Reclamación por denegación de información pública relativa al Pliego de Condiciones Técnicas del contrato de gestión del agua con Aqualia

RESOLUCIÓN 409/2018, de 9 de noviembre del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX, en representación de XXX, contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) por denegación de información pública (Reclamación núm. 491/2017). ANTECEDENTES Primero. El 16 de noviembre de 2017 la entidad reclamante presentó una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) del siguiente tenor: ”PRIMERO.- Legitimación “1. Que esta Asociación cuenta con la legitimación necesaria para actuar en relación a lo solicitado en este escrito, según […] art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC15) y según lo establecido en el art. 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante Ley de acceso a la información ambiental) […] “2. Que por tanto reúne los requisitos de legitimación para ejercer la acción popular regulada en el art. 22 de la Ley de acceso a la información ambiental y esta legitimación alcanza a recurrir los actos, y en su caso, las omisiones imputables a las autoridades públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artículo 18.1, entre las que se encuentra la Ordenación del territorio rural y urbano, y utilización de los suelos. “SEGUNDO. Parte interesada. “1. Que dado que consta el interés legítimo de esta Asociación se la debe considerar parte interesada en el expediente de referencia […] en virtud al art. 4 de la Ley 39/2015, […] que dispone que se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. “2. Que constituida esta Asociación como parte interesada deberá garantizársele, según el artículo 13.d) de la LPAC 15, el “acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013” y a las demás informaciones que resulten de la Ley de acceso a la información ambiental. “3. Que hay que destacar que la mencionada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno […] vincula según su artículo 2.1 a) a todas las Administraciones, incluidas las Administraciones Locales. Se recuerda, además, que las Administraciones tienen la obligación de contestar a la solicitud de información pública en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, a tenor de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley de Transparencia y el art. 20. 2 c) de la Ley de acceso a la información ambiental, y que su denegación solo podrá ser justificada en alguna de las razones que establece la misma Ley de Transparencia. ”4. Que se debe recordar que el art. 20.6 de la Ley de Transparencia establece que el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave que tendrá también como consecuencia la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal como establece el art. 24 de la Ley de Transparencia y puede suponer la aplicación a los responsables de las sanciones que la misma Ley impone”. El escrito concluye solicitando que se tenga a la Asociación “por personada e interesada en el procedimiento citado”, y que se le facilite el acceso al “Expediente del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato para la gestión del agua con Aqualia”. Segundo. El 25 de diciembre de 2017 tiene entrada escrito de reclamación en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo), en el que se alega que ha transcurrido el plazo de un mes previsto en el art. 20 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin que el Ayuntamiento haya resuelto la solicitud de información. Tercero. El 11 de enero de 2018 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento para resolver su reclamación. Con idéntica fecha se solicita al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud así como informe y antecedentes que considerara oportunos para la resolución de la reclamación. Cuarto. Hasta la fecha no consta a este Consejo respuesta alguna del Ayuntamiento a la documentación solicitada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública constituye un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano reclamado sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG. A este respecto, no resulta inoportuno señalar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo -de acuerdo con el régimen sancionador de la LTPA- puede ser constitutiva de infracción, según recordó la propia entidad ahora reclamante en su escrito de solicitud. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado con fecha de 11 de enero de 2018. Sobre este particular conviene destacar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley” . Por su parte, el artículo 24.3 LTAIBG establece que “[l]a tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada al Ayuntamiento la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no ha sido remitida a este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Cuarto. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). En el escrito dirigido al Ayuntamiento que dio origen a la presente reclamación, la Asociación ahora reclamante solicitó que se le tuviera “por personada e interesada en el procedimiento”, así como que se le facilitase el “acceso al Expediente del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato para la gestión del agua con Aqualia”. Quinto. Según define el art. 2 a) LTPA se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo que hace a la primera petición de la entidad reclamante, a saber, que se tenga a la “Asociación por personada e interesada en el procedimiento”, no podemos sino declarar que resulta por completo ajena al transcrito concepto de información pública, a cuya tutela deben ceñirse las funciones de este Consejo. Pues, en efecto, con tal petición no se pretende acceder a contenidos o documentos que obren en poder del Ayuntamiento, sino que este Consejo se pronuncie sobre la condición de interesada en un determinado procedimiento, derivándose de dicho pronunciamiento su derecho a la obtención de copias y documentos existentes en el mismo. En suma, se solicita de este Consejo que ordene actuaciones sobre las que carece absolutamente de competencia (en esta línea, por ejemplo, las Resoluciones 23/2016 y 25/2016, de 24 de mayo, FJ 2º). Procede por consiguiente, desestimar la reclamación en este aspecto al exceder del ámbito objetivo de aplicación de la LTPA. Sexto. Por otro lado, el escrito de solicitud de la ahora reclamante incluye una segunda petición, a saber, acceder al “Expediente del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato para la gestión del agua con Aqualia”. En apoyo de esta pretensión, la entidad solicitante alega el derecho de acceso a los documentos que ostenta en su condición de parte interesada en el procedimiento [arts. 4 y 53.1 a) LPAC], la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como la LTAIBG y la LTPA. Pues bien, como adelantamos supra en el FJ 4º, la legislación reguladora de la transparencia [a cuyo examen debe circunscribirse este Consejo -Disposición adicional cuarta LTPA-] establece una regla general de acceso a la información, que sólo puede ser restringida o condicionada si la Administración requerida esgrime algún límite o motivo de inadmisión legalmente previsto. Por consiguiente, en la medida en que el Ayuntamiento no dio respuesta al escrito de solicitud ni aprovechó el trámite de alegaciones para justificar la retención de la información, este Consejo no puede sino declarar que debe facilitarse a la reclamante el acceso al “Expediente del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato para la gestión del agua con Aqualia” objeto de su pretensión, previa disociación de los datos de carácter personal que eventualmente puedan aparecer en el mismo (art. 15.4 LTAIBG). En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX, en representación de XXX, contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz). Segundo. Instar al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera a que, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, ofrezca a la entidad reclamante el acceso a la información referida en el Fundamento Jurídico Sexto, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.