Reclamación por denegación de acceso al historial académico y documentos de evaluación de un alumno

RESOLUCIÓN 381/2018, de 3 de octubre del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación presentada por XXX contra el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marie Curie de Sevilla -Delegación Territorial de Educación en Sevilla- por denegación de información pública (Reclamación núm. 445/2017). ANTECEDENTES Primero. El 26 de octubre de 2017 la ahora reclamante presentó una solicitud de información dirigida al Colegio de Educación Infantil y Primaria Marie Curie de Sevilla (en adelante, CEIP), en la que interesaba, referente a su hijo [nombre alumno menor], “copia del historial completo del alumno, así como todos los documentos de evaluación y todos aquellos documentos de traslado/tránsito y/o cambio de Centro que hubieron”. Segundo. Con fecha 13 de noviembre de 2017 la ahora reclamante solicitó nuevamente al órgano reclamado lo siguiente: “[...] Que tras ser solicitada con anterioridad con fecha 26 de octubre de 2017, historial completo así como todos los documentos de evaluación, traslado, transito y/o cambio de centro con respuesta negativa según los documentos adjuntos, se realiza esta nueva petición por entender que existe la posibilidad de que exista en el centro alguna documentación diferente de la anteriormente solicitada o que no califiquen de "oficial" según respuesta adjunta.[…] “Que revisados los documentos entregados por el colegio Los Rosales con fecha 2 de noviembre de 2017, documentos susceptibles de traslado, se aprecian que las observaciones realizadas acerca del alumno no se corresponden con la realidad; que dichas observaciones establecen un prejuicio erróneo acerca del menor. Que dichos prejuicios suponen un perjuicio para el menor, tanto a nivel moral, personal, social y educativo, puesto que al tomar como base de trabajo con el menor, datos erróneos, la forma de actuación con el mismo es por tanto inadecuada, lo que supone un perjuicio mayor al ya causado. Que con el fin de hacer valer los derechos de rectificación establecidos en la legislación vigente en pro del bienestar del menor y que no se continúe agravando por tanto la situación del mismo, más de lo que ya se ha hecho, es de suma importancia se faciliten a la mayor brevedad posible los documentos que se solicitan, para poder ejercitar el ya mencionado derecho de rectificación en caso de ser necesario. Entenderíamos por tanto, que la negativa al acceso de los mismos no solo supondría una vulneración del propio derecho de acceso sino un perjuicio mayor para el menor directamente proporcional al tiempo en que se dilaten”. Tercero. El 16 de noviembre de 2017 el órgano reclamado comunicó a la ahora reclamante lo siguiente: “En relación a su nueva solicitud y tras consultar con el Inspector del centro, D. [nombre del inspector], le informamos que, tal como le había dicho por vía telefónica, el único documento que tiene derecho a consultar es la copia del expediente académico, el cual fue remitido el día 24 de febrero de 2015 al CEIP Los Rosales.” Cuarto. El 22 de noviembre de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Quinto. El 30 de noviembre de 2017 el órgano reclamado comunicó a la reclamante que “tras comprobar el traslado del alumno [nombre del alumno menor] el día 5/02/2015 al CEIP Los Rosales (Sevilla), cuyo expediente académico fue enviado el día 24/02/2015, le adjunto el registro de salida de dichos documentos y le hago constar que se enviaron al otro centro, por lo tanto no disponemos de documentos oficiales que podamos aportar”. Sexto. Con fecha 4 de diciembre de 2017 se comunica a la hoy reclamante la iniciación del procedimiento. En la misma fecha, se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Séptimo. El 21 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el registro de este Consejo escrito del Secretario General Provincial de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, la Delegación Territorial comunica que el expediente del “hijo de la denunciante le fue entregado a esta por el CDP Los Rosales en fecha 2 de noviembre de 2017”. Consta en el expediente recibí de la reclamante fechado el 2 de noviembre de 2017. Asimismo, dicho escrito adjuntaba los informes emitidos por el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla respecto del hijo de la solicitante. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. En el escrito remitido a este Consejo durante el trámite de alegaciones concedido la Delegación Territorial comunica que se dio acceso el 2 de noviembre de 2017 a “toda la documentación del expediente educativo”, aportándose el acuse de recibo de la interesada. Por otra parte, se adjuntó a dicho escrito los informes emitidos por el Servicio de Inspección de la repetida Delegación Territorial, sin que conste hasta la fecha que se haya puesto a disposición de la reclamante esta documentación. Sucede, sin embargo, que es a la propia solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en todas estas resoluciones instábamos a que se pusiera directamente a disposición de los solicitantes la información remitida a este Consejo y procedíamos a estimar, siquiera a efectos formales, la correspondiente reclamación. En consecuencia, la Delegación Territorial ha de proporcionar a la reclamante los citados informes emitidos por el Servicio de Inspección, con disociación de los datos personales de las terceras personas que aparezcan en los mismos. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marie Curie -Delegación Territorial de Educación de Sevilla-, por denegación de información pública. Segundo. Instar a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla de la Junta de Andalucía a que, en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la práctica de la notificación de esta Resolución, facilite a la reclamante la información que resulta de la estimación de la misma según lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, comunicando a este Consejo lo actuado en el mismo plazo.