Reclamación por denegación de información sobre la relación de puestos de trabajo en la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga

RESOLUCIÓN 373/2018, de 21 de septiembre del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga por denegación de información (Reclamación 449/2017). ANTECEDENTES Primero. El 9 de agosto de 2017 el ahora reclamante presentó una solicitud de información dirigida a la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Comercio (actual Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo) de la Junta de Andalucía en Málaga, con el siguiente contenido: “Como consecuencia de la finalización del concurso de méritos y traslado de personal funcionario y laboral convocado mediante Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga (B.O.J.A. nº 140 de 22/07/2016) y Resolución de 12 de julio de 2016 (B.O.J.A. no 140, de 22/07/2016), cuya próxima toma de posesión está programada a partir del 1 de septiembre para el caso de funcionarios, y que en el caso del personal laboral se produjo el pasado 3 de julio, dado que ello implica el cambio de puesto de trabajo del trabajador, al objeto cumplir con los requisitos de la vigilancia de la salud que obliga el artículo 22 de la Ley 31/1995 de PRL. “SOLICITO se citen de forma inmediata al personal de la administración pública que ha resultado adjudicatario, para realizar las pruebas y reconocimientos médicos necesarios que señala el artículo 22 de la Ley 31/1995 de PRL. “De igual forma solicito que se haga extensible esta petición a todas el personal de la administración pública de nuevo ingreso (temporal o definitivo) en el presente año, o bien hayan promocionado a un nuevo puesto de trabajo o hayan cambiado de puesto por los procedimientos de libre designación o artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, o artículo 17.5 del Vl convenio de personal laboral de la administración de la Junta de Andalucía. “Del mismo modo, solicito que a toda este personal se les haga entrega de forma inmediata de el equipo de protección individual necesario para el desempeño de su nuevo puesto de trabajo, así como se le informe debidamente de la prevención de riesgos laborales de su actividad y del plan de autoprotección del centro de trabajo donde realiza habitualmente su actividad, impartiéndole tan pronto como sea posible los obligados cursos de prevención de riesgos laborales necesarios para su nueva actividad laboral. “Por último solicito la relación actualizada de plazas titularizadas de personal funcionario y laboral correspondiente a la relación de puesto de trabajo de esa unidad orgánica al objeto de ejercer la necesaria fiscalización y control en relación a la prevención de riesgos laborales de los trabajadores”. Segundo. Con fecha 27 de noviembre de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud formulada, en la que se refiere únicamente a la información sobre la “copia de la Relación de Puesto de Trabajo individualizada (contadores) de ese organismo público” y no al resto del contenido de su solicitud original, con el siguiente contenido: “SUPLICA AL CONSEJO que teniendo por presentado este escrito se digne a admitirlo y tenga por presentada en tiempo y forma reclamación contra la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Comercio [actual Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo] de la Junta de Andalucía en Málaga siendo el acto administrativo reclamado: “Resolución presunta de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en Málaga por la que se desestima por silencio administrativo la solicitud de XXX, como Delegado de miembro del Comité de de Seguridad y Salud de la A.G.J.A. en Málaga, en la que se requiere copia de la Relación de Puesto de Trabajo individualizada (contadores) de ese organismo público”. Tercero. El 20 de diciembre de 2017 se cursó comunicación al reclamante del inicio del procedimiento para resolver su reclamación, y con la misma fecha de salida, el Consejo solicitó al órgano reclamado informe y copia del expediente derivado de la solicitud, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): "La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información dirigida a la Delegación Territorial con la que se pretendía acceder a la “Relación de Puesto de Trabajo individualizada (contadores) de ese organismo público”. Se trata, como es palmario, de una petición cuyo objeto constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación de transparencia, habida cuenta de la definición que de dicho concepto hace el artículo 2 a) LTPA: “Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En efecto, no cabe albergar la menor duda de que un expediente relativo a la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo debe catalogarse como “información pública”, y, consecuentemente, que ha de resultar accesible a la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de acceso que la legislación de transparencia consagra. Repárese, además, en la relevancia que entraña para nuestro sistema de transparencia la apertura a la ciudadanía de la información referente a la gestión de recursos humanos en la esfera pública, según venimos constantemente argumentando en nuestras decisiones. Así, por citar una de las más recientes, en el fundamento jurídico tercero de la Resolución 142/2018, de 24 de abril, sintetizamos del siguiente modo esta línea doctrinal: “En este ámbito, ciertamente, como sostuvimos en el FJ 5º de la Resolución 32/2016, de 1 de junio, “las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad” (asimismo, entre otras, las Resoluciones 115/2016, de 30 de noviembre, FJ 4º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 3º;113/2017, de 8 de agosto, FJ 4º). Resulta, en efecto, incuestionable el “interés que tiene la opinión pública en conocer qué número de personas, y a través de qué medios, ejercen su actividad en o para la Administración y, con ello, saber cómo se emplean los fondos públicos destinados al mantenimiento del personal a su servicio” (Resolución 75/2016, de 3 de agosto, FJ 4º)”. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho concepto, y no habiendo sido alegada por el órgano reclamado ninguna limitación impeditiva del acceso, este Consejo no puede por menos que, de acuerdo con la regla general de acceso a la información citada, estimar la solicitud presentada el 9 de agosto de 2017 en lo referente a “la relación actualizada de plazas titularizadas de personal funcionario y laboral correspondiente a la relación de puesto de trabajo de esa unidad orgánica”; solicitud que, según se refiere en los Antecedentes, resultó desestimada por resolución presunta. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación presentada por XXX contra la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga de la Junta de Andalucía por denegación de información. Segundo. Instar a la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga de la Junta de Andalucía a que, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información resultante de la estimación de su reclamación según lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.