lo que resulta incongruente. “Es por ello que mediante escrito 18.233 el 16 de junio del 2017 -que se adjunta- interesé, sin haber recibido respuesta, información acerca de: si hay ordenes para proceder así y con qué intención; y caso negativo que instrucciones haya dado sobre el particular el IMJ a mi suplente”. Tercero. Con fecha 12 de septiembre de 2017 se solicita al órgano reclamado el expediente derivado de la solicitud, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. En la misma fecha se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento para resolver su reclamación. Cuarto. El 28 de septiembre siguiente tuvo entrada escrito del Ayuntamiento en la que emite informe al respecto. Quinto. Hasta la fecha no consta que se haya remitido al interesado la información solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al Ayuntamiento concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG. A este respecto no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Cuarto. En el informe emitido durante el trámite de alegaciones concedido, el Ayuntamiento proporciona a este Consejo una concreta información relativa a la solicitud planteada. Sucede, sin embargo, que es al propio solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos al órgano reclamado a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida a este Consejo, y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. De acuerdo con lo expuesto, y dado que del examen de la documentación aportada al expediente no consta acreditado que la información que se ha remitido a este Consejo se le haya enviado al reclamante, el Ayuntamiento ha de poner a disposición de este último la documentación remitida a este Consejo que ofrece respuesta a la solicitud del reclamante, previa disociación de los datos de carácter personal conforme establece el artículo 15.4 LTAIBG, de modo que se impida la identificación de terceras personas que aparecen. Dicho lo anterior, ha de tenerse presente que del mencionado informe emitido por el Ayuntamiento no se desprende con claridad si existen instrucciones de superiores jerárquicos al Intendente Mayor Jefe sobre el control de presencia del ahora reclamante; y no se indica quién se ha encargado de la suplencia en la Inspección Operativa durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. En consecuencia, al contenido del repetido informe, trasladado a este Consejo, habrá de serle añadida la información a que nos referimos en este párrafo. Y en el caso de que no exista la misma, deberá indicarse expresamente al interesado esta circunstancia. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública- Segundo. Instar al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la práctica de la notificación de esta Resolución, facilite al reclamante la información que resulta de la estimación de la misma según lo expresado en el Fundamento Jurídico Cuarto, comunicando lo actuado a este Consejo en el mismo plazo.