Reclamación contra el Ayuntamiento de Jerez por denegación de información sobre la deuda municipal entre 2014 y 2017

RESOLUCIÓN 440/2018, de 14 de diciembre del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación presentada por XXX contra el Ayuntamiento de Jerez por denegación de información pública (Reclamación núm. 23/2018). ANTECEDENTES Primero. El 2 de enero de 2018 el ahora reclamante presentó una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Jerez, del siguiente tenor: “Información solicitada “Datos de la deuda municipal de los años 2.014 a 2.017 Incluidos, con el siguiente desglose y con el mayor detalle que sea posible en cada uno de los apartados; “.- Deuda financiera: “.- Publica. “.- Privada. “.- Con AAPP: “.- AEAT “.- Seguridad social. “.- Junta de Andalucía. “.- Diputación de Cádiz. “.- Consorcio de bomberos. “.- Consorcio de transportes. “.- Otros “.- Otros. “.- Acreedores: “.- Presupuesto vigente. “.- Presupuestos anteriores. “.-OPAS: “.- Presupuesto vigente. “.- Presupuestos anteriores. “Ademas de la deuda que se mantenga con la AEAT, Seguridad Social y Consorcio de bomberos se solicita: “AEAT; cantidad total que debería haber sido satisfecha mensualmente con desglose de los conceptos y cual es la cantidad que realmente ha sido destinada a pago del mes vigente y cual a pago deuda anterior. “Seguridad Social: cantidad total que debería haber sido satisfecha mensualmente con desglose de los conceptos y cual es la cantidad que realmente ha sido destinada a pago del mes vigente y cual a pago deuda anterior. “Consorcio de bomberos: Cantidad satisfecha mensualmente y plantilla por la cual se aporta.” Segundo. El 18 de enero de 2018, el Ayuntamiento resuelve lo siguiente: “ Una vez analizada la solicitud, se comprueba que: “a) En lo relativo a los ejercicios 2014 y 2015, la información solicitada se encuentra publicada en el Portal de la Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. “b) En lo relativo a los ejercicios 2016 y 2017, la información solicitada no está disponible por no haberse formulado aún las cuentas generales de dichos ejercicios. “c) La información disponible no tiene el nivel de desagregación solicitado, siendo necesario para su divulgación una acción previa de elaboración. En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c) de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a lo información pública relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. El criterio interpretativo nº de referencia Cl/007/2015 establecido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para esta causa de inadmisión considera que la misma se entenderá aplicable cuando "la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información. (...)". “En atención a todo lo expuesto, RESUELVO: “Primero.- CONCEDER el acceso a la información disponible en los términos establecidos en el artículo 22.3 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, indicándole que la información solicitada se encuentra publicada en el Portal de la Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, al que puede acceder en los siguientes enlaces: “http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Transparencia/6_-_INFORMACIÓN ECONOMICA_Y_PRESUPUESTARIA/cuentas_anuales/Cuentas_anuales_2014/01- 01.pdf “http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Transparencia/6_-_INFORMACIÓN ECONÓMICA_Y_PRESUPUESTARIA/cuentas_anuales/Cuentas_anuales_2015/01- 01.pdf “Segundo.- INADMITIR la solicitud de información en lo relativo al nivel de desagregación de la información solicitada por [reclamante]”. Tercero. El 22 de enero es notificada la resolución de fecha 18 de enero de 2018, antes citada. Consta en el expediente la acreditación de la notificación. Cuarto. El 23 de enero de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la resolución de 18 de enero de 2018, en la que el interesado alega: “Desacuerdo en los motivos alegados para inadmitir la solicitud de información solicitada. Si el Ayuntamiento no cumple con sus obligaciones de presentar la cuentas generales en tiempo no debe ser motivo para denegar el acceso a una información que sí deben tener”. Quinto. Con fecha 29 de enero de 2018 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Hecho que es comunicado a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano reclamado el día 30 de enero de 2018. Sexto. El 14 de febrero de 2018 se recibe, en este Consejo, escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de Jerez, en el que comunica las siguientes consideraciones: “2.- Con fecha 02/01/2018, a las 15:24 h., se da traslado del expediente #02/2018 de solicitud de acceso a la información pública municipal, con Registro de Salida de la Oficina General de Transparencia nº de registro 126/2018, al Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Planes Especiales, para su tramitación, en los términos establecidos en la normativa de transparencia. [...] “ 3.- Mediante correo electrónico de 04/01/2018 con Registro de Salida de la Oficina de Transparencia n° 373/2018, a las 11:06, se informa al Observatorio Ciudadano del inicio de expediente de solicitud de acceso a la información pública EXP. #02/2018 y se le comunica que su solicitud de acceso a la información sobre "información detallada y pormenorizada de la deuda municipal, entre los años 2014 y 2017" ha sido remitida al Área de Economía, Hacienda y Planes Especiales para su resolución. [...] “ 4.- Con fecha 04/01/2018, a las 12:27 h. el Observatorio Ciudadano confirma explícitamente la recepción de este correo con "O.K. RECIBIDO". [...] “ 5.- Con fecha 17/01/2018 el Jefe del Departamento Económico Financiero emite informe en el que, por un lado, facilita los enlaces en los que se publica en el Portal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez la información solicitada correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. “ Por otro lado, hace constar que en relación con "la información correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 no se encuentra disponible por no haberse formulado aún las cuentas generales de dichos ejercicios. La información disponible no está desagregada al nivel solicitado por el interesado. “Dicho nivel de desagregación no está elaborado y además no constituye un contenido o documento que deba ser elaborado en el ejercicio de las funciones de los sujetos considerados en la normativa de referencia, y para su divulgación sería necesaria una acción previa de elaboración. [...] “ 6.- Con fecha 18/01/2018 se dicta Resolución por el Tercer Teniente de Alcaldesa Delegado de Economía, Hacienda y Planes Especiales, en la que resuelve en base al informe técnico del Jefe de Departamento Económico Financiero. [...] “7.- Con fecha 18/01/2018 se notifica la Resolución del Tercer Teniente de Alcaldesa Delegado del Área de Economía, hacienda y Planes Especiales, referenciada en el punto anterior. [...] “8.- Con fecha 22/01/2018 es recepcionada la notificación de la Resolución del Tercer Teniente de Alcaldesa Delegado de Economía, Hacienda y Planes Especiales, por XXX [...] FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia no 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): "La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto) Tercero. Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de esta definición, resulta evidente que la información requerida por el ahora reclamante -la deuda de los años 2014 a 2017 mantenida por el Ayuntamiento de Jerez con determinadas entidades y organismos- constituye “información pública” a los efectos de la legislación de transparencia. Cuarto. Pues bien, por lo que hace a los datos relativos a los ejercicios 2016 y 2017, el Ayuntamiento acordó inadmitir la solicitud argumentando que la información no estaba disponible “por no haberse formulado aún las cuentas generales de dichos ejercicios”. Ante esta decisión, el interesado interpuso reclamación en la que puso de manifiesto su desacuerdo con los motivos alegados, indicando que “si el Ayuntamiento no cumple sus obligaciones de presentar las cuentas generales en tiempo no debe ser motivo además para denegar el acceso [...]”. Y en el expediente remitido a este Consejo consta escrito del Ayuntamiento en el que reitera que, respecto de tales ejercicios 2016 y 2017, la “información solicitada no está disponible por no haberse formulado aún las cuentas generales de dichos ejercicios”. Por lo tanto, habida cuenta de que sólo los documentos que “obren en poder” de la entidad interpelada constituyen información pública a los efectos de la legislación de transparencia [art. 2 a) LTPA], este Consejo no puede por menos que desestimar la reclamación respecto a la solicitud de la información de los repetidos años 2016 y 2017. Por lo demás, no podemos dejar de recordar nuestra consolidada línea doctrinal según la cual a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma (así, por ejemplo, Resoluciones 84/2016, FJ 2º; 101/2016, FJ 3º, 107/2016, FJ 3º y 115/2016, FJ 5º). Quinto. Respecto de los datos relativos a los años 2014 y 2015, el órgano reclamado resolvió “conceder el acceso” indicando al solicitante los correspondientes enlaces del Portal de Transparencia, pero inadmitió la solicitud “en lo relativo al nivel de desagregación de la información solicitada”. En relación con esta última decisión, argumentaba la Resolución lo siguiente: “La información disponible no está desagregada al nivel solicitado por el interesado. Dicho nivel de desagregación no está elaborado y además no constituye un contenido o documento que deba ser elaborado en el ejercicio de las funciones de los sujetos considerados en la normativa de referencia, y para su divulgación sería necesaria una acción previa de elaboración. En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c) de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública relativas a información para cuyo divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. El criterio interpretativo n° de referencia Cl/007/2015 establecido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para esta causa de inadmisión considera que la misma se entenderá aplicable cuando "la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información (...)". Como es sabido, el citado artículo 18.1.c) LTAIBG establece que “[s]e inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Pues bien, al enjuiciar la pertinencia de aplicar esta causa de inadmisión al caso concreto que nos ocupa, conviene tener presente el razonamiento expresado por el Tribunal Supremo en la arriba citada Sentencia n.º 1547/2017: “Cualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración") debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013.” (Fundamento de Derecho Cuarto). Y así, como tuvimos ocasión de sistematizar en la Resolución 64/2016, de 20 de julio, al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho precepto, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: «1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. “2º) La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario. “3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. “4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”(FJ 3º).» No obstante -continuaba acto seguido este mismo fundamento jurídico-, además de las pautas derivadas del referido Criterio Interpretativo, ha de tomarse necesariamente en consideración lo que dispone respecto de esta causa de inadmisión la propia LTPA, a saber, que “no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente” [art. 30.c)]. Pues bien, a la luz de estas líneas directrices, este Consejo no puede compartir la apreciación de la entidad municipal sobre la aplicabilidad del art. 18.1 c) LTAIBG al presente supuesto, toda vez que, según el citado Criterio Interpretativo 7/2015, la noción de “reelaboración” no supone “la mera agregación o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos”, ni tampoco equivale a información “cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”. Por consiguiente, al no haber sido acreditada suficientemente la imposibilidad de obtener “mediante un tratamiento informatizado de uso corriente” la información desagregada, el órgano reclamado deberá facilitar la información sobre los años 2014 y 2015, con el nivel de desagregación referido según el tipo de deuda financiera; tipo de Administración pública; con otros entes; acreedores; así como para la deuda con AEAT, Seguridad Social y Consorcio de bomberos: las cantidades satisfechas mensualmente, indicando la cantidad que corresponde al mes vigente y cual al pago de la deuda anterior. Y respecto al consorcio de bomberos, “la cantidad satisfecha mensualmente y plantilla por la cual se aporta”, con anonimización de los datos de carácter personal que pudiera contener la información. Y en el supuesto de que no exista alguno de los datos solicitados por el interesado, debe indicarse expresamente al solicitante dicha circunstancia. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX contra el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) por denegación de información pública. Segundo. Instar al citado Ayuntamiento a que, en el plazo de treinta días, ponga a disposición del reclamante la información a la que se refiere el Fundamento Jurídico Quinto, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.